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El subjefe chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Daniel Vargas, entregó este martes el informe negativo de minoría en el que él recomienda rechazar el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
El diputado formó parte de la comisión especial que analizó la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para quitarle el fuero al mandatario para poder llevar adelante una investigación sobre 15 denuncias de beligerancia política presentadas contra actuaciones del gobernante.
A diferencia de Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), y de Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), quienes sí recomendaron al plenario el desafuero, Daniel Vargas lo rechaza y alega que el proceso es una “persecución política”.
Este martes era el último día que tenía el legislador para entregar su informe, luego de que las otras integrantes del órgano parlamentario emitieron su dictamen afirmativo de mayoría el 26 de noviembre.
El Reglamento establece un plazo de ocho días hábiles para que los otros diputados entreguen sus informes de minoría, contados a partir del día siguiente a la presentación del dictamen de mayoría.
Además, las normas exigen dar un plazo de espera de dos días, luego de recibidos los informes, para que un asunto entre en el orden del día del plenario, plazo que se cumple este jueves.
La discusión sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves estará en la agenda del plenario legislativo para la sesión del próximo lunes 15 de diciembre.
Sin embargo, este lunes, los jefes de las fracciones políticas acordaron realizar ese debate el próximo martes 16, a partir de la 1 p. m., en una sesión extraordinaria del pleno del Congreso.
En principio, Rodrigo Chaves sí asistiría esta vez a la Asamblea, tal como informó la jefa chavista del PPSD, Pilar Cisneros, a los demás jefes de fracción, el lunes.
Conclusiones de subjefe chavista: ‘Persecución política y riesgos para la democracia’
Entre los argumentos que presentó Daniel Vargas está que el procedimiento es técnica y jurídicamente insostenible, porque insistió -como lo han hecho los chavistas desde inicios de octubre- en que el TSE no tiene competencias para solicitar el desafuero de Chaves.
Sin embargo, en múltiples pronunciamientos, citados por el TSE y por la presidencia legislativa, se enfatizó en las potestades constitucionales de los magistrados electorales para solicitar el levantamiento de la inmunidad.
Vargas argumentó una supuesta incompetencia de la Asamblea para tramitar la solicitud, así como una presunta violación al principio de legalidad, y del principio democrático y el mandato popular.
Aunque el subjefe chavista alegó que no existe normativa en el Reglamento legislativo, la presidencia del Congreso aplicó supletoriamente las reglas correspondientes al trámite de acusaciones contra altos funcionarios, al conformar una comisión de tres diputados y darles el mandato de hacer una recomendación al plenario.
Otro argumento de Vargas es que a Rodrigo Chaves se le lesionó el derecho de defensa, a pesar de que la comisión especial le dio 50 minutos para que presentara sus argumentos y la posibilidad de responder preguntas de los legisladores, cosa que el mandatario no aprovechó, pues abandonó la sesión.
El chavista alega que el TSE se sobrepasa en sus potestades, por lo que sostiene que hay persecución política contra Rodrigo Chaves, y afirma que hay riesgos para la democracia costarricense, pues temen los seguidores del mandatario que haya una destitución si los magistrados determinan que cometió el ilícito de beligerancia política.
