Los 200 migrantes enviados a Costa Rica por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufren una privación de libertad de facto al no poder salir del Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) de la Zona Sur, denunció el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) este martes.
Dicha entidad, adscrita a la Defensoría de los Habitantes, señaló que aunque se usen términos como “retención temporal”, “atención transitoria” o “alojamiento humanitario”, la realidad es que los migrantes no tienen libre tránsito y no se les permite salir por su propia voluntad.
“En el derecho internacional se considera privación de libertad de facto si a las personas migrantes se les restringe su libertad de circulación afuera del lugar de ubicación, sin una base legal con causal legítima (por ejemplo, sin haber cometido un delito penalizado por el ordenamiento jurídico, o sin medida cautelar de aprehensión, como es el caso de estas personas) (...). Hay que recordar que estas personas son deportadas forzadamente desde EE. UU., sin su voluntad”, explicó el MNPT.
La entidad recordó que Costa Rica ha firmado convenios sobre derechos de personas migrantes, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, además del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege a las personas nacionales y extranjeras contra la detención arbitraria.
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Por otro lado, al crear una categoría especial para los deportados por Estados Unidos, Catem podría darles un mejor trato en comparación con las otras personas que llegan al centro, en su mayoría venezolanos, en aspectos como la posibilidad de más días de estancia, mejores condiciones de alojamiento, de calidad de la alimentación, de acceso a salud u otros.
También se señalaron contradicciones en el discurso de las autoridades costarricenses, pues se comprometieron a enviar a las personas a su país de origen en un lapso corto de tiempo; sin embargo, Costa Rica debería revisar cada solicitud de refugio que tramiten aquellos cuyas vidas corran riesgo en sus respectivos países. Los 200 migrantes son originarios de Ghana, Kazajistán, Jordania, Irán, Azerbaiyán, Vietnam, Georgia, Rusia, Afganistán, Turquía, Armenia, China, Uzbekistán, India, Nepal y la República Democrática del Congo.
Este martes, la Dirección General de Migración aseguró que de momento ningún extranjero ha solicitado refugio. En los últimos dos días, 13 migrantes dejaron Costa Rica: cuatro de Georgia y cuatro de Jordania, así como cinco de Azerbaiyán. En total, ya salieron 16 personas, entre ellas, nueve menores de edad.
Los migrantes llegaron en dos vuelos, el primero el 20 de febrero, que traía 135 pasajeros, y el segundo aterrizó cinco días después, con 65 personas a bordo. Desde el Aeropuerto Juan Santamaría fueron trasladados en bus al Catem de Corredores, en Puntarenas.
Agresiones fuera de Costa Rica
Funcionarios del MNPT detectaron que algunos tenían lesiones en muñecas y tobillos por el uso prolongado de grilletes colocados antes de llegar a Costa Rica. Al ser entrevistados, varios de ellos denunciaron maltratos en Estados Unidos, como el uso de grilletes, la desinformación sobre las razones de la detención y el traslado, desinformación sobre Costa Rica y el posible país destino final, desinformación sobre la temporalidad de las detenciones, inadecuada alimentación y condiciones de alojamiento, trato grosero, detención por periodos de varios días, y retención de documentos de identidad y sus pertenencias.
Los migrantes reportaron también una sensación de ser tratados como criminales, desánimo y desesperación sobre el futuro, así como una ansiedad particular entre los niños.
“Estas consideraciones son muy relevantes para el MNPT como parte del seguimiento del legado de la lucha por sostener un Estado de Derecho con soberanía, democracia y respetuoso de los Derechos Humanos, ya que si esto no se cumple se corre el riesgo de ser un país que forma parte de las fallas en la garantía de derechos que se realizan en otros países”, indicó el MNPT.
Además de estos hallazgos, la entidad también resaltó buenas prácticas en el Catem, como la participación de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), entre otros.
“Esto promueve el acceso al derecho a la solicitud de refugio, el derecho a la salud (con profesionales en medicina y psicología), mecanismos de protección a las poblaciones con requerimientos especiales (menores de edad, adultas mayores, mujeres embarazadas y lactantes, personas con discapacidad, etc.), derecho a la información (con presencia de intérpretes), derecho a condiciones dignas (trato, higiene, agua potable, alimentación nutritiva, alojamiento)”, apuntó.
