Josué Bravo. 9 octubre
Ocho diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente el tercer presupuesto extraordinario 2020. Foto cortesía del despacho de la diputada Silvia Hernández
Ocho diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente el tercer presupuesto extraordinario 2020. Foto cortesía del despacho de la diputada Silvia Hernández

Por unanimidad, ocho diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios frenaron las intenciones del Gobierno de sumar al gasto público, en su mayoría al gasto corriente, un monto de ¢51.000 millones proveniente de un ahorro en el pago de intereses de la deuda.

El Poder Ejecutivo propuso gastar esos recursos en el tercer presupuesto extraordinario del 2020, principalmente en transferencias a diversas instituciones, así como en remuneraciones.

Este jueves, los diputados de Hacendarios recortaron cerca de ¢44.000 millones que el Gobierno pretendía gastar y ordenaron utilizarlos para reducir la deuda pública.

Así dictaminaron el tercer presupuesto extraordinario luego de que la Contraloría General de la República (CGR) objetara destinar ese dinero al gasto, en vez de utilizarlos para disminuir el déficit fiscal.

“La recomendación es no financiar gasto corriente con ese ahorro de intereses porque ya estamos en una situación (fiscal) muy compleja, pero la situación que se nos viene es peor aún si no empezamos a tomar medidas ya. Llevamos muchos años diciendo esto, pero ahora son momentos apremiantes”, dijo la contralora este jueves durante una comparecencia en esa comisión.

De los ¢51.000 millones, los legisladores solo autorizaron restituir a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ¢7.200 millones que había destinado como anticipo para la compra de vacunas contra la covid-19.

Los ¢51.000 millones provenían de un ahorro de ¢40.000 millones por la colocación de ¢1,8 billones (millones de millones) de bonos de deuda interna a un interés menor al proyectado, (6,6% en vez de 9,9%), así como otros ¢11.000 millones por la colocación de eurobonos en el mercado externo, también con menores tasas.

Con el ajuste acordado en comisión, se generaría un ahorro, pero el Gobierno deberá enviar a la corriente legislativa un nuevo presupuesto extraordinario en lo que resta del año para hacerlo efectivo.

El resto del presupuesto planteado por el Ministerio de Hacienda queda igual y se destina al gasto corriente de la siguiente forma:

-¢31.186 millones, provenientes de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), para amortizar la deuda del Gobierno con la CCSS.

-¢1.040 millones, provenientes del diferencial en el precio de los combustibles, sería para financiar bonos Proteger

-¢9.691 millones para transferencias de gasto corriente.

De este último monto, una mayor parte iría a juntas de educación y otro porcentaje al pago de subsidios por incapacidad en el Ministerio de Educación Pública (MEP), entre otros gastos corrientes.

El recorte provino de una moción de fondo presentada por el Partido Liberación Nacional (PLN), pero gozó del apoyo de otras bancadas representadas en esa comisión. El ajuste fue aprobado con seis votos a favor y dos en contra, los dos del PAC.

La socialcristiana María Inés Solís había presentado una moción para que todos los ¢51.000 millones se destinaran al servicio de la deuda, pero debió retirarla, ante la advertencia del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, de que se podría incurrir en inconexidad, dado que el proyecto enviado por Hacienda no valoraba esa posibilidad.

El dictamen final fue aprobado por ocho diputados: Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, del PLN; Solís, de la Unidad Social Cristiana; Giovanni Gómez, de Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y el fabricista Harllan Hoepelman.

También los apoyaron las legisladoras Laura Guido y Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), pese a que objetaron el recorte que pretendía financiar gasto social, remuneraciones y dejaba en segundo plano las obras viales. Ahora el texto pasará al plenario para ser revisado.

Los diputados también avalaron una moción de Solís, la cual deja claro que los ¢31.186 millones del crédito del FMI serán para el abono de la deuda del Gobierno a la CCSS.

La socialcristiana explicó que la redacción del Gobierno dejaba dudas de si esa transferencia podría usarse para el pago del seguro de salud a poblaciones vulnerables que el Estado debe cubrir.

Los diputados de Hacendarios también flexibilizaron parcialmente una norma del presupuesto ordinario 2020.

Esto le permitirá al Gobierno contratar personal en plazas vacantes en la Dirección General de Migración y Extranjería y las diferentes policías, pero a la vez los congresistas rebajaron del presupuesto otras que no se usaron en el primer semestre del 2020.

Hacienda había solicitado extender la flexibilidad en algunos ministerios, jefaturas y personal de confianza, pero la comisión legislativa lo rechazó.

Por último, Hacendarios avaló una coletilla que reitera los controles sobre el bono Proteger, en el sentido de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) deberá enviar informes quincenales a la CGR sobre el manejo de los fondos de ese programa de subsidios.

Durante la sesión, el debate se centró en la intención del Gobierno de usar los réditos por la gestión de deuda al gasto corriente.

Los diputados del PLN y el fabricista Hopelman reiteraron sus cuestionamientos sobre el interés de controlar el gasto debido a la crisis fiscal.

Gustavo Viales, del PLN, recordó que, de aprobar créditos internacionales para apoyo presupuestario, es para abaratar la deuda y que los beneficios deben servir para descontarlos de la deuda pública.

Ana Lucía Delgado enfatizó la necesidad de revisar siempre los proyectos propuestos por el Gobierno, con el fin de detectar inconsistencias.

Su compañera Silvia Hernández recordó que la coyuntura fiscal es tan difícil que, para el próximo año, la brecha entre ingresos y gastos corrientes se proyecta en ¢3 billones.

Los presupuestos que Hacienda envía a la comisión son tan confusos que a veces no se sabe si son para pagar, prepagar o pospagar algún rubro, aseveró Hoepelman.

Guido y Pérez lamentaron que con el ajuste se imposibilite girar recursos a las instituciones para gasto social y ¢7.000 millones al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que estaban previstos para carreteas.

La primera sí reconoció la necesidad de que el Poder Ejecutivo envíe un nuevo presupuesto extraordinario, en lo que resta del año, donde se propongan ajustes al gasto público.

También reiteró en que se debe discutir cuál debe ser el uso de los beneficios provenientes del “buen” manejo de la deuda.

Pérez, además, insistió en la importancia de lograr un balance entre el equilibrio fiscal y el gasto social.