La empresa alemana Faber-Castell, el mayor fabricante de lápices del mundo, acusó al Gobierno de Costa Rica de haber utilizado su antigua fábrica como centro de detención de migrantes deportados por Estados Unidos, pese a que la compañía europea la donó al país centroamericano con fines humanitarios, según una investigación publicada este lunes 9 de febrero por el diario británico The Guardian.
De acuerdo con la publicación, la compañía afirmó que desconocía que su antiguo complejo industrial en el sur de Costa Rica estuviera siendo usado para privar de libertad a solicitantes de asilo, enviados a Costa Rica tras ser deportados por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
La planta, ubicada en el cantón de Corredores cerca de la frontera con Panamá, fue cerrada por Faber-Castell en 2013 y donada al Estado costarricense en el 2018, bajo el compromiso contractual de que sería destinada exclusivamente a servir como albergue y centro de asistencia humanitaria para personas migrantes, sin posibilidad de cambiar su uso.
Sin embargo, según The Guardian, el sitio —hoy conocido como Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem)— fue utilizado en el 2025 para alojar al menos 200 personas deportadas desde Estados Unidos, quienes permanecieron allí durante semanas e incluso meses, sin posibilidad de salir libremente y bajo custodia estatal.
La empresa alemana aseguró que no fue informada de ese cambio de uso y que solo tuvo conocimiento de la situación cuando fue contactada por el medio británico.
“No teníamos conocimiento de este uso indebido hasta que fuimos contactados por The Guardian”, afirmó Faber-Castell al referirse a la detención de personas migrantes en las instalaciones donadas al Estado costarricense
“Acordamos y estipulamos en el contrato que el edificio sería transformado en un centro humanitario de refugio y que bajo ninguna circunstancia se utilizaría como una prisión”, indicaron representantes de la filial de Faber-Castell en Brasil, citados por The Guardian.
El reportaje recoge testimonios de migrantes que denunciaron retención de pasaportes, restricciones a la libertad de movimiento y deterioro de su salud física y emocional durante su estancia en el centro. Entre ellas, figura un ciudadano ruso que relató haber perdido peso de forma drástica y no comprender por qué su familia estaba privada de libertad.
The Guardian también señala que la Sala Constitucional de Costa Rica resolvió en el 2025 que las personas deportadas y alojadas en el Catem fueron privadas ilegalmente de su libertad, al tratarse de un centro no diseñado para detención y sin base jurídica suficiente, lo que constituyó una violación de derechos fundamentales.
El Ministerio de Seguridad Pública rechazó esas acusaciones y sostuvo que las medidas respondieron a criterios humanitarios, debido a que las personas deportadas carecían de visa para ingresar al país y se encontraban en condición de vulnerabilidad, según declaraciones recogidas por el medio británico.
Contexto regional
El caso se da en un contexto regional de creciente preocupación por el trato a las personas migrantes. A inicios de febrero, Human Rights Watch (HRW) advirtió de que varios gobiernos de América Latina y el Caribe han violado derechos humanos de migrantes, amparados en las políticas y la retórica migratoria de la administración Trump, según su Informe Mundial 2026.
En su 36ª edición, el documento de 529 páginas examina la situación de los derechos humanos en más de 100 países y alerta sobre prácticas que incluyen detenciones arbitrarias, traslados forzados y falta de garantías legales para personas migrantes.
El ensayo introductorio, firmado por el director ejecutivo de HRW, Philippe Bolopion, señala que el mundo enfrenta “una marea de autoritarismo” que amenaza el sistema internacional de derechos humanos.
Bolopion llamó a las democracias y a la sociedad civil a forjar alianzas estratégicas para defender las libertades fundamentales frente a amenazas globales, incluidas las emanadas de las políticas migratorias de Washington.