A pesar del clamor de las personas cuidadoras de pacientes con enfermedades terminales y menores gravemente enfermos, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, mantiene el bloqueo del proyecto que agilizaría el pago de las licencias de cuido, cuyo presupuesto se acabó en setiembre.
Algunas de esas familias no reciben el subsidio del programa de cuido desde agosto. Este jueves, dejaron por un rato su puesto frente a la Casa Presidencial para acudir a la barra de público del plenario de la Asamblea Legislativa.
Con mantas y pancartas, se dirigieron principalmente a los diputados oficialistas, en particular a la jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, para pedirles que presionen a Rodrigo Chaves para que convoque la iniciativa de ley que elimina la barrera legal que deja sin fondos el programa de licencias de cuido.
Ivonne Brenes, quien es cuidadora de su hija de tres años y ya ha enviado mensajes a Chaves, comentó a La Nación que ella ha tenido licencia de cuido para una menor gravemente enferma y ahora está en una licencia extraordinaria, porque su hija requiere de cuidados particulares.
“Hoy no quiero hablar por mí, sino por miles que están sin el pago de las licencias que establece la ley 7756, que cubre los subsidios de cuido de menores gravemente enfermos, personas en fase terminal y licencias extraordinarias. Esto no es política, esto es amor”, dijo Brenes.
Desde la barra de público, dirigiendo sus reclamos hacia los oficialistas, Brenes dijo que han muerto ya cinco personas en las últimas semanas, en el seno de familias que dejaron de recibir el subsidio.
Dos de esas personas eran menores de dos y cinco años, así como otra de 42 y una persona adulta mayor, de 90 años.
¿Cuándo se acabó el pago de las licencias de cuido?
El problema viene desde agosto, cuando los recursos que establece la ley empezaron a agotarse para el pago de esas licencias. Esos recursos vienen de un 0,5% del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Para 2025, se presupuestaron ¢3.952 millones, que no fueron suficientes y, entonces, las familias acudieron al Congreso, para que los diputados inyectaran recursos adicionales en el programa.
Aunque el programa es financiado por el Fodesaf, lo administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los diputados aprobaron, en octubre, ¢2.700 millones adicionales, para que el Fondo los transfiriera a la Caja y poder pagar las licencias pendientes y cubrir lo que queda del año.
No obstante, ya desde octubre el ministro de Trabajo, Andrés Romero, y la directora de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), Hellen Somarribas, advirtieron que la ley no permite transferir más del 0,5% del Fodesaf.
Aunque se aprobaron los recursos adicionales, la Contraloría General de la República enfatizó esa advertencia de Romero y Somarribas, este miércoles, en una carta al diputado Jonathan Acuña.
No hay una norma legal que permita autorizar el pago de esos recursos adicionales.
Precisamente, Acuña impulsó en forma expedita, con apoyo unánime de los diputados, la reforma a la ley que permite mantener el financiamiento del programa cuando se acaben los recursos presupuestados de forma ordinaria.
El martes, la CCSS aprobó un presupuesto extraordinario interno, para solicitar a la Contraloría autorización para el pago de esos dineros, pero el ente contralor enfatizó que no solo existe aún la barrera legal, sino que incumplimientos de información financiera de la Caja también impiden que se les autorice la ejecución de esos dineros.
Familias que entierran a sus seres queridos
“El Ejecutivo se ha lavado las manos diciéndonos que eso le corresponde a la Contraloría y a la Caja, pero eso no es así. Esto no es política, es amor. Hay familias que tienen 90, 80, 60, 15 días sin el pago de la licencia”, dijo Ivonne Brenes.
La cuidadora señaló que hay mamás cuidadoras de sus hijos a las afueras de unidades de cuidados intensivos, que no están comiendo en los hospitales, que se están endeudando para enterrar a los pacientes que están cuidando, porque no hay apoyo del Estado.
Simón Torres, quien junto con su esposa cuidaba de su abuela, hoy fallecida, explicó que hay muchas familias sin recursos para cuidar a sus seres queridos enfermos.
“Mi esposa y yo cuidamos a mi abuela, ella necesitó de nuestro amor y nuestro apoyo. Esta vez fue nuestra abuela, el día de mañana puede ser cualquier ciudadano, que tenga una enfermedad terminal y requiere del cuidado necesario y oportuno”, dijo Torres.
El cuidador calificó de vergonzoso que ya muchas familias llevan tres meses sin el subsidio y dijo que no era necesario llegar a la situación actual para dar la discusión.
“Esto se pudo prever muchísimo antes. Esta reforma del 24.240 es algo que la Gerencia Financiara de la CCSS y el ministro de Trabajo han dicho que es necesaria para que ellos puedan hacer su trabajo y pueda haber un marco legal y jurídico”, dijo Torres.
