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La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó este martes una partida de ¢2.700 millones para el pago de las licencias de cuido de pacientes terminales y de menores gravemente enfermos, recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Se trata de los recursos para cubrir el faltante que tiene ese programa desde agosto y que ha afectado a cerca de 600 familias. En octubre, los diputados aprobaron un presupuesto extraordinario que trasladó esos ¢2.700 millones al Fodesaf para que, a su vez, pudiera transferirlos a la Caja.
No obstante, el presupuesto aprobado por la junta directiva de la CCSS debe pasar por aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), tal como le corresponde por tratarse de una institución autónoma.
El problema es que, aunque los diputados aprobaron la fuente de financiamiento y la CCSS aprobó una propuesta para financiar esas licencias de cuido, hay dos barreras que podrían impedir que la CGR apruebe ese presupuesto interno de la Caja.
El primero tiene que ver con la norma legal que financia el programa de licencias de cuido de pacientes terminales y menores con enfermedades graves. La Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) establece que ese programa se financia, cada año, con un 0,5% de los recursos del Fodesaf.
Para 2025, esos recursos eran ¢3.952 millones y ya para finales de setiembre se consumieron en su totalidad. En un oficio dirigido al diputado Jonathan Acuña, este miércoles, la Contraloría así lo enfatizó y dijo que no hay norma legal que permita más transferencias.
De hecho, en octubre, tanto el ministro de Trabajo, Andrés Romero, y la directora de la Desaf, Hellen Somarribas, reconocieron la imposibilidad legal de transferir más dinero del Fondo al programa y manifestaron su acuerdo con una reforma legal que solventara el problema.
Un proyecto de Acuña, aprobado en primer debate por todos los congresistas, el 30 de octubre, podría resolver ese problema, pero el presidente de la República, Rodrigo Chaves, bloquea el avance de esa iniciativa, al dejarlo fuera de la agenda de la Asamblea Legislativa para las sesiones extraordinarias del Congreso, periodo en el cual el Ejecutivo controla la agenda de proyectos.
Incumplimiento legal de la CCSS
El segundo problema que tiene la CCSS para que la Contraloría le apruebe este presupuesto extraordinario es que tuvo un incumplimiento legal en octubre, tal como lo señaló Julissa Sáenz, gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Dirección de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la Contraloría, en la nota dirigida a Jonathan Acuña.
El artículo 36 de la Ley para el equilibrio financiero del sector público obliga a las instituciones, incluyendo a la CCSS, a remitir copia de los saldos conciliados de sus cuentas, depósitos y cuentas bancarias a la Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Si una institución incumple esa obligación legal, como es el caso de la CCSS, la Contraloría no puede darle trámite a los presupuestos y modificaciones presupuestarias que esa institución solicite, por no estar al día con el suministro de la información.
De hecho, la Contraloría señaló que la CCSS alegó que la implementación del Sistema ERP-SAP ha generado atrasos y que no podrá remitir la información que está obligada a entregar antes del 19 de diciembre.
“Mientras la Autoridad Presupuestaria no remita la constancia, en los términos que se defina, no es posible para la Contraloría tramitar ningún presupuesto, ordinario o extraordinario. En consecuencia, en este momento, las actuaciones se mantienen a cargo de la CCSS y de dicha Autoridad Presupuestaria”, advirtió la Contraloría.
Riesgo en pago de pensiones de la Caja
Debido a este incumplimiento, no solo están en riesgo los ¢2.700 millones para las licencias de cuido de enfermos terminales y menores graves, sino también otras partidas urgentes, incluso mayores.
El presupuesto cuyo aval solicita la CCSS también contiene:
-¢36.161 millones para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), destinados al pago de pensiones y sostenimiento de obligaciones actuariales.
-¢11.554 millones para el Régimen No Contributivo de Pensiones, para garantizar el pago de pensiones de los costarricenses más pobres y sus respectivos aguinaldos, lo que afectaría a 150.000 beneficiarios del programa.
