La imagen proyectada el pasado 1.° de mayo fue políticamente potente: cuatro fracciones opositoras, históricamente enfrentadas entre sí, aparecieron unidas en la Asamblea Legislativa bajo una agenda común que logró robar protagonismo al oficialismo y dejó la pregunta sobre si este acercamiento podría trascender el plano legislativo.
Las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) presentaron un acuerdo enfocado en democracia, seguridad, desarrollo social y economía, con énfasis en la defensa institucional y de derechos fundamentales.
El bloque opositor surgió en un contexto en el que el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) posee mayoría absoluta en el Congreso, con 31 diputados, y controla por completo el Directorio legislativo, lo que impulsó a las agrupaciones a coordinar una agenda común frente al oficialismo.
Sin embargo, detrás de la demostración política que dejó el anuncio conjunto, las propias jefaturas de fracción y las dirigencias de los partidos insisten en que el acuerdo nació exclusivamente con fines legislativos y no como una alianza electoral o partidaria formal.
Para la politóloga Kattia Benavides, aunque no existe una coalición electoral formal entre las agrupaciones, el acuerdo “sí trasciende lo legislativo” y comienza a perfilar una lógica de articulación opositora frente al oficialismo, especialmente con miras a las elecciones municipales del 2028.
¿Hasta dónde llega el bloque opositor?
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, aseguró a La Nación que el acuerdo “no es una alianza electoral” y que el objetivo principal es generar gobernabilidad y construir consensos entre agrupaciones con diferencias ideológicas.
“Es básicamente un bloque de partidos que creemos en la democracia y que creemos que la mejor manera de defender la democracia es en conjunto”, aseguró el liberacionista.
Desde el Frente Amplio, el diputado José María Villalta señaló que es “prematuro” hablar de eventuales alianzas electorales; sin embargo, defendió la necesidad de construir espacios de diálogo entre partidos frente a desafíos institucionales y democráticos.
“No sabemos eso. Yo creo que hay que ir poco a poco”, declaró Villalta.
Por su parte, Claudia Dobles, diputada de la CAC, sostuvo que el acuerdo actual está “encapsulado” en el trabajo legislativo, aunque, a título personal, dijo creer en las coaliciones políticas y no descartó eventuales acercamientos futuros, especialmente en el ámbito municipal.
En una línea similar, Abril Gordienko, legisladora del PUSC, afirmó que el pacto se construyó con un enfoque legislativo y de “protección de la democracia”, pero consideró “viable y saludable” que las dirigencias partidarias exploren acuerdos futuros en otros ámbitos políticos.
Guiño desde las elecciones
Las posibilidades de futuras alianzas políticas entre sectores opositores no son del todo nuevas. Durante la pasada campaña electoral, varias figuras de oposición construyeron coincidencias alrededor de discursos de defensa democrática y críticas al oficialismo encabezado por la hoy presidenta Laura Fernández.
En marzo, Álvaro Ramos, excandidato presidencial del PLN, afirmó que las elecciones municipales del 2028 podrían convertirse en un “laboratorio” para eventuales alianzas cantonales entre partidos políticos, incluida la posibilidad de acercamientos con agrupaciones históricamente rivales como la Unidad Social Cristiana.
Ese mismo mes, Juan Carlos Hidalgo, expresidente socialcristiano y excandidato presidencial, confirmó que mantuvo conversaciones preliminares con dirigentes y excandidatos de otras agrupaciones políticas para explorar posibles acuerdos municipales con miras al 2028, con el objetivo de evitar una fragmentación opositora que favorezca al oficialismo en gobiernos locales.
Las declaraciones de ambos reflejan un escenario político que comenzó a moverse incluso antes de la instalación del nuevo Congreso y que ahora encuentra un nuevo punto de convergencia en el bloque opositor articulado dentro de la Asamblea Legislativa.
¿Qué dicen las direcciones de los partidos?
Pese a la contundencia política que proyectó el bloque opositor durante la instalación de la Asamblea Legislativa, la realidad interna de las agrupaciones todavía luce más prudente que la imagen mostrada el 1.° de mayo.
Las dirigencias partidarias consultadas insistieron en que el acuerdo actual responde exclusivamente a una coordinación legislativa. Sin embargo, reconocieron que este acercamiento podría facilitar futuras alianzas políticas o electorales, especialmente en el ámbito municipal y territorial.
Miguel Guillén, secretario general del PLN, afirmó que el partido impulsará acercamientos y posibles coaliciones con agrupaciones nacionales y cantonales, al considerar que el actual contexto político exige mayores niveles de articulación entre sectores “moderados” y defensores de la democracia.
Según Guillén, aunque el acuerdo legislativo no nació con fines electorales, sí “facilita” conversaciones futuras entre partidos políticos y abre espacio para construir agendas comunes en distintos territorios del país.
En esa línea, Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio, y Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC, que forma parte de CAC), coincidieron en que el acuerdo responde exclusivamente a una coordinación legislativa. No obstante, ambos respaldaron mantener espacios de diálogo y conversación con otras fuerzas políticas alrededor de la defensa democrática.
Mora afirmó que el Frente Amplio no descarta futuras alianzas políticas o electorales con otras agrupaciones opositoras.
Por su parte, Solano reconoció que la agrupación mantiene apertura hacia eventuales coaliciones políticas futuras, especialmente en el ámbito territorial y municipal, aunque aclaró que esa discusión todavía no ha sido abordada formalmente dentro del partido.
Desde el PUSC, Teddy Zúñiga, presidente interino, señaló que cualquier eventual alianza electoral deberá discutirse desde los liderazgos territoriales y cantonales del partido.
Si bien enfatizó en que el acuerdo actual se limita al ámbito de los diputados, afirmó que el Comité Ejecutivo respetará las decisiones que eventualmente tomen las dirigencias locales sobre posibles coaliciones o alianzas municipales.
¿Articulación opositora hacia el 2028?
La politóloga Kattia Benavides advirtió de que, en una posible coalición formal, el principal reto del bloque será diferenciarse internamente para evitar que el electorado perciba a todas las agrupaciones como una sola fuerza homogénea.
“Ellos tienen que lograr que no los vean como una sola masa, sino desde sus diferencias programáticas e ideológicas”, señaló.
La analista añadió que, aunque el acuerdo no habla explícitamente de coaliciones municipales, sí crea condiciones políticas que podrían facilitar pactos locales y candidaturas compartidas en algunos cantones.
En esa línea, dijo que agrupaciones como el PLN y el PUSC tendrían que definir en cuáles cantones les resulta políticamente rentable construir alianzas con partidos o sectores que históricamente no han tenido un peso electoral significativo.
Por ahora, no existe una coalición electoral formal entre las agrupaciones opositoras. Sin embargo, las conversaciones sobre eventuales alianzas municipales, los acercamientos entre dirigencias y la narrativa compartida alrededor de la “defensa democrática” evidencian un posible reacomodo político poco habitual entre partidos históricamente rivales en Costa Rica.