El Consejo Ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) despidió a 19 empleados y anunció una reestructuración, pero no descarta el cierre del conglomerado de medios estatales. La posibilidad se viene anunciando desde el fracasado intento de convertir a la institución en una mega-agencia de publicidad para concentrar la pauta estatal y politizar su distribución, según el informe de la comisión legislativa establecida para investigar la maniobra.
En octubre, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, consideró que el Sinart es demasiado caro para ser competitivo y anunció la necesidad de “tomar alguna decisión en un futuro cercano sobre qué va a pasar con ellos”. Para entonces, el sistema arrastraba un déficit de ¢750 millones y la Contraloría General de la República (CGR) le había aprobado un presupuesto extraordinario de ¢1.000 millones para liquidar a 78 funcionarios cesados por mutuo acuerdo.
La semana pasada trascendió la propuesta gubernamental de recortar el presupuesto ordinario de la institución para el 2025 en un 38%, de ¢5.355 millones a ¢3.293 millones. El monto representa una reducción del 65% en relación con el presupuesto planteado a fines del 2023, cuando el gobierno no había abandonado la aspiración de convertir al Sinart en eje de la gestión publicitaria estatal.
Ese presupuesto de ¢9.494 millones fracasó cuando la Contraloría encontró una serie de inconsistencias e incumplimientos y explicó al presidente ejecutivo de la empresa estatal, Fernando Sandí, que el plan de gastos no reunía la información necesaria para constatar el apego a los principios rectores de la materia presupuestaria.
Similares deficiencias administrativas dieron al traste con lucrativos contratos de publicidad firmados con grandes entidades públicas. Semanas antes de rechazar el presupuesto del 2024, la Contraloría ordenó a siete instituciones finiquitar las relaciones contractuales establecidas con la agencia de publicidad del Sinart entre el 1.° de diciembre del 2022 y el 24 de setiembre del 2023 porque no satisfacían “requisitos generales y específicos” de la Ley General de Contratación Pública. En algunos casos, faltaban estudios de mercado para justificar la contratación y, en otros, el objeto era “indeterminado” o no se aportaron los planes de medios, un elemento básico de la gestión publicitaria.
Los sistemas públicos de medios de comunicación culturales existen para ofrecer una alternativa a la programación comercial. Según el artículo 5 de su ley orgánica, la razón de ser del Sinart es ofrecer “programas culturales, musicales, artísticos y deportivos, así como todos aquellos de interés académico, social, político y económico, cuyo objetivo sea promover los principios consagrados en el artículo anterior”.
Ese artículo, el 4, impone buenas prácticas a los medios estatales. La infracción de esas directrices ha sido frecuente, sobre todo, en lo relativo a la independencia del sistema frente al Poder Ejecutivo, pero nunca se había intentado la peligrosa politización confirmada por la comisión legislativa.
El Sinart perdió el rumbo en esta administración y está a punto de perder la existencia. Sería una ausencia lamentable. Incapaz de rendir los cuestionados frutos pretendidos por el gobierno bajo el lema de “democratización de la pauta”, lo están abandonando a su suerte. La radio y televisión cultural nunca fueron el centro del esfuerzo de la administración actual.
Se les utilizó como ineficaz vehículo de propagación del mensaje gubernamental, pero las esperanzas se depositaron en la agencia de publicidad, cuyo papel, en el momento de su creación, era complementar los ingresos del sistema mediante el manejo de una modesta proporción de la pauta estatal, no convertirse en la fuente de prácticamente todo gasto en medios, lo cual le confería un poder desproporcionado y se prestaba para castigar la crítica y premiar los aplausos.
Los diputados deben aprovechar la crisis para hacer una profunda reforma del sistema, eliminar la agencia de publicidad y dotar al Sinart de un presupuesto apropiado. La radio y televisión cultural son un servicio, no un negocio. Al mismo tiempo, la reforma debe incorporar garantías de independencia e imparcialidad. Hay modelos eficaces en todo el mundo, aunque ninguno está libre de cuestionamientos. Cualquiera de los existentes en las democracias avanzadas supera al nuestro y puede hacer de molde. El Sinart debe sobrevivir, fiel a sus propósitos originales.