Los jefes de las fracciones políticas definieron este lunes la fecha en que se discutirá, en el plenario de la Asamblea Legislativa, el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para afrontar 15 denuncias por beligerancia política en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La moción con los detalles del debate reglado para ese día fue aprobada este lunes, de forma unánime, con los votos de los 41 legisladores presentes en el plenario del Congreso.
La fecha que originalmente propuso el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, fue el lunes 15, pero las fracciones de Nueva República (PNR) y los chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) habían pedido tiempo para conversarlo a lo interno de sus bancadas.
La discusión se dará en la última semana de labores de los diputados, antes de irse al receso de fin y principio de año, a partir del viernes 19 de diciembre.
El traslado de la discusión al martes 16 fue por solicitud de la Presidencia de la República, pues la jefa oficialista del PPSD, Pilar Cisneros, les informó a los demás jefes de fracción que Rodrigo Chaves tiene exámenes médicos el próximo lunes, fecha inicialmente prevista para la discusión.
El pasado 26 de noviembre, la Comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves recomendó, por dos votos a favor y uno en contra, el desafuero del mandatario.
Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), votaron de forma afirmativa la recomendación de levantar la inmunidad, mientras que el subjefe chavista, Daniel Vargas, votó en contra de la recomendación y anunció que emitirá un informe negativo sobre el desafuero.
La decisión se toma después de recibir al mandatario en audiencia, el 14 de noviembre, fecha en la que asistió y habló por 50 minutos, más los 10 minutos de su abogado, el candidato chavista a diputado José Miguel Villalobos.
Ese día, Chaves estuvo en la comisión especial por cerca de una hora y media y, una vez que habló, se levantó y abandonó el órgano legislativo, sin responder preguntas de los diputados allí presentes.
Larios y Alfaro explicaron las razones que las impulsan a recomendar el levantamiento de la inmunidad de Chaves para que afronte las denuncias sobre beligerancia política, tal como lo solicitó el TSE.
La liberacionista señaló que hay pruebas suficientes en contra del mandatario, varias denuncias coincidentes, pero no idénticas, por lo que no se puede considerar que se trata de un grupo de personas organizado para afectar al presidente.
Por su parte, la frenteamplista Rocío Alfaro enfatizó que el TSE no está acusando, sino solicitando el desafuero y, solo si se levanta la inmunidad, podría seguir adelante con la pesquisa sobre la falta electoral de que se le señala al mandatario.
“Hay dos informes preliminares que señalan la posibilidad de estar frente a faltas de carácter electoral, por beligerancia, y que se presentan de forma consistente”, mencionó Alfaro sobre el expediente que estudiaron para hacer la recomendación.
La congresista también enfatizó que no se puede presumir manipulación de los hechos descritos, pues están respaldados por prueba material, la cual no fue refutada por la defensa del mandatario.
¿Por qué pidió el TSE quitarle la inmunidad a Chaves?
El TSE solicitó a los diputados levantarle la inmunidad a Chaves, el 7 de octubre, luego de analizar 15 denuncias de forma preliminar y determinar que sí era necesario pedir el desafuero, para realizar una investigación de fondo que determine si el presidente cometió parcialidad electoral en sus actos y declaraciones.
La Sección Especializada del TSE hizo la solicitud de levantamiento de la inmunidad con base en denuncias presentadas por 10 personas diferentes, entre ellas Ricardo Sancho, presidente de Liberación Nacional (PLN), y Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como los diputados Antonio Ortega, Johana Obando y Luis Fernando Mendoza.
Además de las denuncias mencionadas, el expediente por el que se solicita quitarle el fuero a Chaves incluye denuncias del ciudadano Allen Solera Cordero, de Gonzalo Coto Fernández, secretario general del PAC; de Claudio Alpízar, Óscar Aguilar Bulgarelli y Giovanni Delgado Castro.
A diferencia de otros funcionarios y políticos investigados por beligerancia, en el caso del presidente Chaves corresponde solicitar el desafuero, pues por su cargo está protegido por la inmunidad constitucional.
