Los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios redujeron el efecto del proyecto Pagar al grado de que apenas le hará un rasguño a la deuda pública de ¢24,4 billones (millones de millones) que Costa Rica tendrá al final del 2020.
La iniciativa de ley, que consiste en tomar superávits de instituciones públicas para amortizar la deuda, se encogió a una tercera parte de lo solicitado por el Gobierno antes de la pandemia, en febrero.
En un principio, el plan pretendía destinar ¢227.000 millones provenientes de 12 instituciones, lo que se acercaba a un 1% del producto interno bruto (PIB); equivalía a un 0,92% para ser exactos.
Se trataba de casi un 1% frente a una deuda que este año terminaría en un 71% del PIB, de acuerdo con estimaciones de la Contraloría General de la República (PGR).
Ahora, con los cambios hechos por los diputados, en parte por causa de la pandemia, el proyecto solo recaudaría ¢85.550 millones de seis instituciones. La cifra representa apenas un 0,3% del tamaño de la deuda pública.
Aportarán los recursos la Junta de Protección Social (JPS), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), la Junta Administrativa de la Imprenta Naciona, la Junta Administrativa del Registro Nacional, el Fondo del Consejo de Salud Ocupacional y la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud.
Quedaron excluidas el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
La disminución obedece, según la legisladora liberacionista Ana Lucía Delgado, a que, con la entrada de la pandemia, una parte de las instituciones argumentaron que debían usar su superávit para financiarse ante la caída de sus ingresos por la emergencia.
“Las instituciones enviaron sus criterios técnicos sobre sus necesidades apremiantes e igualmente lo expuso la Contraloría. La decisión se tomó contra la presentación de respaldos para darle sustento y legalidad”, expuso la verdiblanca.
Un informe de laCGR advirtió, en el mes de abril, de que la caída en los ingresos de algunas entidades podría obligarlas a usar sus superávits para financiarse durante los siguientes meses.
Ante esa realidad, según la legisladora, se excluyeron cinco entidades, una deberá aportar dinero de una liquidación de un proyecto y las seis mencionadas harán sus aportes.
Además, a la JPS y al Fondo del Consejo de Salud Ocupacional se les redujo el aporte.
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La nueva distribución del giro de los superávits quedaría de la siguiente forma:
- Junta de Protección Social (JPS): ¢15.000 millones en vez de ¢34.000 millones solicitados por el Gobierno
- INDER: ¢17.000 millones
- Junta Administrativa de la Imprenta Nacional: ¢18.598 millones
- Junta Administrativa del Registro Nacional: ¢24.000 millones
-Fondo del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo: ¢10.000 millones en vez de ¢18.000 millones
-Oficina de Cooperación Internacional de la Salud ¢956 millones
En el caso del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que debía aportar ¢25.800 millones al plan, sus ingresos se desplomaron debido debido a la caída de la actividad turística.
Sobre Sutel y Fonatel, los diputados acogieron el argumentos de estas instituciones de que sus superávits, a diciembre del 2019, no estaban libres, sino que debían cumplir con sus obligaciones de ley.
A Sutel el Gobierno le había pedido ¢5.669 millones y a Fonatel ¢40.000 millones.
Los diputados incluyeron en la nueva redacción un transitorio que obliga a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a trasladar a Hacienda los recursos de la liquidación de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco).
Ese dinero también se usaría para el servicio de la deuda, pero los legisladores no incluyeron un monto.
El Poder Ejecutivo pretendía usar ¢9.500 millones de esa liquidación, pero la Contraloría advirtió de que esta no se había concretado.
Esa sociedad, constituida en 2009 entre Costa Rica y China para construir una refinadora en Limón, terminó en un fiasco. Costa Rica perdió $32 millones de los $50 millones invertidos y recuperará solo $18 millones.
El texto sustitutivo se dictaminó luego de que los diputados acogieran las recomendaciones de un informe de subcomisión integrada por Delgado; Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Otto Roberto Vargas, legislador del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
Delgado explicó que el informe recoge, a su vez, opiniones del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, de la CGR y de las propias entidades autónomas. Los resultados de ese documento de subcomisión se tradujeron en la nueva redacción.
Respaldaron el dictamen Delgado, Silvia Herández y Gustavo Viales, congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN); Pérez y Laura Guido, del PAC; María Inés Solís y Oscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristianas (PUSC); Carlos Avendaño del Partido Restauración Nacional (PRN); y el diputado Vargas.
Viales dijo que lo aprobado sirve de mucho en medio de la situación apremiante que atraviesa el país con la reducción de sus finanzas, pero son recursos muy inferiores a lo planteado desde febrero.
“Pero esto podríamos interpretarlo, también, como una falta de criterio, de cuidado y negociación del Poder Ejecutivo. Envía un proyecto de ley sin ni siquiera conversarlo a lo interno”, añadió.
Hernández, presidenta de la comisión, añadió que los ¢85.554 millones representa muy poco para la reducción de la deuda, pero llamó al Gobierno a mejorar el uso de los recursos, reducir el déficit primario y cumplir otras promesas como la revisión de exoneraciones fiscales.
“Este proyecto ni incluyó a todas las instituciones con superávits ni todo el superávits de las instituciones contenidas en el expediente”, señaló.
Hernández también señaló que, llegada la pandemia, el Gobierno pretendió cambiar el destino de los recursos, al proponer destinarlos al bono Proteger para subsidios a trabajadores afectados económicamente por el virus.