“No nos están trasladando los recursos que por ley nos corresponden para las rutas cantonales, y aun así lo hacemos muy bien. Pero ahora, adicionalmente, nos quieren pasar más calles. Eso es a lo que estamos opuestos”. Así criticó el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y alcalde de Sarchí, Maikol Porras, el decreto ejecutivo que permite que el gobierno transfiera tramos de la red vial nacional a las redes cantonales, que son administradas por las municipalidades.
La ANAI mantiene ante el Tribunal Contencioso Administrativo una demanda de nulidad contra el decreto 44263-MOPT, pues consideran que el documento es ilegal e inconstitucional. Asimismo, cuatro municipalidades presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Sala IV.
Para la Asociación de Alcaldes, el traslado de competencias y la asignación de nuevos recursos se deben realizar mediante un proyecto de ley. Sin embargo, alegan que el citado decreto permitiría delegarles la atención de 3.071 kilómetros de carreteras secundarias y terciarias sin darles más dinero.
“Hay municipalidades que han dicho ‘Yo me puedo hacer cargo de esta calle, no tengo ningún problema, me parece bien hacerlo, pero si me trasladan algo adicional de recursos’. La ley que faculta el traslado de recursos a las municipalidades es para la red vial cantonal, y ya tiene establecida una cantidad de kilómetros. Ahora, si nos pasan más calles, necesitamos ir a la Asamblea Legislativa para modificar esa ley y que se puedan pasar más recursos a los gobiernos locales”, defendió Porras.
El presidente de la ANAI destacó la denuncia planteada por la diputada liberacionista, Paulina Ramírez, el pasado 16 de setiembre. Según la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el Ministerio de Hacienda asignó ¢12.645 millones menos de lo establecido en la ley para atender la red vial cantonal, en el Presupuesto Nacional del 2025.
Ramírez señaló que el presupuesto destinado a las vías cantonales será de ¢119.119 millones, manteniendo el mismo monto que en el 2024. Sin embargo, de acuerdo con la Ley 8114, el monto correspondiente debería ser de ¢131.764 millones.
Porras reconoció que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, indicó estar dispuesto a tramitar un proyecto de ley para otorgarles más fondos. Sin embargo, hasta el día de hoy ese proyecto no existe en corriente legislativa. La única iniciativa que existe en ese sentido es del diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Municipalidades mantienen demanda de nulidad contra decreto
La Nación publicó este lunes que el Tribunal Contencioso Administrativo descongeló la suspensión provisional que pesaba sobre el decreto ejecutivo 44263-MOPT. Esta medida cautelar provisionalísima se aplicó por petición de la Municipalidad de Santa Bárbara, que planteó una demanda de nulidad contra dicha orden presidencial.
Este decreto ejecutivo fue publicado en setiembre del 2023 con las firmas del presidente Rodrigo Chaves y el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, y entró a regir el pasado miércoles 10 de julio. Sin embargo, recibió fuertes críticas por parte de la ANAI y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
El 11 de julio, por petición del alcalde de Santa Bárbara, Víctor Hidalgo, el juez tramitador Johel Antonio Beausejour congeló la orden presidencial, mientras el Tribunal obtenía más elementos de juicio para resolver definitivamente.
Sin embargo, este 1.° de octubre la jueza Alana Fonseca determinó que la solicitud de Hidalgo no contaba con los elementos necesarios para el otorgamiento de las medidas cautelares, ya que argumentaba un abuso de potestades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pero no justificaba por qué era necesario suspender la aplicación del decreto. En consecuencia, declaró la solicitud sin lugar y el decreto continúa vigente mientras se resuelve el fondo de la demanda.
El presidente de la ANAI, Maikol Porras, afirmó que respetan la resolución del Tribunal, pero continuarán impulsando su demanda de nulidad para demostrar la invalidez del decreto.
“Lo que va a suceder es que ahora el MOPT podría reactivar la transferencia de las calles a los cantones. Lo que se ha dicho por parte del ministerio es que eso no se va a hacer sin la venia, sin la negociación, sin la conversación previa con los gobiernos locales. Esperamos que se abran nuevamente canales de diálogo con las autoridades, ya que el decreto aún tiene una demanda en trámite”, expresó el líder municipal.
Porras aclaró que hasta la fecha no le han trasladado a ninguna municipalidad kilómetros adicionales de carreteras, sin embargo, aseguró que mientras el decreto esté vigente, esta es una posibilidad latente.
Según la asociación de municipios, las calles que el MOPT pretende pasarles se encuentran distribuidas en 78 cantones, principalmente rurales. Los territorios a los que se les darían más kilómetros son San Carlos (230 km), Pérez Zeledón (223 km), Pococí (190 km), Tilarán (114 km), Turrubares (97 km), Corredores (93 km), Turrialba (87 km), Nicoya (83 km) y Puriscal (81 km).
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