La comisión legislativa creada para investigar el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) hizo una labor sobresaliente. Las bien fundamentadas conclusiones enfatizan la necesidad de acción del Ministerio Público para esclarecer los aspectos merecedores de atención en los tribunales.
El derecho de los ciudadanos a saber también queda bien servido. La lectura del extenso informe no deja duda del intento de instrumentalizar la institución para crear cajas de resonancia del mensaje gubernamental ni tampoco de las desviaciones éticas ocurridas en el camino. El país tiene una deuda de gratitud con los legisladores firmantes del dictamen de mayoría.
No obstante, el informe carece de recomendaciones sobre las reformas necesarias para impedir la repetición de lo sucedido, quizá con menos torpeza y mayor daño, en un futuro próximo. El camino de la manipulación quedó señalado, y si hubiera interés de seguirlo con mayor pericia, ninguna de las recomendaciones de la comisión legislativa podría impedirlo.
El peligro para la democracia y la pluralidad de medios es grande. El Sinart, y especialmente su agencia de publicidad, bien podrían canalizar enormes sumas de dinero para premiar a medios amigos de un gobierno o castigar a los críticos mediante la pauta publicitaria, con la coartada de “democratizarla”.
El informe califica de “método perverso” el propósito de hacer contrataciones sin criterio técnico “como una forma de control para dominar la línea editorial de los medios de comunicación y asignar los recursos a aquellos medios que no ejerzan una crítica al Ejecutivo”. Esa conclusión, junto con las demás, amerita una contundente recomendación de enmienda, porque identifica la posible utilización de fondos públicos, propiedad de los contribuyentes, para limitar la información ofrecida a los propios contribuyentes.
La agencia de publicidad del Sinart fue creada para allegar recursos a la entidad mediante la inversión, por su medio, del 10 % del dinero destinado a publicidad e información por las instituciones del Estado. La otra fuente de ingresos, dice el informe, es lo poco que se puede generar con programas de muy escasa audiencia.
Pero los acontecimientos ya demostraron el peligro representado por la agencia, y sería mucho más sano eliminarla sin privar al Sinart de los recursos de todas formas provenientes del Estado. La ley ya contempla como fuente de financiamiento las partidas asignadas en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. Bastaría con destinar directamente al Sinart el 10 % del presupuesto estatal de publicidad e información. El ahorro por la desaparición de la agencia probablemente compensaría los irrelevantes ingresos comerciales.
Lo que no debe estar contemplado como fuente de ingresos es “la participación en el mercado de la publicidad mediante una agencia creada por la propia ley como parte del sistema”, según reza en la actualidad el artículo 19 de la ley orgánica. Esa participación es insignificante fuera del 10 % de pauta obligatoria de las instituciones estatales, pero a nadie se le había ocurrido la posibilidad de que fueran obligadas a invertir mucho más del 10 % mediante la agencia.
Sin embargo, no basta con desechar el instrumento capaz de concentrar y distribuir la pauta publicitaria del Estado. El manejo de los medios de comunicación del Sinart requiere un cambio profundo para garantizarles independencia editorial y erradicar la transmisión de programas propagandísticos, de alabanza a las iniciativas gubernamentales, de entrevistas complacientes con los jerarcas y muchas otras prácticas incompatibles con el buen ejercicio informativo y la legítima difusión de opinión y cultura.
Reconducir el sistema al cumplimiento de sus verdaderos fines, una red de radio y televisión cultural, podría ser la forma de mejorar la bajísima audiencia de los programas en la actualidad. El Sinart fue creado, según el artículo 5 de su ley rectora, para ofrecer “programas culturales, musicales, artísticos y deportivos, así como todos aquellos de interés académico, social, político y económico”, cuyo objetivo sea promover una serie de altos principios consagrados en la propia ley.
