El presidente de la República, Rodrigo Chaves, mantiene bloqueado el avance de un proyecto de ley que permitiría liberar recursos para el pago de licencias para el cuido de pacientes con enfermedades en fase terminal o de menores de edad gravemente enfermos.
Se trata del expediente legislativo 25.240, que busca girar fondos urgentes para el pago de ese subsidio que es administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La iniciativa fue aprobada en primer debate el 30 de octubre anterior, con el voto unánime de 40 legisladores, incluyendo los siete congresistas del partido de gobierno Progreso Social Democrático (PPSD) allí presentes.
No obstante, Chaves no incluyó ese proyecto en la agenda de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que empezaron este 1.º de noviembre y que le dan al Poder Ejecutivo el control de las discusiones en el Congreso durante los próximos tres meses.
Aunque los ¢2.700 millones necesarios para pagar esos subsidios fueron incorporados en el tercer presupuesto extraordinario del 2025, el ministro de Trabajo, Andrés Romero, advirtió que podría existir una barrera legal que impida la transferencia de los fondos. La misma alerta lanzó Hellen Somarribas, directora general de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf).
De ahí la necesidad de aprobar el giro de los recursos mediante el proyecto de ley que no fue convocado por Chaves. Máxime que algunas familias ya no tienen esos apoyos económicos desde agosto y los recursos disponibles se terminaron en setiembre.
Barrera legal para transferir recursos
Somarribas advirtió que “el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) se encuentra legalmente impedido de ampliar la asignación presupuestaria destinada a este programa, porque la población beneficiaria no ajustarse a los fines y objetivos sociales que la ley impone”.
Básicamente, el problema es que la ley asigna un 0,5% de los recursos de ese Fondo para cubrir el costo de los subsidios —programa a cargo de la CCSS— pero ese dinero ya se gastó.
Los ¢3.952 millones asignados para este año ya se distribuyeron y, según el Fodesaf, ya no se puede girar más dinero.
Con base en esas advertencias, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), presentó el proyecto 25.240, con el objetivo de superar esa barrera legal y que, cuando la CCSS pida autorización a la Contraloría General de la República para ejecutar más recursos, no haya ningún impedimento.
Chaves niega barrera legal y califica proyecto de innecesario
Aunque los propios diputados de gobierno aprobaron la iniciativa y las advertencias vienen de jerarcas del propio Poder Ejecutivo, Rodrigo Chaves negó la existencia de tal barrera legal y calificó el proyecto como innecesario.
Así lo hizo este lunes, cuando salió a atender a los familiares de los pacientes con enfermedades terminales y de menores graves, quienes se manifestaron en las afueras de la Casa Presidencial, pidiéndole que convoque el plan de ley.
Según el mandatario, solo falta que la junta directiva de la CCSS apruebe los fondos y envíe un presupuesto a la Contraloría para su aprobación.
La jefa chavista, Pilar Cisneros, alegó que esos dineros se van a aprobar el próximo jueves y, entonces quedará en manos del órgano contralor avalar los subsidios.
No obstante, el frenteamplista Jonathan Acuña insistió en que hay una barrera legal que podría frenar el trámite en la CGR y, entonces, lanzó la sospecha de que al final Rodrigo Chaves quiera acusar a la Contraloría de bloquear los subsidios a costillas de las personas urgidas de esos recursos.
Consecuencias en el plenario
Molestos por la negativa de Chaves, las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio negaron sus votos para aprobar las agendas del plenario de este lunes y martes.
Así lo declaró la jefa frenteamplista, Rocío Alfaro, quien insistió en que exigen la inclusión de esa iniciativa.
Ante esa situación, Pilar Cisneros acusó a Jonathan Acuña de querer “colgarse una estrellita” con la aprobación de ese proyecto.
Sin embargo, el congresista rechazó esa afirmación y alegó que, desde el lunes, se comprometió a no publicar nada ni celebrar nada con tal de que se convoque el plan y se apruebe en el plenario, para que finalmente las familias consigan el subsidio que tienen casi tres meses sin recibir.