Política

Contralora lamenta idea del Gobierno de gastar ahorro de ¢51.000 millones en vez de reducir déficit

Marta Acosta les advirtió a diputadas del PAC que el gasto social es incierto por “no tomar decisiones antes” y que “va a llegar un momento en que, como país, vamos a tener que empezar a escoger qué se financia y qué no se financia”

La contralora general de la República (CGR), Marta Acosta, cuestionó el plan del Gobierno de gastar ¢51.000 millones, provenientes de un ahorro en el pago de intereses de la deuda pública, en vez de utilizarlos para reducir el déficit fiscal.

Acosta recomendó a los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios destinar esos recursos a mitigar el “gran” desequilibrio fiscal que, advirtió, podría ser mayor en el futuro si no se toman ahora decisiones de recorte al gasto público.

“La recomendación es no financiar gasto corriente con ese ahorro de intereses porque ya estamos en una situación (fiscal) muy compleja, pero la situación que se nos viene es peor aún si no empezamos a tomar medidas ya. Llevamos muchos años diciendo esto, pero ahora son momentos apremiantes", dijo la contralora.

Estos ¢51.000 millones constituyen la mayor parte de un paquete de ¢93.000 millones contenido en el tercer presupuesto extraordinario del 2020, propuesto por el Gobierno.

El 88,5% del dinero proveniente del ahorro en los intereses se destinaría a gasto corriente, entre transferencias para gasto social y remuneraciones, y un 11,5% a obras viales.

La contralora sostuvo que ese presupuesto, que además incorpora ¢31.186 millones del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para amortizar la deuda del Gobierno con la CCSS y ¢1.040 millones del impuesto a los combustibles para bonos Proteger, aumentaría el déficit presupuestario al 11,7% del producto interno bruto (PIB), lo que equivale a casi ¢4,2 billones.

Ante ese panorama, recordó a los diputados que la sostenibilidad fiscal debe ser una prioridad de todos, por lo que insistió en que el ahorro en intereses debe de contribuir, principalmente, a reducir el déficit primario (diferencia entre ingresos y gastos si incluir los intereses) que, para agosto de este año, era de ¢870.207 millones, el 2,52% del PIB.

“Pensando en la difícil situación que tenemos debemos ser como las hormiguitas y decir que, si tenemos ese ahorro, dónde lo voy a invertir y dónde mejor me queda pensando en todo lo que se nos viene", afirmó.

Acosta habló en esos términos luego de que las legisladoras liberacionistas, Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández, criticaran la solicitud de Hacienda de dirigir esos ahorros al gasto corriente en plena crisis económica.

A los señalamientos se sumaron el fabricista Jonathan Prendas, la socialcristiana María Inés Solís y el republicano Otto Roberto Vargas.

Parte del gasto en ese presupuesto va dirigido al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a una reserva para la vacuna contra la covid-19 y compensaciones por vacaciones a funcionarios públicos.

Hernández y Delgado aclararon que, más allá de señalar si financiar esos programas son o no prioritarios, la discusión es cómo se pueden dirigir esos recursos a otras necesidades urgentes para poder terminar el año sin un impacto mayor en las finanzas publicas.

Gasto social es incierto por “no tomar decisiones antes”

Durante el debate, la contralora les recordó a las diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido y Nielsen Pérez, la urgencia de implementar reformas estructurales, incluida la revisión de normas o leyes que aumentaron el gasto.

Citó que algunas de esas normas crearon destinos específico sin definir una fuente de financiamiento y sin ponerles un plazo.

“Fueron para toda la vida y nadie evalúa si están dando los resultados que la sociedad requiere, si podemos quitarle un poco ahorita para darle a otro. Eso no se ha hecho. Hemos venido insistiendo que se tiene que hacer (las reformas), pero son temas duros y no son tan sencillos de realizar”, añadió.

Pero la contralora también recordó que la reforma fiscal del 2018, en el capítulo de responsabilidad fiscal, otorga la potestad a Hacienda de disminuir esas transferencias a diferentes instituciones publicas, con el fin de desacelerar el crecimiento de la deuda, una vez que esta supere el 50% del PIB nominal.

En intervenciones diferentes, las oficialistas Guido y Pérez defendieron la necesidad de realizar el gasto social en el tercer presupuesto extraordinario, a pesar de que dijeron estar conscientes del problema de las finanzas publicas.

Guido le preguntó a la contralora cómo se puede atender necesidades urgentes como la reposición de recursos al Fondo Nacional de Emergencias que administra la CNE, el cual destinó dinero para compras de vacunas contra la covid-19.

También le consultó cómo cumplir, en medio de esta crisis fiscal y la definición de prioridades, con el financiamiento de ciertos gastos definidos por ley.

“Seguimos dando una discusión de modificación de lo presupuestable solo desde el presupuesto, sin dar una discusión de cómo se forjaron esas obligaciones estatales, cómo fuimos comprometiendo esos recursos, cómo revertimos esa dinámica, cómo la detenemos".

“Terminamos haciendo un ejercicio muy mediocre desde la comisión a pesar de lo estudiosos que son nuestros compañeros y compañeras diputadas”, señaló Guido.

Horas antes, visiblemente molesta, Guido explicó que los 51.000 millones “fueron sacados” de los tenedores de deuda pública para dedicarlos a satisfacer las necesidades de la gente y del Gobierno.

“Así que yo no voy a aceptar ese discurso vacío de que aquí no se generó ahorro alguno”, reprochó a sus colegas de Hacendarios, al tiempo que aseveró que prefería abrir una discusión sobre la justificación de financiar gasto social y obra pública, que haber aceptado mantener esos dineros colocados en deuda.

Pérez también consultó cómo cumplir con el Estado social de derecho, atender necesidades escolares y a personas vulnerables recluidas en sus casas por la pandemia, que no tienen ingresos, así como la asistencia económica a familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Pero, además, preguntó cómo se puede balancear la estabilidad fiscal en medio de la actual crisis. “Me preocupa la inestabilidad social”, expresó Pérez.

La contralora respondió a cada una de ellas en términos similares, siempre haciendo énfasis en que hoy se sufren consecuencias por no haberse tomado decisiones antes, en cuanto a las reformas estructurales, dado que estabilizar las finanzas no se logra solo a través de un recorte presupuestario, aunque este sea importante.

“Aquí va a llegar un momento en que, como país, vamos a tener que empezar a escoger qué se financia y qué no se financia. Esa es una decisión lamentable que nadie quiere. Uno siempre tiene sensibilidad hacia los temas sociales, pero puede llegar un momento y, lo vamos a ver con el presupuesto ordinario 2021, donde todo lo demás presiona. El pago de intereses presiona, presiona y presiona y los gastos sociales empiezan a ceder. Eso es muy peligroso”.

"Desde ahora hay que saber que se tiene que priorizar, no alcanza para todos, a menos que usted decida que nos sigamos endeudando en esa carrera en la que vemos que es totalmente insostenible, es una cosa increíble. Todo esto es una consecuencia de no tomar decisiones a antes.

“Es un tema muy complejo. Por eso, nosotros estamos diciendo que la sostenibilidad de las transferencia sociales es incierta, en la situación que estamos. Si usted me dice que el Gobierno ya raspó la olla, habría que revisar si realmente ya raspó la olla”, subrayó la contralora.

La respuestas las dio la contralora tanto en la discusión del tercer presupuesto extraordinario 2020 como en el plan de gasto ordinario 2021.

Al exponer sobre el presupuesto ordinario 2021, recordó que este año la deuda publica alcanzaría el 70% del PIB, unos ¢24,2 billones; mientras que el próximo año el saldo sería del 80,5% del PIB, unos ¢28,8 billones, si no se toman decisiones.

Solo el servicio de la deuda (pago de amortizaciones e intereses), esta absorberá el 42,5% del presupuesto nacional del año entrante de ¢11,4 billones, el cual se financia en con un 45% de ingresos corrientes y un 55% de deuda.

Al mismo tiempo, cuestionó las iniciativas que proponen exonerar del pago del IVA y del impuesto a la propiedad de los vehículos en el marchamo.

“Yo creo que todos nos gusta que nos digan vamos a pagar mitad de marchamo, creo que muchas personas los necesitan y serán alivio. Todo es como una cadena de cosa, estamos metidos en un círculo, si deja de percibir esos ingresos cómo lo va a rellenar”, finalizó.

Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.

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