Luego de sus cuatro años más polémicos, marcados por controversiales contrataciones públicas, y perseguido por la sombra de un cierre técnico cada vez más cercano, el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) está en crisis: sus finanzas arrastran números rojos, sus programas culturales aparecen y desaparecen, y sus trabajadores perciben un clima de hostilidad dentro y fuera de la oficina.
Para intentar contener ese quiebre, sobre todo en el ámbito financiero, la institución ha impulsado procesos de reestructuración que incluyen despidos, renuncias por mutuo acuerdo y traslados horizontales a otras entidades públicas... pero con un déficit de ¢750 millones, ¿realmente se puede rescatar al Sinart?
Para comprender el estado actual de la empresa pública, conviene revisar sus cifras partiendo de un elemento que lo distingue: su jerarca, el presidente ejecutivo, es designado por el Consejo de Gobierno. Es decir, el Poder Ejecutivo mantiene una injerencia directa en la operación del Sistema y sus plataformas: Canal 13, Radio Nacional y la Agencia de Publicidad RTN.
“El Sinart es el desorden mejor organizado del Estado”, afirmó uno de sus funcionarios, quien conversó con Revista Dominical bajo anonimato por temor a sufrir represalias. Como él, otros trabajadores que llevan bastantes décadas cargando cámaras o calibrando micrófonos reclaman que la institución defina un rumbo claro, tanto en su propuesta editorial como en su manejo financiero.
Ambiente ‘inhóspito’ en el Sinart
Debido a que el Sinart mantiene pérdidas desde 2018, distintas administraciones han planteado reestructuraciones para reducir costos. Ese ajuste se refleja en la planilla, que pasó de 239 funcionarios en 2019 a 143 en 2024.
La oleada de despidos más reciente ocurrió en diciembre de 2024, cuando ocho choferes, nueve secretarias, un mensajero y la encargada de la caja chica de Tesorería fueron separados de sus cargos para “optimizar recursos”.
Ese tipo de decisiones, inevitablemente, afectan a quienes continúan en la institución. Algunos trabajadores aseguran que han asumido funciones como choferes, aunque fueron contratados con otro propósito, puesto que esas plazas quedaron vacías.
“Eso es un ornitorrinco, porque unos trabajadores todavía mantenemos nuestro estatus de funcionario público con plaza del estado y otros son funcionarios públicos pero con plazas de salario único, que es como funciona el régimen privado. Hay otros en medio”, mencionó un funcionario del Sinart.
Otros empleados han expresado temor de ser despedidos o de recibir un permiso sin goce de salario —a raíz de una propuesta que el Consejo Ejecutivo del Sinart planteó a inicios de 2024 y que posteriormente fue rechazada— si manifiestan oposición a la línea editorial o la forma en que se administran los recursos.
Además, señalan que constantemente deben utilizar sus propios recursos, como computadoras o teléfonos, para sacar adelante el trabajo institucional.
Esto coincide con el informe del Sinart Estado de la situación desde la perspectiva financiera, comercial y social 2024, el cual señala que las instalaciones físicas y los equipos administrativos, electrónicos y de transmisión “registran una obsolescencia importante, incompatible con un mercado tan competitivo”.
“Nos han ido golpeando animicamente con rebajas salariales, dedicación exclusiva, intención de suspensión de contratos de trabajo, impago de salario escolar, amenazas de demanda y mucho más”, añadió otro de los funcionarios.
“Las amenazas de despido son latentes, se sigue sintiendo ese clima inhóspito y ese tipo de cosas no cambian pese a que la presidencia ejecutiva cambio de manos. Sigue siendo línea de gobierno”.
— Sindicato seccional ANEP-Sinart
Críticas de empleados por la ‘politización’ del Sinart
El Sinart abrió sus puertas en 1978, durante la administración de Rodrigo Carazo, para promover el desarrollo educativo y cultural del pueblo costarricense a través de una variada oferta de programas en radio y televisión. Empero, desde su concepción estuvo envuelto en crisis financieras y polémicas que debatían si debía servir como un medio de comunicación educativo o hacerle frente a los comerciales.
Más tarde tomó fuerza la inquietud de desvincular al canal estatal de la línea gubernamental, pues en 2003 se reformó su Ley Orgánica para estipular que el presidente ejecutivo fuera designado por el gobierno de turno. A partir de ese cambio, trabajadores de la institución han señalado que, según la persona que ocupe Casa Presidencial, el Sinart se presta como “vocero del gobierno”.
El personal también resiente tener que transmitir los toros de fin de año solo cuando un jerarca así lo decida, cubrir todas las carreras de atletismo si algún superior lo exige, o producir programas culturales destinados a horarios marginales, como las 3 de la madrugada.
“Desde que yo me acuerdo, el Sinart siempre ha sido utilizado por el gobierno, por eso estamos como estamos. Cada administración lo llega a usar a su antojo”, expresó otro de los trabajadores del Sinart.
En esa oportunidad, señaló que la actual legislación del Sinart presenta debilidades que han permitido a los gobiernos de turno utilizarlo y restarle carácter público.
Los cuatro años más polémicos de Sinart
Pese a que su Ley Orgánica le prohibe difundir propaganda política, el Sinart siempre ha recibido críticas por politización. En estos últimos cuatro años se han intensificado, ya que ha figurado en controversiales contrataciones millonarias y acusaciones de corrupción.
Como parte de los Audios de Presidencia, publicados por La Nación, se reveló que el presidente Rodrigo Chaves propuso asumir el control de los presupuestos publicitarios de las instituciones descentralizadas para distribuirlos en el Sinart, según su criterio, al inicio de su gestión.
Luego de ese episodio, en que 14 instituciones públicas asignaron ¢8.000 millones a la empresa pública para el manejo de publicidad, una comisión investigadora del Congreso concluyó que el Gobierno utilizó la agencia del Sinart para someteter la pauta estatal a fines políticos.
En paralelo se destapó el caso BCIE Cariñitos, como se le conoce a la contratación de $405.000 adjudicada a la empresa del empresario Christian Bulgarelli para que brindara servicios de comunicación a la Casa Presidencial entre el 2022 y el 2023 con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
A cambio de ganar el contrato, Bulgarelli admitió que, por solicitud de Rodrigo Chaves, depositó $32.000 del contrato en favor del otrora asesor de imagen del presidente, Federico “Choreco” Cruz Saravanja, para que enganchara una casa.
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia envió la petición a la Asamblea Legislativa de que se levantara la inmunidad del mandatario Chaves para que enfrentara un proceso penal por el supuesto delito de concusión vinculado a transferencias de dinero y favores políticos, pero la solicitud no prosperó por falta de mayoría en el Congreso.
Solo este año, las redes sociales del Sinart han difundido acciones de figuras afines al chavismo sin aportar contexto informativo o noticioso. También han compartido contenido de corte propagandístico e incluido a funcionarios de Casa Presidencial, como si fueran presentadores de Trece Noticias, durante diversas transmisiones.
Por ejemplo, a finales de setiembre, se publicó un video de la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, en la que se presentaba como la sucesora del presidente Rodrigo Chaves y solicitaba el voto de la población.
Unos días más tarde, luego de que un ciudadano interpusiera un recurso de amparo contra la empresa estatal, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó que el Sinart debía eliminar el video en tres días, como parte de una medida cautelar.
“Con el anuncio de la campaña de Laura, eso no fue decisión del trabajador, jamás. La gente piensa que nosotros trabajadores podemos tomar la decisión de lo que se va a hacer, pero eso no es así. Las cosas se hacen porque hay un jefe que manda hacerlas”, dijo otro funcionario del Sinart a RD en relación al incidente, separándose de la línea editoral progobierno.
Recientemente, Luis Carlos Monge, director de comunicación de Casa Presidencial, presentó un espacio durante la sesión del Consejo de Gobierno en Puntarenas, realizada el 30 de setiembre y transmitida en vivo por Canal 13.
“Esta actividad para nosotros significa muchísimo, porque es la oportunidad de venir cara cara, frente a frente, a darle cuentas de nuestros actos al pueblo de Puntarenas. A nombre de todos los que trabajamos en Casa Presidencial, muchísimas gracias por habernos acompañado (...). Aquí le cedo el micrófono a mi compañera Hellen (Zúñiga, directora de Trece Noticias)”, dijo durante la transmisión.
Además, el TSE debió aclararle al Sinart, luego de una consulta formulada por la directora de Canal 13, que el medio estatal no puede transmitir las conferencias de prensa presidenciales durante la veda electoral, la cual prohíbe difundir propaganda gubernamental en época de campaña.
RD contactó a Hellen Zúñiga vía llamada telefónica y mensajes de texto. Su única respuesta, por WhatsApp, fue “por favor remitirse a la Presidencia Ejecutiva”.
A raíz de estas situaciones, en una carta dirigida a la presidenta del Sinart, Esmirna Sánchez, la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el Sinart manifestó su rechazo a que el medio se convierta en un instrumento “progobierno”.
“A lo interno, tenemos muy claro que las personas trabajadoras de la institución, en principio de obediencia, nos vemos a veces en la obligación de acatar lineamientos en los que podríamos no estar de acuerdo. Es nuestro deseo dejar claro, ante su persona (presidenta del Sinart) y ante la opinión pública, que los trabajadores del Sinart no somos parciales de un partido o del gobierno”, reza la carta, con fecha del 29 de octubre.
Nosotros sabemos muy bien que somos estatales, no gubernamentales. Eso es algo que tienen los gobiernos de turno: piensan que el Sinart es del gobierno y no es así, para nada.
— Sindicato seccional ANEP-Sinart
¿Se puede salvar el Sinart?
Desde que la administración de Rodrigo Chaves llegó a Zapote, han pasado por la Presidencia Ejecutiva del Sinart tres jerarcas: Allan Trigueros, Fernando Sandí y Esmirna Sánchez.
RD contactó a la actual presidenta ejecutiva desde el 17 de noviembre para conversar sobre su gestión en el Sinart, pero afirmó que no podía atender la entrevista por “temas de agenda”. Aunque se le enviaron consultas por correo electrónico, incluidas si impulsará una reestructuración financiera, si visualiza un cierre técnico y cuáles medidas ha aplicado la institución para evitar la difusión de propaganda política, no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
Por su parte, Sandí, quien estuvo en el puesto de marzo de 2023 hasta mayo de 2025, explicó que para evitar un cierre técnico del Sinart se debe reducir el personal y redirigir su contenido a las plataformas digitales. También propuso que una universidad pública se hiciera cargo del Sinart dentro de su presupuesto, para así “quitarse el problema del financiamiento estatal”.
Al ser consultado sobre si considera adecuado que el presidente ejecutivo del Sinart sea nombrado por el Consejo de Gobierno, Sandí respondió de forma afirmativa. A su juicio, eliminar ese mecanismo provocaría la pérdida de “todo el brazo político fuerte para presionar las instituciones de cobrar el 10%. En el momento que eso se quite, le puedo asegurar que la autoridad que tiene el presidente ejecutivo va a ser mínima en ese aspecto”.
“El problema (del Sinart) es un tema financiero y no es un tema político porque al final, repito, el presidente ejecutivo responde al presidente y es un brazo importante en el tema de socar línea en la parte financiera. Si yo, el presidente ejecutivo, me senté con educación, con cultura, con hacienda, buscando fondos y esas situaciones me ayudaban, no veo posible que un presidente ejecutivo que no es cercano a gabinete, vaya a lograr algo“, agregó.
“El Sinart es un paciente que durante todo el año está en coma. A fin de año le agarra un ataque cardíaco fulminante y lo reviven. Le dan presupuestos extraordinarios, dineros de otras instituciones, la gente acelera el 10% y se salva, pero vuelve a entrar en coma”.
— Fernando Sandí, exdirector del Sinart
Una Costa Rica sin Sinart
Un eventual cierre técnico del Sinart provocaría un vacío en la oferta de servicios que debe garantizar una sociedad democrática, según explicó el cineasta Ivan Porras Meléndez, quien se especializó en Radio y Televisión Española (RTV) y dirigió el programa de AudiovisualesUNED y el canal Quince UCR.
“Vivimos en un país donde la brecha económica hace que el acceso real a esos contenidos no sea completamente equitativo. Cuando tenés un servicio de televisión público en función de la sociedad, le das la posibilidad de tener ese acceso de manera gratuita, porque la señal abierta de una frecuencia es la posibilidad más democratizante que hay”, comentó.
Además, anotó que cualquier proceso para reestructurar el Sinart debe partir del principio de que el medio “responda a los derechos a la información y a la comunicación diversa, plural y participativa”.
”Tiene que haber una inyección de recursos proporcionales. El Sinart no puede funcionar nada más a través del ingreso por patrocinio. Eso no ha funcionado en la televisión pública, salvo modelos que ya lograron una madurez en donde la televisión pública más comercial alimenta la televisión pública más cultural y educativa“, agregó.
“En la primera capa o en la capa más exterior vemos la crisis del Sinart como una crisis financiera, pero realmente es una crisis política. (...). En estos momentos tiene una visión que va más a una respuesta comunicativa gubernamental, lo cual es gravísimo, claramente, porque entonces el canal que debería ser de todos se vuelve el canal de unos pocos”.
— Ivan Porras Meléndez
Actualmente, el Sinart se financia a través de los presupuestos ordinarios y extraordinarios aprobados por la Contraloría General de la República (CGR), así como el 10% que le deben dirigir las instituciones públicas de su pauta publicitaria.
Una de las problemáticas, sin embargo, es que no existe sanción para aquellas instituciones que lo incumplan, por lo que no todas aportan el 10%.
“Hemos sugerido que se cree un sistema de certificación Sinart, de manera que nadie pueda participar en una licitación pública si no está el día con la Caja, Hacienda y Sinart, o para ejecutar el presupuesto del año siguiente. Es una forma de garantizar que los recursos que estaban pautados en la ley sí ingresen. Si el Sinart pudiera generar todos esos ingresos, tendría otra historia totalmente diferente”, señaló la seccional de ANEP en el Sinart, que también busca separar los puestos clave de cualquier designación directa del gobierno.
Los trabajadores, a la vez, proponen implementar estrategias de medios como Deutsche Welle, en Alemania; RTV en España; NPR en Estados Unidos y demás medios en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se financian a través de contribuciones por radiodifusión o membresías de oyentes.
Entretanto, el proyecto de ley 23.988, impulsado por el Frente Amplio, pretende eliminar la facultad de que el Consejo de Gobierno pueda nombrar o destituir al presidente ejecutivo del Sinart, y en su lugar propone que sea administrado por el Consejo Ejecutivo. Dicho proyecto fue dictaminado a favor en la Comisión de Ciencia y Tecnología el 20 de marzo, pero no ha sido discutido en el plenario.
“La despolitización podría permitirnos la garantía de que al Sinart llegue un presidente o presidente ejecutiva que no sea político, que tenga conocimiento de radio, de televisión, de medios de comunicación y que obedezca a intereses institucionales y no gubernamentales”, acotó uno de sus trabajadores mientras recorre los pasillos donde ha laborado desde el siglo pasado, con la esperanza de no perder su empleo por cuestionar el rumbo del Sistema.
“El numerito no nos ayuda. Es que hasta eso, el numerito 13 no nos ayuda”
— Trabajador del Sinart
