Corrales, en una conferencia de prensa a las 2:30 p. m., en San José, no aclaró qué tipo de narcotraficantes se infiltraron en las manifestaciones y se limitó a decir que en un movimiento de “trabajadores”, se involucraron vándalos.

A las 7 p. m., el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, confirmó lo dicho por el dirigente de los bloqueos y especificó qué tipo de delincuentes son los detectados.

“Hemos visto la participación directa de grupos criminales locales, grupos de crimen organizado y distribución de droga local, involucrados en estas manifestaciones, con presencia de armas blancas, con presencia de armas de fuego, arremetiendo y disparando contra nuestras delegaciones.

"No tengo información que me permita aseverar que los cabecillas nacionales del movimiento hayan girado órdenes o instrucciones respecto a estos acontecimientos, ni tampoco lo creo.

“Lo cierto del caso es que me parece que estas personas (dirigentes), en este momento, no tienen el control de la situación”, agregó el ministro.

¿No siente que el control del movimiento ya se les fue de las manos?, le preguntó a Corrales la periodista de Telenoticias, Yessenia Alvarado. La respuesta fue: “Ay, ojalá que no, porque eso sería sumamente grave”.

Previamente, afirmó que el conflicto debe “resolverse lo antes posible. ¿Por qué? Porque si el movimiento se nos va de las manos, es un caos horroroso el que se produce”.

De seguido, el abogado, exdiputado y excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, de 82 años, se quitó cualquier responsabilidad en caso de que las protestas produzcan la muerte de alguna persona.

“El señor presidente de la República no quiere hablar, es el causante de toda la crisis que en estos momentos está viviendo el país. Le dijimos con gran dolor: señor presidente y señor ministro de Seguridad, si hay muertes ustedes son los responsables al negarse totalmente a una cosa inofensiva (el diálogo)”, declaró Corrales en la conferencia de prensa.

En una escueta frase, se disculpó con los ciudadanos que han quedado atrapados por horas en los cierres de vías.

“La única medida que nos quedaba era la interrupción del libre tránsito, que no nos gusta y que damos disculpas a las personas que han tenido problemas, pero diay, desgraciadamente hay que correr riesgos”.

A su lado, otro líder de Rescate Nacional, el también exdiputado Célimo Guido Cruz, de 68 años, declaró que, según él, la fuerza con que actúan los policías contra los bloqueadores de carreteras evidencian injerencia externa.

“Hay que investigar aquí lo que está pasando, la forma violenta como está actuando la Fuerza Pública no es algo de la idiosincrasia tica. A nosotros nos parece que aquí pueden haber militares de otros países”, aseveró Guido.

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Sin embargo, Guido Cruz omitió mencionar que quienes bloquean carreteras son señalados por quemar camiones de carga, vagonetas de la empresa constructora CHEC que realiza ampliaciones de la carretera a Limón y también de cobrar de ¢1.000 hasta ¢30.000 por dejar pasar a los conductores atrapadados en las largas filas.

Tampoco mencionó que los manifestantes se enfrentaron con palos y piedras con los policías y hasta han disparado durante las intervenciones de los antimotines. Uno de los protestantes también intentó arrollar a un grupo de policías con un backhoe, en Guácimo de Limón.

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‘Líderes’ de bloqueo no le hacen caso

Corrales reconoció a La Nación que los “líderes” de los bloqueos hacen caso omiso a sus indicaciones.

“Hemos agotado todos los medios para decirle a los líderes de las protestas que no detengan a las personas que no tienen nada que ver con esto, ¿quiénes son esos? La Cruz Roja, las ambulancias privadas, buses, el transporte de alimentos… y nada de violencia, pero diay… No podemos hacer más”, aseveró.

Para empezar a negociar el levantamiento de los bloqueos, Guido y Corrales enviaron al mandatario Carlos Alvarado, en manos del arzobispo de San José, un pliego de 15 condiciones para sentarse a negociar el levantamiento de los bloqueos.

Entre ellas que se descarte el apoyo financiero del FMI durante esta Administración –porque puede que se necesite más adelante, dijo Corrales–, no vender activos estatales e instaurar una mesa de diálogo bilateral, en la que solo participarían los miembros de su movimiento y el Gobierno, ningún otro sector.

Su exigencia es que el diálogo comience este miércoels 7 de octubre, a las 10 a. m., en un sitio neutral y con el presidente Alvarado como contraparte. La noche de este martes, la Casa Presidencial aún no había respondido a esa demanda.

Pero, durante la conferencia de prensa, Corrales agregó otro requisito: que, además del gobernante, del presidente del Congreso, un eventual acuerdo final también lo firmen los diputados jefes de fracción de los partidos representados en la Asamblea Legislativa.

“Si Dios primero se da la conversación, el documento final, que es el acuerdo, le pedimos por favor que sea firmado por las partes. Fieles representantes del cumplimiento, el señor arzobispo. Fieles representantes del cumplimiento, el señor presidente de la Asamblea Legislativa. Y tiene que estar firmado por los señores diputados, por lo menos los jefes de fracción, porque, nosotros, que estuvimos ahí, sabemos que podemos hacer una serie de trinquetes para fallar y hacer fracasar un acuerdo”.

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Mientras tanto, el político renuncia a poner fin al movimiento y acoger el llamado del Gobierno a dialogar por las vías institucionales.

Si lo hace, según dijo, sería muy difícil volver a convocar a los manifestantes para una próxima ocasión.

"En cualquier momento en que el señor presidente quiera decir ‘quiero negociar’, con claridad, este movimiento va a presentarse.

“Pero también tiene que quedar claro que, mientras no dé muestra de claridad, los choques en la calle seguirán, los topetes en la calle seguirán con la gravedad. Y exclusivamente lo responsabilizo a él que a nosotros se nos va a ir de las manos el movimiento, y si se nos va de las manos esto es una tragedia, lo entendemos plenamente”, dijo Corrales.

El pasado de Corrales y Guido

José Miguel Corrales, abogado y político de 82 años fue candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional (PLN) en 1998.

También fue diputado por esa misma agrupación política en tres ocasiones, la última en el periodo 2002-2006. No obstante renunció un año antes a la estructura verdiblanca.

Con su proclama “anti neoliberalismo” volvió intentar llegar a la Presidencia en las elecciones nacionales de 2014. Esta vez por el Partido Patria Nueva.

Tras varios años fuera del escarmiento público, Corrales reapareció para oponerse a la negociación con el FMI, la venta de activos estatales y el recorte del gasto público con su ahora compañero Célimo Guido.

A principios de marzo también impulsó, junto con un grupo autodenominado “Pro Revocatoria del Mandato”, para impulsar una propuesta en ese sentido, para que se permita destituir a un presidente de la República vía referendo.

“Se ha manifestado en diversos espacios que estamos planteando un golpe de Estado. Nada más lejos de la realidad, lo que buscamos es la paz social”, afirmó Corrales en declaraciones al Semanario Universidad.

Guido, por su parte, es un político ligado al sector agrario que fue diputado, pero por el Partido Fuerza Democrática en el periodo 1998-2002.

Las protestas no le son nuevas al puntarenense, pues fue parte del movimiento contra la empresa Riteve en 2002, cuando también se ocasionaron destrozos y episodios violentos.

En aquel momento, incluso, las autoridades lo condenaron a un año de prisión por la obstrucción de vías. Sin embargo el tribunal de San Ramón le concedió libertad condicional de pena, al no tener antecedentes.

Colaboró Esteban Oviedo