Hace más de 10 años el pago de rescates por los pocos secuestros que ocurrían en el país solía darse con dinero en efectivo. Los secuestradores daban una locación a los familiares de las víctimas para que llevaran los billetes, bajo la promesa de liberar al secuestrado. Ahora eso ha cambiado, con la aparición de las criptomonedas, especialmente del bitcoin, y de acuerdo a especialistas desde hace unos dos años es el principal método de pago que solicitan los delincuentes por los secuestros en Costa Rica.
Aunque seguirle la pista a estas transacciones virtuales es complicado, expertos en el área de seguridad consultados por La Nación aseguran que las autoridades nacionales se han capacitado y han obtenido experiencia para descifrar estos métodos de pago en actividades delictivas. Así sucedió con la investigación del caso del secuestro y homicidio del dueño del sportsbook 5Dimes, William Sean Creighton, en el que se detectó que hubo un pago de casi $1 millón (148 bitcoins) por su rescate.
Las secciones de Cibercrimen y de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lograron determinar que parte de las monedas virtuales que pagaron por el empresario estadounidense quedaron en manos de dos jóvenes ingenieros de apellidos Molina Ávila y Morales Vega, quienes según la Fiscalía “procedieron a legitimar capitales al recibir criptomonedas en monederos virtuales controlados por ellos, con la intención de ocultar y encubrir parte de los activos”.
El exministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, explicó que desde 2020 los pedidos de rescate por secuestros en el país se han hecho mayoritariamente en monedas virtuales, ya que así los criminales pueden encubrir el dinero. Destacó que aunque el proceso para ubicar esta plata es complicado, sabe que el OIJ lo está haciendo y “tiene todos los profesionales para ello”.
El mismo criterio externó Rafael Ángel Guillén, exdirector del OIJ, quien sostuvo que la Policía Judicial tiene gente altamente preparada para negociación, persecución y vigilancia tecnológica en secuestros, pero que sin duda intervenir procesos con monedas virtuales “es más difícil para la investigación, porque el dinero no es tangible y puede circular en el mundo sin vigilancia”.
Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de la empresa de ciberseguridad ESET, detalló a este diario que el proceso de transacciones de las criptomonedas o monedas digitales es similar al proceso de las transacciones con dinero tradicional, sin embargo, en lugar de utilizar un intermediario centralizado como un banco o entidad financiera, las transacciones se llevan a cabo mediante la tecnología blockchain o cadena de bloques.
El proceso es el siguiente:
1. Una persona inicia una transacción enviando una cantidad específica de criptomonedas desde su billetera digital a la dirección de otra persona.
2. La transacción se verifica mediante un proceso conocido como minería, en el que los mineros utilizan sus computadoras para resolver algoritmos matemáticos complejos y asegurar que la transacción es válida.
3. Una vez que la transacción ha sido verificada se agrega a un bloque en la cadena de bloques, que es un registro público y permanente de todas las transacciones realizadas con criptomoneda.
Historial público de transacciones
Micucci indicó que con estos tres pasos la transacción está completa y el destinatario puede usar la moneda. Resaltó que este tipo de transacciones se pueden verificar en la cadena de bloques, ya que es pública.
Sin embargo, subrayó que no todas las criptomonedas tienen la misma privacidad, pues algunas como Monero, Zcash y Dash son conocidas como criptomonedas privadas, que utilizan tecnologías para ocultar la dirección del emisor y receptor, el monto de la transacción y otra información relacionada, lo cual dificulta su rastreo.
De acuerdo con ESET, existen varias maneras en las que las autoridades gubernamentales y financieras pueden obtener información sobre transacciones de criptomonedas. Algunas de las estrategias incluyen:
- Análisis de cadena de bloques: Aunque algunas criptomonedas son privadas, aún es posible rastrear transacciones mediante el análisis de la cadena de bloques y la identificación de patrones y relaciones entre direcciones de billetera.
- Requerimientos de informe de transacciones: Las entidades financieras y las plataformas de intercambio de criptomonedas a menudo están obligadas a cumplir con los requisitos de informe de transacciones de las autoridades, por lo que están obligadas a proporcionar información sobre transacciones sospechosas o aquellas que superen un cierto límite.
- Monitoreo de direcciones IP: Las autoridades pueden monitorear las direcciones IP de los mineros y los nodos que validan las transacciones.
“Sin embargo, es importante tener en cuenta que el anonimato de las transacciones de criptomonedas, especialmente las privadas, es difícil de rastrear y puede requerir de un gran esfuerzo y recursos para lograrlo. Además, no todas las transacciones son ilegales y no todas las transacciones ilegales son detectadas”, apuntó Micucci.
Finalmente, el especialista agregó que el tiempo que toma una transacción de criptomoneda para ser reflejada en las cuentas puede variar dependiendo de varios factores, como la congestión de la red, cuando hay muchas transacciones siendo procesadas al mismo tiempo.
Además, las transacciones con tarifas más altas tienen más probabilidades de ser procesadas antes que las transacciones con tarifas más bajas y algunas criptomonedas, como bitcoin, tienen un tiempo de confirmación promedio de alrededor de 10 minutos. Otras, como Ethereum, pueden tardar menos de un minuto.
Sin embargo, rescató que algunas plataformas cuentan con tecnologías que permiten la confirmación instantánea de las transacciones, conocido como “Instant buy/sell”, el cual puede variar dependiendo de la plataforma.
11 secuestros al año
Según datos del Poder Judicial, desde 2017 hay un promedio de 11 secuestros extorsivos al año. La cifra más alta ocurrió en 2021, cuando se registraron 14. El año anterior se recibieron un total de 34 denuncias por secuestros, pero aún están en depuración, por lo que no hay un dato concreto sobre con cuántos casos cerró el 2022. La semana anterior se dio el primer aparente secuestro del 2023, cuando 11 hombres vestidos con prendas del OIJ secuestraron al empresario Jorge Ángulo, frente a uno de sus gimnasios.
De hecho, el propietario de la cadena “George Angulo Fitness” contó a Telenoticias que los secuestradores le pidieron el dinero de su rescate en monedas virtuales y que como él no sabía qué era eso, su familia consiguió alguien que les ayudara con el método de pago. Dijo que luego de dos días, cuando se realizó el depósito para su liberación, los delincuentes lo montaron a un carro por dos horas y lo llevaron hasta Río Frío de Sarapiquí, donde lo liberaron en un charral a 150 metros de la calle principal.
El exfiscal general Francisco Dall’Anese comentó que en secuestros lo ideal es lograr la liberación de la víctima sin pagar, pero para esto se necesita mucho personal y vigilancia. Explicó que para las autoridades la atención del secuestro es cara, porque se tiene que integrar un puesto de mando con muchos funcionarios que trabajan hasta las 24 horas del día, ya que se tiene que investigar rápido a la víctima, a sus amigos y contactos, así como hacer relaciones de llamadas y rastrear su teléfono celular.
Reconoció que en ocasiones toda la investigación no arroja ningún resultado, pero siempre se tiene que hacer, ya que se deben recolectar la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible para dotar de información al jerarca que maneja la crisis y que tiene que tomar las decisiones para atender el caso y, por ejemplo, evitar que asesinen a la persona secuestrada.
“El problema está en que cuando el crimen organizado se asienta el secuestro se convierte en una industria muy lucrativa porque la gente hace lo posible, lo que esté a su alcance o más para poder pagar por un ser querido. Es además un delito terrible porque no solo lo sufre la víctima, sufre la familia, los amigos, todos los que están cercanos a la víctima.
“Hay países donde la industria está tan desarrollada que hay organizaciones que le encargan a otros grupos hacer el secuestro y que les entreguen al rehén y a veces hay otras que dan el servicio de cautiverio. Esto hace que las investigaciones sean más difíciles. Es sintomático de los países donde la investigación criminal no tiene mucho músculo”, agregó el exfiscal.
El exministro Gustavo Mata destacó que, a diferencia de años anteriores cuando se involucraban más extranjeros, ahora los que lideran los secuestros son todos nacionales y por eso considera que en Costa Rica ya existen minicarteles que cometen estos delitos. Señaló que hay que llegarle a los pensantes e intelectuales de los grupos criminales, no tanto a los que raptan.
Por su parte, el exdirector judicial Rafael Ángel Guillén mencionó que aunque esta no es una delincuencia continua en el país, es uno de los delitos más dolorosos y el pago a secuestradores siempre incentiva a continuar con la práctica. Afirmó que las autoridades deben redoblar esfuerzos para mejorar su tecnología y enfrentar retos como los que imponen los pagos en criptomonedas, además de condenar a los responsables del secuestro, ya que la impunidad incentiva la continuidad del delito.
El artículo 215 del Código Penal castiga con 10 a 15 años de prisión a quien secuestre a una persona para obtener rescate con fines de lucro, políticos, político-sociales, religiosos o raciales. Si la víctima es liberada voluntariamente en menos de tres días, sin ningún daño y sin que los secuestradores hayan obtenido su propósito, la pena se reduce de seis a 10 años de cárcel.