El Tribunal de Corte Plena tiene previsto discutir, este martes 1.° de julio, una solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte una acusación por un presunto delito de concusión. La Corte Plena sesionará de forma extraordinaria para resolver este asunto.
Los hechos bajo investigación giran alrededor de una contratación de $405.800 que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) adjudicó a la empresa del productor audiovisual, Christian Bulgarelli, para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, al principio del gobierno.
Según acusó la Fiscalía General a principios de abril, a cambio de la adjudicación del contrato, Chaves solicitó a Bulgarelli depositar $32.000 al entonces asesor presidencial, Federico “Choreco” Cruz Saravanja, para que enganchara una casa.
Bulgarelli aceptó ser testigo de la corona. Se le liberó de ser acusado por estos hechos por brindar información esencial sobre lo sucedido. En su caso, se abrió un testimonio de piezas y se suspende la acción penal en su contra.
En mayo, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia envió un informe sobre el caso a la Corte Plena, para continuar con el trámite de la acusación. El documento lo elaboró el magistrado suplente de Sala Tercera, Geovanni Mena Artavia.
Si los magistrados aprueban la solicitud de levantamiento de inmunidad, el expediente será enviado a la Asamblea Legislativa para que los diputados decidan si retiran o no el fuero a Chaves.
Por los mismos hechos, la Fiscalía también solicitó llevar a juicio al ministro de Cultura,Jorge Rodríguez Vives, quien ejercía como jefe de despacho de Chaves en el momento de la contratación hecha con fondos del BCIE.
A Rodríguez también se le atribuye un presunto delito de concusión, el cual es sancionado con hasta ocho años de cárcel.
El artículo 355 del Código Penal, que establece la concusión, castiga con prisión al “funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
La Fiscalía General sostiene que el contrato del BCIE fue hecho a la medida para que la empresa de Bulgarelli ganara el concurso de contratación y que parte de esos fondos públicos se utilizaran para beneficiar a “Choreco”, a quien se le sigue un proceso judicial aparte, pues él no goza de la inmunidad de los supremos poderes.
Para sustentar este caso, el Ministerio Público también utilizó Los audios de la Presidencia, una serie de grabaciones de reuniones efectuadas en la Casa Presidencial, las cuales fueron facilitadas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y publicadas, en exclusiva, por La Nación en diciembre del 2023.
