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El Tribunal de Corte Plena acordó este martes solicitar a la Asamblea Legislativa levantarle la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte una acusación por un presunto delito de concusión en un contrato de $405.800 financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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La acusación señala que Chaves habría pedido al empresario audiovisual Christian Bulgarelli entregar $32.000 a su exasesor de imagen, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de la adjudicación del contrato para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial en el primer año del gobierno.
El dinero se habría usado para que Choreco enganchara una casa en el condominio Barlovento, en Concepción de Tres Ríos.
La votación en el Tribunal de Corte Plena quedó con 15 votos a favor y siete en contra.
Esta es la primera vez que la Corte solicita levantarle la inmunidad un presidente de la República en ejercicio.
Además de Chaves, los magistrados solicitaron el levantamiento del fuero de improcedibilidad (inmunidad) al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien está acusado por los mismos hechos. Él se desempeñaba como jefe de despacho del presidente cuando se produjo la contratación.
La tesis de la Fiscalía es que el contrato fue hecho a la medida para que la empresa de Bulgarelli, RMC La Productora S. A. (Nocaut), ganara el contrato con el BCIE y que parte de esos fondos públicos se utilizaran para beneficiar a Choreco, a quien se le sigue un proceso judicial aparte por los mismos hechos en la Fiscalía de Probidad. Él no goza de inmunidad.
La acusación contra Chaves y el ministro Rodríguez fue presentada hace tres meses, el 7 de abril.
¿Qué es concusión?
Según el artículo 355 del Código Penal, se impone una pena de dos a ocho años de cárcel al “funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
¿Qué sigue ahora?
Ahora, lo que corresponde es enviar la solicitud al Congreso para que este analice el expediente. La Asamblea Legislativa tendrá que formar una comisión que emita una recomendación al plenario legislativo.
Según establece el artículo 217 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se tendrá que leer el informe de la comisión y se le podría dar la palabra al acusado, si decide asistir al Congreso.
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Finalmente, el levantamiento de la inmunidad procedería si recibe 38 votos a favor en el plenario. El trámite podría agilizarse si los funcionarios renuncian a la inmunidad de manera voluntaria.
Si la decisión del Congreso es negativa, el caso en contra de la persona acusada no desaparece. La inmunidad de las autoridades solo les cubre durante sus períodos en el cargo, de manera que el Poder Judicial puede retomar el proceso y juzgar a la persona en cuestión como un ciudadano común tan pronto como termine su periodo en el cargo.
Hasta hace unos años, el reglamento legislativo indicaba que la votación tenía que ser privada. Pero dicha normativa fue eliminada recientemente por un fallo de la Sala Constitucional.
Los audios de la Presidencia
La acusación de la Fiscalía General tomó elementos de Los audios de la Presidencia, un conjunto de grabaciones hechas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, en los que Chaves, Bulgarelli y Jorge Rodríguez hablan sobre la contratación del BCIE.
En las conversaciones, dadas a conocer en exclusiva por La Nación, se escucha a Rodrigo Chaves pedir el contrato porque tenía “un montón de antojos” y quería pedir “un par de chineos, de cariñitos”.
Además, se escucha cuando el mandatario preguntó si “Choreco”, sería parte de ese contrato de Bulgarelli.
La confesión de Bulgarelli
Christian Bulgarelli Rojas le confesó a la Fiscalía General que, por solicitud de Rodrigo Chaves, depositó $32.000 en favor de Choreco.
Precisó que depositó el dinero en la cuenta bancaria de la propietaria de una vivienda en el condominio Barlovento, para que Cruz pudiera alquilarla, con opción de compra.
Justamente en ese condominio, el 8 de agosto del 2024, la Fuerza Pública ejecutó una orden de desalojo por impago en contra de Federico Cruz, quien dirigió la comunicación del mandatario en campaña y fue uno de sus principales consejeros en la primera parte del gobierno.
Caso por presuntos delitos electorales
Aparte del caso del BCIE, Chaves afronta otra acusación penal por presuntos delitos electorales en el financiamiento de la campaña política del 2022. Este asunto aún no ha llegado a la Corte Plena.
El 23 de junio, la Fiscalía General a Chaves, a la diputada Pilar Cisneros, al vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André Tinoco y a tres diputados más: Luz Mary Alpízar, Waldo Agüero y Paola Nájera, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Según la Fiscalía, se captaron recursos y se cubrieron gastos proselitistas mediante dos estructuras paralelas de financiamiento que operaronal margen de la ley, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes.
