La Fiscalía General acusó, la mañana de lunes, al presidente Rodrigo Chaves, a la diputada Pilar Cisneros, al vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André Tinoco y a tres diputados más por un presunto financiamiento ilegal en la campaña electoral del 2022.
Los otros congresistas son Luz Mary Alpízar, Waldo Agüero y Paola Nájera, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
El Ministerio Público les atribuye la comisión de presuntos delitos electorales. Según comunicó la Fiscalía, se captaron recursos y se cubrieron gastos proselitistas mediante dos estructuras paralelas de financiamiento que operaron al margen de la ley, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes, tal como lo reveló La Nación a principios del 2022.
La acusación fue presentada con solicitud de levantamiento de inmunidad y apertura a juicio, minutos antes de las 11 a. m., en la secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Se requiere que los magistrados trasladen la gestión a la Asamblea Legislativa, para que los diputados evalúen levantar el fuero de los siete miembros de los Supremos Poderes.
Detalles del caso
Según la Fiscalía, la campaña de Chaves y el PPSD se habría beneficiado de dos estructuras paralelas. Una operó por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera y otra mediante las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, quien coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021. Ella es hija del diputado Waldo Agüero, quien figura como imputado en esta causa.
“Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente N.° 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción”, detalló el órgano acusador en un comunicado de prensa.
En criterio del Ministerio Público, ambas vías de financiamiento “operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”.
La acusación, que lleva la firma del fiscal general, Carlo Díaz, sostiene que “existen suficientes elementos de convicción para sostener, en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que los imputados son autores de los delitos contemplados en los artículos 273, 274 inciso e, 275 inciso a y b del Código Electoral.
Artículo 273
El 273 castiga con penas de dos a cuatro años de prisión a quien recaude fondos para algún partido político sin haber sido autorizado por el tesorero del partido.
Artículo 274, inciso e
El 274, inciso e, impone la misma pena a quien haga aportes a un partido político mediante estructuras paralelas que no estén previamente autorizadas por el comité ejecutivo superior del partido.
Artículo 275, inciso a
El inciso a del artículo 275 castiga con hasta seis años de prisión al miembro del comité ejecutivo superior del partido que tenga conocimiento de contribuciones ilegales y no lo denuncie ante las autoridades competentes.
Artículo 275, inciso b
Mientras, el inciso b de ese apartado impone ese mismo castigo a los “miembros del comité ejecutivo superior del partido, candidatos, precandidatos oficializados por los partidos políticos, responsables de las campañas electorales o cualquier otro personero del partido que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte, valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.
Investigación previa del TSE
La acusación de la Fiscalía se presentó cinco meses después de que el fiscal Carlo Díaz secuestró el informe final de la investigación que realizada por el TSE, en el que señaló al presidente Chaves, al vicepresidente Brunner y al canciller André como posibles responsables de cuatro delitos electorales.
En específico, TSE concluyó que la campaña de Chaves se benefició del dinero captado mediante estas dos estructuras paralelas. Con base en ese documento, la Fiscalía presentó la acusación este lunes 23 de junio.
El fideicomiso, según la pesquisa electoral, habría movilizado ¢112 millones para gastos político-electorales, mientras que las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, otros ¢136 millones. Entre ambas se cubrieron gastos electorales por ¢248 millones.
¿Qué le endilgó el TSE a Rodrigo Chaves?
El TSE describió al mandatario como posible responsable de haber recaudado fondos para Progreso Social Democrático “sin haber sido autorizado por el tesorero de la agrupación”.
Lo señaló en su condición de constituyente del fideicomiso Costa Rica Próspera y por “invitar a recibir depósitos en las cuentas de ATA Trust”, la firma que administró ese fideicomiso.
Además, le achacó haber recibido, siendo candidato, o bien, precandidato, “contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.
Este segundo supuesto delito se lo atribuye dos veces, tanto por la estructura que operó mediante las cuentas del fideicomiso Costa Rica Próspera, como por la que captó fondos a través de las cuentas de Sofía Agüero.
¿Al vicepresidente Stephan Brunner?
El TSE le cuestionó a Brunner que, en la campaña, siendo tesorero del PPSD, no denunció que en la sede de esa agrupación —en barrio La California, en San José— se adquirieron activos con recursos del fideicomiso Costa Rica Próspera.
Un audio que Brunner le envió a Chaves, antes de la segunda ronda electoral del 2022, fue fundamental para este señalamiento. Se trata de un mensaje de WhatsApp donde reveló que tenía pleno conocimiento de que la campaña se había beneficiado de un fideicomiso en el que personas jurídicas “metieron plata” y que, por tanto, había dinero y activos “contaminados”.
El audio circuló en agosto del 2022 y tanto Brunner como Chaves reconocieron su autenticidad en un video que colgaron en YouTube.
¿En el caso de canciller Arnoldo André?
Al canciller se le cuestionó por ejercer “el rol de administrador efectivo del fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera”, tomando en cuenta que, para ese momento, él era el presidente de ATA Trust.
Segundo, el TSE le achacó haber hecho una donación a esa estructura paralela de financiamiento por ¢3,6 millones. En las cuentas de ATA Trust, consta que él hizo ese aporte a título personal y a través de las empresas Galería Tres Mil S. A. y Península Group S. A., entre el 11 de marzo y el 8 de agosto del 2021.
Nota del editor: se actualizó la fotografía para corregir el nombre del canciller