José Andrés Céspedes. 22 octubre
Producto de los enfrentamientos, 12 policías resultaron heridos y hubo 20 manifestantes detenidos. Foto Alonso Tenorio
Producto de los enfrentamientos, 12 policías resultaron heridos y hubo 20 manifestantes detenidos. Foto Alonso Tenorio

La Sala Constitucional validó las acciones desplegadas por la Fuerza Pública el 12 de octubre pasado y que permitieron dispersar a una turba de manifestantes que atacó a los oficiales con piedras y garrotes frente a Casa Presidencial en Zapote, San José.

De esta manera, los magistrados rechazaron un recurso de habeas corpus presentado por el abogado Allan Arburola, en representación del periodista Marvin Rojas y su asistente Ada Brenes, quienes estaban en el lugar de los incidentes.

Rojas y Brenes manejan la página de Facebook Televisión y Radio RN, que en otras ocasiones ha publicado informaciones falsas sobre covid-19, seguridad, educación, comercio y asuntos relacionados con el presidente de la República.

Según consta en la resolución de los magistrados, Arburola alegó que la intervención de la Policía fue “desmedida, irrazonable y desproporcionada”, pero no brindó ninguna prueba o elemento concreto en apoyo de su denuncia.

Más bien, los altos jueces destacaron que la actitud beligerante de algunos manifestantes que trataron de violar el perímetro de seguridad y arremetieron contra policías y vehículos oficiales, obligó a las autoridades a intervenir para restablecer el orden.

Arburola había argumentado en el recurso que el accionar de la Policía atentó contra la salud y la vida de sus defendidos y significó una limitación de sus libertades de tránsito y de expresión.

Agregó que la Fuerza Pública actuó “sin que mediara razón o motivo alguno", pero la Sala IV determinó, por unanimidad, que las autoridades sí tuvieron un motivo para intervenir de la forma en que lo hicieron, debido a las acciones violentas de los presentes.

"Algunos de los participantes, además de manifestarse, pretendían violar el perímetro de seguridad y botar las mallas para ingresar a la Casa Presidencial. Algunos llevaban palos y tubos, con los que arremetieron contra los oficiales de policía, a quienes, además, lanzaron piedras.

“La Fuerza Pública decidió restablecer el orden a las 3:20 p. m., horas después de que los actos de violencia iniciaran. Además, lo hizo previa advertencia a viva voz a los manifestantes. No hay razón para considerar que la intervención careciera de motivo”, razonó el Alto Tribunal.

La resolución, conocida este miércoles por la noche, la suscribieron los magistrados Fernando Castillo, Paul Rueda, Nancy Hernández, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Anamari Garro y Ronald Salazar.

Según los jueces, Arburola tampoco concretó qué lesión a la salud o a la vida sufrieron los tutelados, pero que el Ministerio de Seguridad Pública sí aportó documentación para dar cuenta de las lesiones sufridas por oficiales de la Fuerza Pública.

Producto de los hechos, 12 oficiales de policía resultaron heridos, un vehículo policial dañado y más de 20 personas aprehendidas y puestas a la orden del Ministerio Público. Por estos hechos, la Fuerza Pública denunció a un manifestante por tentativa de homicidio contra jefe policial de Alajuela, Milton Alvarado.

El oficial recibió un fuerte golpe en la cabeza.

En noviembre de 2018, Allan Arburola batalló para que en su cédula apareciera la ‘M’ de ‘masculino’ luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aprobara eliminar este aspecto tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Foto: cortesía
En noviembre de 2018, Allan Arburola batalló para que en su cédula apareciera la ‘M’ de ‘masculino’ luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aprobara eliminar este aspecto tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Foto: cortesía
Furibunda reacción

Ante el rechazo unánime del habeas corpus, el abogado Allan Arburola trató de “basura” y “cochinada” a la Sala Constitucional.

Dijo que no le extraña la posición de la Sala IV, que nunca ha creído en ella, que es “una cochinada” y que deberían cerrarla. Además, afirmó que él sería mejor magistrado porque tiene 44 títulos académicos.

“Yo estoy esperando que me declaren sin lugar otros tres recursos de habeas corpus para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo interpuse esos recursos a sabiendas que la Sala está completamente plegada al gobierno”, aseguró.

Arburola manifestó que va a acusar al país ante la CIDH por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, pero cuando se le consultó por ejemplos concretos, no brindó ninguno.

“Yo voy a salir en un video en Facebook, en mis perfiles, y le voy a decir al pueblo de la basura de Sala Constitucional, muy técnicamente y en forma elegante. La Sala no sirve, viola los derechos humanos de los costarricenses, pero ahora sí se la compraron conmigo.

“Es más, le anuncio que mañana (jueves) voy a interponer otro recurso de habeas corpus contra las violaciones de lo de Pérez Zeledón, que gasearon las casas, y si la Sala me desestima ese recurso, los voy a acusar penalmente a ellos (los magistrados) de prevaricato”, advirtió.

Sin pruebas

Cuando se le consultó, cuáles fueron las lesiones a la salud sufridas a sus representados durante el altercado, reconoció que no le consta ninguna.

No obstante, aseguró a La Nación que solo tomó el testimonio de Rojas y Brenes porque era la única forma que tenía para presentar el recurso.

“Marvin lo que aduce es que él estaba ejerciendo la libertad de expresión a través de su profesión de periodista y le lanzaron gases lacrimógenos de forma indiscriminada; digamos, esa es la versión que él me da, a mí no me consta”, dijo.

El abogado dijo que no tuvo tiempo de recolectar pruebas para el recurso y que sí hubo manifestantes que tiraron piedras y agredieron a la Policía de forma desmedida, pero que él no los representa a ellos.

“En esos momento yo actúo rápido, de aquí a que yo me consiga videos y todo lo demás... Esos fueron hechos notorios”, reclamó Arburola, al alegar que en este caso no se requería aportar pruebas.

En noviembre de 2018, Allan Arburola batalló para que en su cédula apareciera la ‘M’ de ‘masculino’ luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aprobara eliminar este aspecto tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esto molestó al abogado y por eso interpuso un recurso de amparo, ya que según él, se estaba violentando su derecho a identificarse. No obstante, luego fue declarado sin lugar.

En abril de 2020, también sugirió que el Ministerio de Salud establecía “discrecionalmente” el número de casos positivos de covid-19 sin tomar en cuenta los resultados de análisis de laboratorio.

Debido a esto, el diputado Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República, alegó un supuesto “maquillaje de datos” por parte del gobierno sobre la cantidad de personas contagiadas con coronavirus.