En el oficio AL-FPFA-43-OFI-181-2025, Acuña le planteó a Acosta que se valore la posibilidad de aprobar el presupuesto de la CCSS con los ¢2.700 millones para financiar el programa de licencias de cuido, máxime después de que la Sala Constitucional falló en favor de varias personas afectadas por la falta de recursos para esos subsidios.
El problema se generó desde agosto, cuando empezaron a agotarse los ¢3.952 millones provenientes del 0,5% del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) que establece la ley 7756.
Aunque los diputados aprobaron ¢2.700 millones adicionales en octubre, dentro de un presupuesto extraordinario, no hay una norma legal que habilite usar ese dinero para los subsidios, tal como lo advirtió la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) y el ministro de Trabajo, Andrés Romero, y lo confirmó la Contraloría General de la República (CGR) el miércoles.
Una reforma legal impulsada por Jonathan Acuña fue aprobada en primer debate por 47 diputados el 30 de octubre, y tiene el fin de autorizar que, cuando los recursos destinados por ley a esas licencias se terminen, exista un mecanismo que le permita a la Desaf seguir financiándolas.
Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves se ha negado a convocar el expediente en las sesiones extraordinarias que empezaron el 1.º de noviembre, bajo el alegato de que no es necesario.
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La segunda barrera legal que afrontaría el pago de los subsidios se debe a que la Caja ha incumplido con la entrega de información financiera a la Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica (BCCR), requisito obligatorio para que le aprueben presupuestos extraordinarios.
La Contraloría indicó que la CCSS culpa de su incumplimiento a la implementación del nuevo sistema contable y la Caja informó de que no podrá remitir dicha información antes del 19 de diciembre.
“Comprendo que la CGR deberá valorar esta solicitud desde el punto de jurídico. Le pido respetuosamente hacer todo lo posible para encontrar esa vía jurídica que permita solucionar el grave problema que están enfrentando centenares de personas cuidadoras. Este problema nunca debió ocurrir, se pudo evitar o se pudo resolver antes. Pero ante la ausencia de voluntad política del Poder Ejecutivo, le pido valorar estas posibilidades”, dijo Acuña.
Una de las personas cuidadoras afectadas, Ivonne Brenes, ha liderado las manifestaciones para exigirle a Rodrigo Chaves que convoque el proyecto que agilizaría la entrega de los subsidios y ha denunciado que el presidente los ha engañado.
Por ahora, no está claro si la Contraloría podrá autorizar ese presupuesto extraordinario o no.
