Legisladores de la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y el Frente Amplio se declararon insatisfechos con las explicaciones del presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, y expresaron la intención de crear una comisión investigadora de las contrataciones hechas por la institución. Es uno de los mejores servicios que ellos y las demás bancadas podrían prestar a la democracia costarricense.
Las razones están a la vista. La Agencia de Publicidad del Sinart concentraba contratos de publicidad estatal por ¢7.925 millones, hasta el momento de nuestro último reportaje sobre el tema, publicado el 6 de junio. Eran contratos con 14 instituciones públicas para colocar pauta del Estado, manejar redes sociales, hacer campañas publicitarias, producir videos y grabar cuñas radiofónicas.
La concentración de recursos se logró mediante presiones ejercidas sobre instituciones autónomas, como la Junta de Protección Social de San José, cuyo ejemplo basta para justificar el ejercicio del control político legislativo. La contratación se propuso sin concurso público, contra el criterio del personal técnico de la Junta, sin considerar estudios internos sobre la inconveniencia económica de contratar al Sinart y en atención a instrucciones recibidas de la Casa Presidencial.
Esta realidad se puede constatar en las actas de la JPS, publicadas por este medio en su oportunidad. Tampoco es difícil comprobar la celeridad con que se pretendió ejecutar la contratación, aprobada por la Junta Directiva el 31 de octubre del 2022, un mes antes de entrar en vigor los rigurosos controles de la nueva Ley General de Contratación Pública. En el acta del 17 de noviembre del 2022, la Junta Directiva discutió la importancia de concluir el acuerdo antes del 30 de noviembre, en vísperas de la vigencia de la nueva ley.
El libreto, o partes de él, se repiten en otras contrataciones. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados contrató, sin concurso, ¢2.313 millones con el Sinart a partir de un estudio de mercado de una sola página, preparado en 48 horas. En el Instituto Costarricense de Electricidad, la contratación con el Sinart se gestó en un solo día, a pocas horas de entrar a regir la nueva ley.
El Sinart también contrató a la empresa de Christian Bulgarelli, asesor presidencial que participó en el diseño de la contratación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para elaborar un plan de comunicación del gobierno y luego ganó el concurso celebrado bajo los términos que él mismo ayudó a redactar.
Una empresa de Bulgarelli y otras dos fueron contratadas a dedo por el Sinart para brindar servicios relacionados con la publicidad estatal. El publicista es asesor presidencial, visitante frecuente de la casa de gobierno y ofreció al presidente, Rodrigo Chaves, contratar a su asesor de imagen Federico Cruz, conocido como Choreco. El ofrecimiento se dio durante una conversación presenciada por la exministra de Comunicación Patricia Navarro.
Cruz participa en el Comité de Comunicación del gobierno junto con la diputada Pilar Cisneros y el propio mandatario. También fue director de comunicación de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático y ahora preside Aquí Costa Rica Manda, agrupación por la cual parece apostar el chavismo para su participación en las elecciones municipales. Esta cadena de coincidencias, vínculos y su relación con el Sinart debe ser examinada por el Congreso.
Para afectar los procesos políticos, la inversión publicitaria del Estado no necesita transmitir mensajes explícitos de apoyo o alabanza a los gobernantes. La publicidad más inocua puede tener ese efecto con solo negarla a un medio crítico o darla a uno afín. Cuanta más dependencia financiera tenga el medio, mayor es el riesgo de sumisión a la pauta estatal, para no mencionar la tentación de crear medios con la expresa aspiración de participar en el negocio.
Por eso, la declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia específicamente sobre el problema en el artículo 13: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la Hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales… son incompatibles con la libertad de expresión”.
Por eso, también, nuestra Sala Constitucional condenó, en su resolución 15220-2016, la manipulación de la publicidad estatal como “una forma perversa y antidemocrática de utilizar el poder del Estado para dirigir la opinión, según un sistema de ‘premio o castigo’, a quienes ejercen la libertad de prensa y libre expresión garantizada constitucional y convencionalmente”.
La sentencia cita la declaración conjunta de los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE, publicada en el 2002, para decir que “los gobiernos y los órganos públicos nunca deben abusar de su custodia de las finanzas públicas para tratar de influir en el contenido de la información de los medios de prensa; el anuncio de publicidad debe basarse en razones de mercado”.
Luego de citar extensa jurisprudencia y doctrina, la Sala IV concluyó que “el Estado tiene derecho a establecer y modificar su pauta publicitaria, pero debe hacerlo por medio de criterios objetivos y transparentes, establecidos en forma planificada que aseguren que no se utiliza el poder del Estado o sus fondos para discriminar, manipular o censurar directa o indirectamente la libertad de expresión y de prensa garantizadas convencional y constitucionalmente”.
Si alguna vez se justificó el ejercicio del control político, es en esta oportunidad. Hay demasiado dinero en manos del Sinart y la acumulación es producto de una actividad nunca antes vista de las autoridades de más alto nivel. Además, en el país existen precedentes de abuso de la pauta estatal, como también de la desviación de poder, y no está de más asegurar el respeto a las mejores prácticas. Dejar pasar la oportunidad de esclarecer las dudas y asegurar el buen uso de tan cuantiosos recursos sería mala praxis política y una renuncia al deber de control impuesto por la Constitución a la Asamblea Legislativa.
Para el Congreso no será difícil constatar si la técnica publicitaria avala las contrataciones del Sinart. Los datos y expertos abundan. Para comenzar, pueden convocar a los encargados de la publicidad en las propias instituciones donde las directrices del gobierno encontraron resistencia. Las entidades sometidas a régimen de competencia serán las primeras agradecidas, como también la libertad de expresión y la democracia.
