El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pretende aumentar la cantidad de kilómetros de la red vial que deben atender las 84 municipalidades del país. Sin embargo, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) reclaman que el traslado de rutas se haría sin darles los recursos presupuestarios necesarios para darles mantenimiento.
Según Mauricio Batalla, ministro de Obras Públicas y Transportes, el plan es transferir a los ayuntamientos las rutas que no son primordiales ni de importancia estratégica, como sí lo son las vías que llevan a puertos, aeropuertos y fronteras.
El pasado 19 de junio, el jerarca aseguró que la propuesta incluye contenido económico adicional para los 84 cantones, de manera que puedan atender caminos que hoy son responsabilidad del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Batalla indicó que la asociación de alcaldes estaba al tanto de su propuesta y conocía los montos de inversión que realizó el Conavi en esas vías durante los últimos años.
“Se va a entregar un porcentaje de los recursos que se gastan; para eso, se hizo un ejercicio matemático donde se determinó cuánto ha invertido Conavi en esta red no estratégica y, a partir de ahí, se va a entregar. Eso tiene que venir con una modificación de ley que vamos a trabajar en los próximos meses. Nos quedan seis meses para seguir trabajando”, declaró el ministro.
Si bien el gobierno anunció un proyecto de ley para hacer el traspaso, este miércoles 10 de julio entrará a regir un decreto ejecutivo que, según los alcaldes, les hace el traspaso de una vez, al redefinir cuáles son las vías nacionales y cuáles son las cantonales.
ANAI y UNGL refutan al ministro
La ANAI y la UNGL refutaron las declaraciones de Batalla, y aseguraron que el MOPT no les otorgaría los recursos suficientes para atender los 3.071 kilómetros de vías tanto terciarias como secundarias. Añadieron que la mayoría de estas carreteras son de lastre, ya que solamente el 19% de las rutas terciarias están asfaltadas.
“En todo el territorio nacional hay calles y caminos que por años han estado abandonados por parte del Conavi y el MOPT. Se trata de rutas nacionales que hoy las quieren trasladar a los gobiernos locales, pero sin una transferencia adicional de recursos. Es por esto que nos oponemos y solicitamos la derogatoria del decreto”, indicó Maikol Porras Morales, alcalde de Sarchí y presidente de ANAI.
Según la asociación de municipios, las calles que el MOPT pretende pasarles se encuentran distribuidas en 78 cantones, principalmente rurales. Los territorios a los que se les darían más kilómetros son San Carlos (230 km), Pérez Zeledón (223 km), Pococí (190 km), Tilarán (114 km), Turrubares (97 km), Corredores (93 km), Turrialba (87 km), Nicoya (83 km) y Puriscal (81 km).
Estima que, de concretarse el traspaso de vías a las municipalidades, se requieren al menos ¢70.000 millones anuales para darles un mantenimiento básico, sin tomar en cuenta arreglo de puentes, taludes, cordones de caño y otras inversiones.
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“Conavi recibe muchos más recursos que las municipalidades para atender cada kilómetro de vías. La red vial nacional (atendida por Conavi) consta de 7.847 km, para los que recibirán este 2024 un total de ¢116.000 millones correspondientes del impuesto a los combustibles. Mientras tanto, las municipalidades deben atender 38.000 kilómetros con ¢119.000 millones que le son trasladados de ese rubro”, afirmaron la ANAI y la UNGL.
La Nación constató que Mauricio Batalla realizó una reunión virtual con los alcaldes el pasado viernes 21 de junio. En conferencia de prensa, el ministro confirmó que pretendía explicarles el porcentaje de dinero que se les trasladará, la cantidad de kilómetros de carreteras que atenderán y cómo se hará el proceso de entrega de los caminos.
El alcalde de Río Cuarto, José Miguel Jiménez, que participó en la reunión con el ministro, confirmó que les ofrecieron otorgarles a los ayuntamientos un 12% de lo que se recauda con el impuesto único a los combustibles, pese a que, según datos de la UNGL, Conavi tiene asignado un 21,75% de ese tributo para atender las vías que pretende trasladar.
“Es un ofrecimiento verbal, no hay nada plasmado por escrito. El decreto entra a regir el 10 de julio y aún no nos han indicado cuánto nos van a pasar ni cuál va a ser la forma; lo único es un pronunciamiento muy escueto de que será un 12% del impuesto, pero no tenemos nada firme”, explicó Jiménez.
Batalla, en tanto, afirmó: “Cada municipalidad sabe dónde le ‘chima’ el zapato. Conavi tiene una visión general, pero el alcalde que está ahí puede decir cuál calle le interesa más arreglar, porque por ahí salen más productos o tiene más productividad el cantón. Cada alcalde sabe, y la idea es darle la oportunidad a 84 gerentes de que manejen esos dineros”.
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A mediados de junio, el jerarca recordó que el próximo miércoles 10 de julio entra en vigencia el decreto ejecutivo 44263-MOPT, que establece cuáles carreteras del país son de interés estratégico para el Ejecutivo y cuáles no lo son. A partir de ese documento, el gobierno decidirá cuáles vías se delegan a los ayuntamientos.
Sin embargo, la versión de la ANAI y la UNGL es diferente, ya que aseguran que el decreto del MOPT pretende realizar el traspaso de carreteras de forma inmediata. Alegan que eso violenta los artículos 170 y 171 de la Constitución Política y la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades.
Por esta razón, la UNGL, la ANAI y las federaciones municipales solicitaron al presidente de la República, Rodrigo Chaves, derogar el decreto. Dieron al Poder Ejecutivo hasta el 30 de junio para responder a sus peticiones.
“Las municipalidades han venido haciendo un gran esfuerzo para atender las necesidades de las calles y caminos cantonales con el desarrollo de planes quinquenales. La imposición del decreto 44263-MOPT echará a perder esa planificación, trayéndose al suelo las ilusiones de miles de costarricenses que han confiado en las municipalidades para ver una mejoría en sus caminos”, aseveró Patricia Porras Segura, presidenta de la UNGL.
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El jerarca del MOPT garantizó que las obras que actualmente realiza el Conavi no se detendrán, ya que la entidad dejará contratados los servicios de conservación y mantenimiento por los próximos cuatro años. Además, sostuvo que la entrega de carreteras a las municipalidades será progresiva.
“No se van a detener los trabajos, se va a ir dando el cambio paulatinamente. Esto tiene que venir con una modificación de ley en la cual vamos a estar trabajando los próximos meses; nos quedan seis meses para seguir trabajando en conjunto con las municipalidades”, expresó.
El pasado viernes 21 de junio, La Nación consultó al MOPT cuáles fondos se trasladarían a las municipalidades, de dónde se obtendría este dinero, el monto aproximado y el porcentaje que representa respecto al total del dinero que se destina a infraestructura vial. Sin embargo, no se obtuvo respuesta a esas consultas.
Posteriormente, el viceministro de Infraestructura y director ejecutivo del Conavi, Efraím Zeledón, declaró que el proyecto no es nuevo, sino que se trabajó desde la administración de Luis Amador (anterior ministro) con los anteriores alcaldes. Agregó que se hizo una consulta pública pero que solo dos personas expresaron su descontento.
“Es algo que se venía trabajando, no es como tal vez se ha malinterpretado, que el Ministerio quiera meter un gol o una cosa así, realmente no hay una mala intención. Muchas municipalidades tienen la idea de que en el decreto viene una lista de rutas que van a ser automáticamente trasladadas, eso no es correcto. El decreto solo establece los parámetros para definir cuáles rutas no forman parte de la red estratégica y podrían ser trasladadas a la red vial cantonal”, declaró Zeledón.
“Se ha hablado con muchos alcaldes que son conscientes de que en este momento, por limitaciones presupuestarias, el MOPT y el Conavi no pueden asumir rutas que para nosotros no son estratégicas. A nosotros se nos dificulta mucho atenderlas. Muchos alcaldes lo ven como algo positivo porque pueden definir cómo atender las rutas”, agregó el viceministro.
Finalmente, el viceministro indicó que bajo la legislación actual no existe un marco regulatorio que permita trasladar rutas nacionales a cantonales, y este decreto abriría esa posibilidad.
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