El abandono que enfrenta la red vial nacional tiene al menos 713 kilómetros (km) de carreteras en tan mal estado que requieren reconstrucción total, pues su nivel de deterioro ya no puede atenderse con labores de conservación y mantenimiento.
Así lo reveló el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, durante una comparecencia ante los diputados de la comisión de Infraestructura, la noche de este lunes.
La cifra dada por Amador se desprende al tomar en cuenta los niveles menos exigentes del índice de regularidad de la superficie, que consideran el grado de confort al conducir. Si se toman estándares más elevados, la cifra de kilómetros con pésima condición asciende a más de 3.200.
Según Amador, recuperar la condición de esos tramos de carretera destruidos, requiere de una inversión que ronda $1 millón por kilómetro-carril.
Además, el jerarca dijo que, en general, devolver la red vial a su condición óptima, luego del abandono de los últimos dos años, tomaría unos ocho años y requeriría de una inversión aproximada de $150 millones anuales.
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El ministro también hizo referencia al mal estado de puentes, de los cuales hay 50 en condición muy crítica.
Según dijo, como una medida para hacer frente a esta situación, presentará ante la Contraloría General de la República una solicitud para atender la red vial mediante la figura de “extrema urgencia”, la cual, dijo, se justifica en el riesgo de que pueda causar lesiones a personas o bienes.
Mecanismos
Ante la consulta sobre los contratos para atender las rutas nacionales, el ministro explicó que manejan cuatro mecanismos. El primero se lleva a cabo desde hace algunos meses y comprende las contrataciones directas para bacheo y limpieza con tope de ¢150 millones por contrato.
La segunda herramienta se enfoca principalmente en la atención de emergencia, pues permite la contratación por imprevisibilidad.
“El próximo que vamos a intentar es extrema urgencia, que es daño inminente a personas, y el que deberíamos tener a cinco años, que es conservación, rehabilitación y reconstrucción”, puntualizó el jerarca.
Amador sostuvo que para ese último sistema promocionará las licitaciones internacionalmente, tal como lo hizo con la revisión técnica, para evitar que los contratos se concentren en pocas empresas, como venía sucediendo años atrás. También, se valora la segmentación de zonas más pequeñas para que puedan ser atendidas por empresas de menor tamaño.
Otra de las grandes deudas que deberá atender la actual administración es la implementación de un sistema de gestión de carreteras que permita direccionar más eficientemente los recursos, mantener en buenas condiciones los tramos que están buenos, y reconstruir y “sostener” en buen estado los que están más afectados.
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A finales del año pasado, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) advirtió de que si no se reanudaba pronto el mantenimiento de las vías, la recuperación de la red le costaría al Estado unos ¢235.000 millones.
Los expertos de ese laboratorio también auguraron que la llegada de la época lluviosa, en la condición de abandono en la que se encuentran las carreteras, llevaría un gran porcentaje de rutas al riesgo de colapso, además de una alta peligrosidad para los conductores por situaciones como falta de visibilidad, escasa o nula demarcación, huecos y saturación de sistemas de manejo de aguas.
Proyectos en ejecución
El ministro de Obras Públicas también hizo un repaso para los diputados sobre los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución, así como nuevas obras que se someterían a valoraciones para determinar su viabilidad.
En relación con los proyectos en marcha, Amador hizo énfasis en obras como la de Barranca-Limonal, sobre la cual dijo que está “casi botada”, debido a la falta de capacidad de la empresa H Solís.
En ese proyecto en específico habría interés de la empresa Power China de asumir el contrato. Según el ministro, actualmente se está en negociaciones con H Solís.
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En el caso de Taras-La Lima, a cargo del mismo contratista, el ministro dijo que lograron hacerla arrancar nuevamente tras lograr una conciliación con la empresa, aunque no profundizó al respecto.
Sobre la ruta 32 (San José-Limón), el jerarca una vez más insistió en que el lento avance de ese proyecto, que comenzó en el 2017, obedece ahora a las expropiaciones.
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En cuanto a obras nuevas, Amador mencionó que hicieron la invitación para recibir iniciativas privadas para la construcción de una ruta alterna al Caribe, que se iniciaría en Oreamuno de Cartago. Asimismo, someterán a valoración ampliar la Costanera sur y el trayecto entre Palmar Norte y la frontera de Paso Canoas.
El ministro también aseguró que la propuesta de iniciativa privada para ampliar la Florencio del Castillo, fue devuelta con el fin de que se reduzca el monto de peaje planteado en los estudios financieros.