Una universidad estadounidense galardonó a la distancia al magistrado costarricense, Fernando Cruz Castro, a quien Estados Unidos le retiró la visa. Lo condecoró por su participación en la sentencia sobre violación de derechos humanos, en Costa Rica, a los migrantes deportados por la administración de Donald Trump.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern Pritzker, son sede en Chicago, le otorgó a Cruz el undécimo premio Jurista Global del Año.
El Centro para los Derechos Humanos Internacionales de esa institución académica reconoció su liderazgo judicial en la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes.
La condecoración obedece al trabajo reciente del magistrado y su aporte en una resolución de la Sala Constitucional sobre personas trasladadas a Costa Rica desde Estados Unidos.
En febrero del 2025, el gobierno de Trump envió a Costa Rica 200 migrantes con el plan de repatriarlos, posteriormente, hacia sus países de origen. Esto se dio tras un acuerdo firmado por Chaves con esa potencia norteamericana.
Tras su arribo al aeropuerto Juan Santamaría, fueron montados en un bus y enviados al Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), una antigua fábrica de lápices en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) denunció, en marzo de ese año, que los migrantes sufrían una privación de libertad de facto al no poder salir del Catem.
El 24 de junio del 2025, la Sala Constitucional resolvió favorablemente, por mayoría, un recurso de hábeas corpus y ordenó la liberación de una decena de migrantes ubicados en el Catem.
Cruz escribió, como una nota suya adjunta a la sentencia, que, en sus 54 años de carrera, no había visto un caso tan lesivo de los derechos fundamentales.
El galardón de la universidad distingue a juristas cuya labor genera un impacto significativo en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. La distinción se enfoca especialmente en profesionales que actúan en contextos de vulnerabilidad.
Independencia judicial y visa
Durante la actividad virtual, el magistrado Cruz Castro reflexionó sobre el papel de la judicatura ante los desafíos actuales del Estado de derecho.
“A mi edad, debo alzar la voz contra la injusticia flagrante, contra la impunidad, aceptar las consecuencias, resistir y, si es necesario, morir por un ideal, por una causa, por un sueño, muy pequeño, pero legítimo: el sueño de la igualdad ante la ley, de la justicia y el respeto a la dignidad humana. Ese es el verdadero sentido. La ley abarca más que la voluntad del hombre fuerte”, señaló el magistrado.
Asimismo, Cruz Castro advirtió sobre los riesgos que enfrentan los sistemas democráticos respecto a la independencia judicial.
“Los jueces y fiscales que no actúan conforme a una interpretación libre de la ley, lo hacen bajo condiciones y limitaciones impuestas, tácita o explícitamente, por los poderes reales, poderes invisibles, que son los que realmente gobiernan. (...). La independencia judicial se ve constantemente amenazada y menoscabada. Los regímenes autoritarios, de cualquier índole, siempre ignoran la importancia y el poder de un juez independiente”, continuó.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, destacó la relevancia de la trayectoria del costarricense y el contexto en que le otorgan el premio.
“En ese contexto de los ataques autócratas a los jueces independientes, entendemos el sentido de la represalia al juez Cruz Castro, cuando su visa fue revocada. Él fue valiente e independiente y dio una clase de defensa a los derechos humanos. Él escribió para rechazar el cambio hacia la exclusión, la invisibilidad de la dignidad humana en este caso de los migrantes, quienes han sido tratados como objetos y han sido sujetos de un proceso de humillación que no podemos ignorar”, dijo Satterthwaite.
El pasado 16 de marzo, se confirmó que el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa para viajar a ese país. Solo tres días después, Cruz confirmó que también le fue revocado el mismo documento a su esposa, Virginia Chacón.
Nuevo acuerdo
En marzo pasado, el Gobierno de Costa Rica firmó un nuevo acuerdo con Estados Unidos que permitirá a la potencia norteamericana deportar hasta 25 personas por semana a suelo costarricense.
Se trata de un memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios, mediante el cual se trasladará a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en EE. UU.
El pacto fue firmado por Rodrigo Chaves y la enviada especial del Escudo de las Américas, Kristi Noem. El 11 de abril, el país recibió al primer grupo de migrantes deportados.