El Tribunal Contencioso Administrativo suspendió provisionalmente el decreto que transfiere tramos de la red vial nacional a las redes cantonales, el cual entró a regir este miércoles 10 de julio.
La resolución, firmada por el juez tramitador Johel Antonio Beausejour Chaves, indica que la suspensión del “Reglamento para definir Caminos Públicos, su clasificación y codificación” responde a una “medida cautelar provisionalísima e inaudita altera parte (sin que la otra parte haya sido escuchada)”, planteada por la Municipalidad de Santa Bárbara.
Esta medida estará vigente hasta que el Tribunal obtenga más elementos de juicio para resolver definitivamente la solicitud del municipio de anular el decreto ejecutivo 44263-MOPT. Esa normativa fue firmada por el presidente Rodrigo Chaves y el ahora exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, en setiembre de 2023.
“Nótese que el tema en discusión gira en torno a un aparente abuso en la potestad reglamentaria del Estado sobre la recalificación vial nacional. Al examinar quien redacta la conducta administrativa cuestionada con el fin de acoger o no esta solicitud, denota que el decreto ejecutivo carece de transitorio alguno que determine la recalificación vial que hace, volviendo necesario acoger la solicitud cautelar provisionalísima peticionada”, señala la decisión.
Asimismo, el documento resalta la “extrema urgencia” planteada por el ayuntamiento interesado, ya que el decreto podría afectar el buen funcionamiento de la corporación municipal, los fondos públicos y el mantenimiento y la condición de las rutas actuales. Por estas razones, el juez consideró que de no otorgarse la medida se “podría estar ocasionando una lesión irremediable a los intereses económicos y sociales de todos los administrados”.
La resolución notificada este jueves otorga un plazo de tres días hábiles al Estado para que presente por escrito los descargos correspondientes.
Aparte de esa gestión en la vía contenciosa, cuatro municipalidades también presentaron acciones ante la Sala Constitucional.
Ministro dice que ‘no se ha trasladado ni 1 km de carretera’
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, aseguró este jueves en conferencia de prensa que hasta ese momento desconocía de la resolución que suspende el decreto, pero aseveró que con esta gestión las municipalidades se están “disparando en el pie”, pues no van a poder atender la red vial cantonal con anchos menores a 14 metros con los fondos que les otorga la Ley 8114 (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias).
Según dijo, muchos municipios que ya habían pedido el traslado de rutas para comenzar a intervenirlas no van a poder hacerlo.
Batalla insistió en que no es cierto que exista una lista de rutas que van a pasar automáticamente a ser parte de las redes cantonales y que el decreto lo que hace es establecer los criterios para determinar cuáles rutas son estratégicas y cuáles pueden pasar a manos de los ayuntamientos.
“ No es cierto que se les vaya a imponer, no es cierto que el Ministerio les está entregando esos 3.000 km de carretera (...) Es falso que el MOPT le esté pasando 1 solo km de carretera de la red vial nacional a las municipalidades, lo que hace es generar ocho criterios para definir y hacer la evaluación de la red vial”, declaró el ministro.
De acuerdo con el jerarca, una vez que se tengan definidas cuáles rutas entran en esos criterios se sentarán con cada alcalde. En caso de que un cantón no tenga la capacidad o no esté de acuerdo, aseguró que se realizarán las modificaciones de ley correspondientes para la reasignación de recursos.
El Ministerio además informó en un comunicado de que se trabajará en una reforma del decreto para que se especifique que el traslado de las rutas se hará por solicitud del gobierno local o por solicitud del jerarca del MOPT, fundamentado en un interés público.
Además, se acordó con la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) que la Secretaría Técnica de Planificación Sectorial del MOPT, la asesoría jurídica del despacho del ministro, en conjunto con las municipalidades, revisarán caso por caso para determinar cuáles rutas estarían dispuestas las municipalidades a recibir y cuáles no.
Gestiones de municipalidades que se oponen
Por su parte, la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) y ANAI, anunciaron que municipalidades de todo el país continuaron este jueves con la interposición de demandas de nulidad en contra del decreto. Tras el fallo en favor de la Municipalidad de Santa Bárbara, otras 19 municipalidades presentaron documentos ante el Tribunal Contencioso.
“El régimen municipal está unido en esta lucha que hemos emprendido. Estamos presentando esta medida cautelar y ya se presentaron acciones de inconstitucionalidad, pues consideramos que el decreto violenta principios constitucionales. Agradecemos a las alcaldías, intendencias y federaciones por este esfuerzo conjunto”, comentó Patricia Porras, alcaldesa de Aserrí y presidenta de la UNGL.
En respuesta a la posición del MOPT, los representantes de las municipalidades destacaron la disposición de iniciar un proceso de negociación para revisar cada una de las rutas y poder opinar al respecto.