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La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó a la Inspección Electoral abrir una investigación preliminar contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por supuesta beligerancia política.
La beligerancia es un acto ilícito. Lo comete el funcionario que se involucra en actividades políticas electorales o que realiza actos que favorezcan a un partido político. El artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política establece que el TSE debe promover un ejercicio del sufragio sin interferencias del Estado o de empleados públicos.
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La gestión nació a raíz de denuncias presentadas por autoridades de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA), por manifestaciones realizadas por el mandatario en distintas conferencias de prensa y en cadena de televisión.
A inicios de febrero, ya el órgano electoral había hecho un llamado al presidente Chaves para no pasarse de la raya en sus manifestaciones, cuando archivó dos denuncias, una de ellas del secretario general del PLN, Miguel Guillén.
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En ese momento, llamó al mandatario para que no incurriera en mensajes ambiguos que comprometan la neutralidad política que él, como mandatario, debe tener con respecto a las elecciones del 2026. Se trata de una obligación fijada en la Constitución Política.
Aparte de las denuncias de los dirigentes partidarios, existe una presentada por un ciudadano de apellidos Solera Cordero, también remitida para investigación preliminar, y centrada en manifestaciones hechas por Chaves en la conferencia previa al Consejo de Gobierno, el miércoles 4 de diciembre.
En la transmisión de ese día, el mandatario hizo constantes peticiones a los costarricenses de elegir 40 o 45 diputados en las elecciones del 2026, “contrarios a los que eligieron en este periodo”.
Solera relató, en su denuncia, que Chaves dijo que ya las personas saben cómo elegir esa cantidad de diputados y que él no se está metiendo en beligerancia. Además, señaló que, en la cadena presidencial del domingo 8 de diciembre, el presidente fue “más descarado que de costumbre al repetir el cuento”.
“No hay que tener más de dos dedos de frente para saber y entender lo que está haciendo; es campaña política, según ellos disimulada, pero es más que evidente lo que está pidiendo, violando así el ordenamiento jurídico y electoral, que nos costó ríos de dolor y sangre a los costarricenses”, dijo Solera en su denuncia.
Apuntó que Chaves está induciendo el voto de los costarricenses ilegal y descaradamente para las elecciones 2026.
Solera añadió que ha visto a 12 presidentes de la República, durante su vida, ejercer y cumplir la legalidad, pero a Chaves tratar de destruir la institucionalidad.
“Pensé que la democracia era sólida, pero me di cuenta de que no es así. Para mí, es histórico porque esta decisión del TSE le da una bocanada de oxígeno a la democracia”, indicó el ciudadano.
El presidente del PLN, Ricardo Sancho, enfatizó que de ningún modo es permitido que el mandatario esté metido en política electoral.
“Eso no es válido, ni permitido por la Constitución Política ni las leyes. Está penalizado y creo que, para mantener la salud de la democracia y el balance político, Chaves debe abstenerse de arengar a seguidores a sacar un número determinado, interviniendo en la política electoral”, dijo.
El liberacionista apuntó que la apertura de la investigación da señales de que efectivamente hay sospechas de beligerancia en las manifestaciones del presidente, intentando promover su movimiento político.
“El Tribunal hace bien en plantear una investigación exhaustiva de estos hechos, contrarios a la lógica de una democracia como la de Costa Rica”, dijo Sancho, quien puntualizó que Chaves debe dedicarse a trabajar y no a politiquear.
