El 5 de setiembre del 2019, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuerpo exhumado de una tumba sin nombre, en el cementerio de Quepos, correspondía al estadounidense William Sean Creighton Kapko, dueño de la casa de apuestas en línea 5Dimes.
Las pesquisas para confirmar el destino final del empresario, de 43 años, tardaron un año. Creighton fue secuestrado por una banda que pretendía cobrar $5 millones en criptomonedas a cambio de su liberación.
La familia solo pudo pagar $950.800 (13,3 bitcoins al tipo de cambio actual), así que sus captores lo asesinaron e intentaron ocultar el cadáver.
Casi siete años después, la popularidad de las criptomonedas sigue en ascenso en todo el planeta, bajo la premisa de que se pueden ejecutar transacciones sin necesidad de un banco formal.
Costa Rica no se aparta del fenómeno, pero la ausencia de controles las vuelve un modelo exitoso para secuestradores, narcotraficantes y otros delincuentes del crimen organizado.
El bitcóin y otras criptomonedas son monedas digitales en las cuales se usa criptografía para asegurar las transacciones y la titularidad de quienes participan de los intercambios. No existen físicamente, en Costa Rica no están reguladas y no las controla ninguna institución, por lo cual tampoco requieren de intermediarios; solo usuarios directos.
En vez de autoridades monetarias convencionales, ellos usan una base de datos descentralizada llamada blockchain.
Este sistema captó la atención de muchas personas atraídas por la independencia del sistema financiero tradicional, pero también a quienes buscan aprovecharlo para que sus crímenes no se persigan, como los narcotraficantes.
Sin embargo, contrario a la creencia común, las transacciones de criptomonedas no son anónimas, y de ser necesario pueden ser identificadas por las autoridades si existe el marco regulatorio correcto.
Por ahora, el país carece de tales regulaciones, lo que lo coloca en riesgo de caer en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero, y el cual evaluará en noviembre a Costa Rica.
El asunto toma mayor relevancia al reconocer el Ministerio Público que grupos narcotraficantes se han acostumbrado en los últimos años a utilizar criptomonedas para sus negocios.
Esto ha obligado a las autoridades a reforzar sus capacidades informáticas, pues el crimen organizado ha evolucionado a niveles frenéticos desde el 2012, cuando por primera vez la Fiscalía debió lidiar con criptomonedas en una investigación. En aquel momento, unos secuestradores solicitaron el pago en bitcóin a cambio de liberar a su víctima, pero el caso nunca se llevó a juicio.
A nivel nacional, solo el 2% de la población posee cripto y lo utiliza como inversión o medio de pago, según el estudio Adopción de las criptomonedas en Costa Rica, publicado en noviembre pasado por el Banco Central. No obstante, entre los narcotraficantes “es muy común el uso de criptomonedas”, aseguró a La Nación el fiscal especializado en crimen organizado, Christian Quirós.
“Hemos detectado que las organizaciones criminales están convirtiendo las ganancias producto de la actividad del narcotráfico en criptomonedas. Así evitan que ese criptoactivo sea fácil de rastrear por parte de las autoridades. También se han detectado en temas de adquisición de pornografía infantil”, explicó Quirós.
Las transacciones con cripto pueden ir desde el pago de droga hasta otro tipo de servicios relacionados con la actividad criminal. El fiscal indicó que “no se descarta” que también le paguen a sicarios por esta vía, pero esto aún no se ha confirmado en el país.
“A partir de la creación de la criptomoneda, ya las organizaciones criminales no requieren ni andar efectivo ni pagar en efectivo, y obviamente, ni utilizar los sistemas bancarios”, agregó.
Al poder realizar transacciones internacionales con mayor facilidad, se refuerzan los vínculos de bandas costarricenses con carteles mexicanos o colombianos, sin el riesgo de que les decomisen millones en efectivo en caso de que los cargamentos sean descubiertos por la Policía.
Algunos casos en los últimos años revelan las cantidades de dinero que el crimen organizado maneja en cripto. El 4 de noviembre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó el mayor operativo de su historia para desarticular el cartel del Caribe Sur, en lo que fue denominado el Caso Traición.
Quirós destacó que en ese caso, uno de los involucrados poseía una billetera de criptomoneda con poco más de 1 millón de tether (USDT), equivalente a casi el mismo monto en dólares, o sea, más de ¢470 millones al tipo de cambio actual.
Otro caso sonado fue el de Madre Patria, una compleja estructura de legitimación de capitales desmantelada en junio del 2024.
En mayo del 2021, un ingeniero electrónico costarricense de apellidos Barrientos Campos, ligado a esta estructura, movilizó en dos días el equivalente a 11,8 millones de euros en bitcóines en un punto de intercambio en España conocido como Bit2me. El movimiento, cercano a los ¢6.470 millones, se tradujo en un reporte de operaciones sospechosas por posible lavado de dinero por parte de las autoridades españolas.
En mayo del 2022, el Tribunal Penal de Goicoechea dictó 515 años de prisión para los nueve integrantes de la banda que secuestró y asesinó a Creighton.
Un hombre de apellidos Morales Vega, líder de la banda criminal e ingeniero informático, había escapado del país por tierra hasta Panamá; luego estuvo en El Salvador y de ahí se trasladó hacia Cuba. Fue detenido en enero del 2019 en Alicante, España, donde vivía con su madre y su compañera sentimental.
Al momento de su captura, se les incautaron al menos €4.000 en efectivo, tarjetas utilizadas para transacciones de moneda virtual, un libro de contabilidad y dispositivos electrónicos.
En aquella época, un agente involucrado en el caso confirmó que el pago en dinero virtual le dio acceso a una billetera: “Se rastreó el IP (identificador único del equipo) y se precisó la ubicación de esta”. Así localizaron al cabecilla en territorio español.
Diego Ramilo, capitán de la Sección de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de España, detalló que el OIJ les envió una solicitud para estudiar la trazabilidad de los bitcóines recibidos por los secuestradores.
Los investigadores encontraron dos monederos virtuales, donde la organización intentó ocultar el dinero. Además detectaron cómo las criptomonedas fueron reintroducidas en el circuito financiero, así como direcciones IP de San José vinculadas a las transacciones, según detalló el oficial en el podcast del Ministerio Público, Radiografía del Crimen, del 12 de junio del 2024.
Intentos por cambiar la ley
Esa capacidad de acción demostrada por las autoridades españolas es precisamente lo que se pretende emular en Costa Rica.
“La debilidad que tiene nuestro país está más relacionada con una falta de regulación, lo que no solo genera un desincentivo para que se generen inversiones en esta materia, porque no todo es delictivo, sino que se encuentran debilidades a la hora de investigar, al no ser una materia debidamente regulada”, explicó el abogado especialista en derecho informático, Adalid Medrano.
El experto señaló que los delincuentes usan las criptomonedas pensando que tienen privacidad absoluta, pero en realidad sus billeteras se exponen cuando utilizan entidades financieras formales. El problema es que “no tenemos adónde tocar la puerta”, afirmó, pues las casas de cambio no tienen comunicación formal con las autoridades nacionales.
Para Medrano, es primordial cambiar la mentalidad de que los criptoactivos están vinculados con el crimen, cuando en realidad son una nueva forma de hacer transacciones.
El gobierno de Carlos Alvarado presentó un primer intento en la Asamblea Legislativa, con el expediente 22.837, con el fin de que los servicios de cripto, conocidos como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), se sometan a las mismas regulaciones de las otras entidades financieras. Sin embargo, el proyecto no prosperó y en diciembre pasado fue archivado al cumplirse su plazo cuatrienal.
Un texto similar, el 25.340, fue presentado el 11 de diciembre por el diputado independiente Gilberth Jiménez, con respaldo de la oficialista Pilar Cisneros, Priscilla Vindas, del Frente Amplio, y Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Una semana después, el plan fue dispensado de trámites con apoyo unánime de 40 diputados.
La propuesta busca que los operadores deban registrarse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y que apliquen protocolos estrictos de debida diligencia con sus clientes. Además, deberán mantener disponibles los registros de transacciones con el cliente, los cuales deben ser suficientes para reconstruir las operaciones si las autoridades lo solicitan.
Según el texto, caer en la lista gris del GAFI sería “un calificativo controvertido y nefasto para el país, repercutiendo en la reputación frente al compromiso y lucha contra el delito”.
Tomás Soley, superintendente general de Valores (Sugeval), expresó en febrero la urgencia de que este proyecto se convierta en ley.
Soley indicó que la iniciativa cuenta con el “apoyo y sustento” de las cuatro superintendencias (Sugeval, Sugef, Supén y Sugese), así como del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), y permitiría cumplir con las recomendaciones del GAFI, para que a nivel mundial se reconozca que Costa Rica tomó acciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.