EscucharUn joven de 26 años, de apellidos Morales Vega, purgará tres meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presunta legitimación de capitales. A él y a otro sujeto de apellidos Molina Ávila se les atribuye haber recibido dinero del que cobraron varios delincuentes por el rescate del empresario William Sean Creighton, secuestrado y asesinado en el 2018.
La medida fue impuesta este viernes, en una audiencia realizada en el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José. En esa misma ocasión se dispuso que Molina Ávila no puede salir del país, debe entregar su pasaporte, mantener domicilio fijo y firmar cada 15 días en la instancia judicial correspondiente.
Morales y Molina fueron detenidos desde el jueves pasado, durante cuatro allanamientos realizados por las secciones de Cibercrimen y de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial.
Según la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial los hechos por los que se investiga a estos hombres están asociados con el secuestro y homicidio del empresario estadounidense William Sean Creighton Kopko, quien era dueño del sportsbook 5Dimes.
El hombre fue secuestrado en setiembre del 2018 por un grupo criminal liderado por un hermano de uno de los imputados, que también es de apellidos Morales Vega. El cadaver de Creighton apareció un año después en un cementerio de Quepos, en el Pacífico sur.
Los implicados en el secuestro y homicidio fueron investigados en la causa 18-027579-0042-PE, en la que se condenó a los responsables y se estableció que la familia de la víctima recibió varias demandas extorsivas de parte de los sospechosos, tras lo cual accedieron al pago de 148 bitcoins (monedas virtuales) que de acuerdo con el tipo de cambio en la fecha del pago tenían un valor equivalente a $1 millón.
“Supuestamente, Morales y Molina actuaron de la mano con el grupo criminal sentenciado y procedieron a legitimar capitales al recibir criptomonedas en monederos virtuales controlados por ellos, con la intención de ocultar y encubrir parte de los activos recibidos producto del pago para el rescate del ofendido”, agregó la Fiscalía en un comunicado remitido este lunes 19 de diciembre.
Además de las capturas de la semana pasada, las autoridades judiciales decomisaron equipos electrónicos y documentación relevante para la investigación, que se desarrolla en el expediente 21-000001-1322-PE.
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La Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, establece penas de 8 a 20 años de prisión a quien reciba o encubra el origen de dineros derivados de un delito como el secuestro extorsivo.
