Personas con licencias especiales para cuido de pacientes en fase terminal y cuido de menor gravemente enfermo ya tienen más de 50 días sin recibir el pago correspondiente. Ellos llevaron carteles con sus testimonios y se manifestaron este viernes frente a Casa Presidencial.
“Necesitamos que el presidente nos oiga, que convoque un proyecto de ley que podría ser la solución”, afirmó Ivonne Brenes Ovares, quien cuida a su hija de tres años, que nació con una enfermedad grave poco común.
Estas licencias son un beneficio para mejorar la calidad de vida de los pacientes en fase terminal por enfermedades avanzadas, progresivas e incurables, así como de los niños, y adolescentes con condiciones de salud calificadas como graves. Las personas con estas condiciones tienen derecho a un cuidador que reciba una licencia que le permita ausentarse de sus labores para atender al enfermo y recibir un subsidio por parte del Estado.
Sin embargo, desde setiembre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) agotó los recursos disponibles en su presupuesto 2025. Esta situación llevó a aprobar los permisos laborales, pero sin dar el subsidio. Algunas personas no recibieron el subsidio en agosto, o recibieron menos.
Estos fondos provienen de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), instancia adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La Desaf transfiere el dinero a la CCSS, que se encarga de pagarles a los cuidadores. Para este año, el MTSS reservó ¢3.952 millones, que ya se agotaron en su totalidad.
Sin embargo, las personas con esta licencia no pueden hacer actividades remuneradas, pues la ley lo impide, si vuelven al trabajo o consigue algo de medio tiempo pierden en derecho. Cerca de 600 familias están en esta situación.
Una ley podría cambiarlo todo
Luego de tocar varias puertas, las familias dieron con una opción: el proyecto de ley 25.240, que permitiría la incorporación de recursos urgentes para asegurar el pago del subsidio a las personas responsables de estos pacientes en fase terminal o menores gravemente enfermos.
El proyecto fue propuesto por el diputado Jonathan Acuña Soto y fue aprobado en primer debate esta semana. El presupuesto nacional ya fue aprobado con esos cambios. Solo hace falta un segundo debate para darle curso y que las personas con licencia puedan recurrir a esos fondos extraordinarios si se acaban los del DESAF. Sin embargo, las familias encontraron un nuevo obstáculo.
“A partir del 1.° de noviembre el Poder Ejecutivo maneja la agenda de la Asamblea Legislativa por los próximos tres meses. Y él (el presidente) no convocó el proyecto a la agenda. Eso nos expone a que no se pague el retroactivo que nos deben, aunque el presupuesto esté aprobado desde ayer y firmado, que la Caja (Costarricense de Seguro Social, CCSS) tenga la plata y tenga el proceso hecho, pero si él no firma y no convoca no se puede pagar el retroactivo”, destacó Brenes.
La mujer lamenta que si ese retroactivo no se paga en diciembre se perdería, porque retroactivos de años pasados no pueden pagarse con el presupuesto de un año en curso.
“Estoy sumamente frustrada”, dijo a La Nación.
Una hija que necesita los cuidados de su madre en todo momento
Brenes, vecina de Grecia, tiene 75 días sin pago. Ella enfatizó que ya no tiene para comprar alimentos y cosas básicas para su hija. Le cortaron el teléfono y solo puede comunicarse a través de WhatsApp en sitios donde hay Internet.
La condición de su hija es tan específica que requiere de los cuidados en todo momento.
“Ella nació con una malformación adenomatoidea pulmonar (MAQ) tipo 3. Ya tuvo una cirugía y estamos esperando a que sea apta para dos cirugías más. La licencia me permite cuidar a mi hija. Sus desgastes son súbitos, como pasan de un momento a otro en cualquier momento tengo que moverme al hospital de manera inmediata“, relató.
Un padre en fase terminal que necesita apoyo constante de su hijo
Alejandro Chaves Sánchez estaba también en esta manifestación. Este vecino de Alajuela cuida de su papá, paciente de cáncer con metástasis en pulmones y estómago.
En su hogar hay dos cuidadores, ya que su mamá se encarga de su abuela con alzhéimer y él de su papá. Su abuelo tiene una pensión de ¢80.000 que no es suficiente para todo lo que necesitan.
“Estoy debiendo un mes del apartamento, ya no hay para comprar comida, tuve que dejar de usar el carro. Tengo una bebé por la que también tengo que velar. No es solo por nosotros, no recibimos pago y las personas que cuidamos necesitan comer”, concluyó.