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Lo hemos dicho en más de una oportunidad: el país requiere con urgencia un cambio de rumbo estratégico y operativo para contrarrestar la crisis de inseguridad. Lo reiteramos no solo por el deterioro cada vez más palpable y peligroso, que atenta contra vidas, bienes materiales y la base misma de nuestra convivencia, sino por una circunstancia: la lúcida y clara comparecencia sobre el tema de la expresidenta Laura Chinchilla, el jueves 14 de agosto, ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Lo más relevante no es su investidura, que también cuenta, sino el conocimiento y experiencia que acumula en la materia. Además, rescatamos los fundamentos fácticos, las reflexiones precisas y el tono mesurado –a pesar de una clara voz de alerta– de su presentación; también, que al diagnóstico añadiera análisis y sugerencias sobre la ruta por seguir. Es algo que deberían tomar en cuenta nuestras autoridades competentes; en primer lugar, el presidente Rodrigo Chaves. Lamentablemente, su reacción ha sido el desdén, los ataques e insultos y el rayado disco de repartir culpas.
El diagnóstico que planteó Chinchilla es conocido en sus elementos centrales: deterioro progresivo, creciente violencia, profunda penetración del narcotráfico y homicidios con escala epidémica, entre otros aspectos. Pero algunos detalles lo perfilan con mayor claridad, al tiempo que generan inevitable inquietud.
Nos hemos convertido en el segundo país con más homicidios en Centroamérica, después de Honduras, y el sétimo en América Latina. De una tasa de 11,4 asesinatos por 100.000 habitantes en 2021, saltamos el año pasado a 16,6, y este podría ser peor. Sus mayores víctimas directas (60%) son jóvenes de entre 15 y 29 años; las colaterales se incrementaron en un alarmante 1.200% entre 2019 y 2023. El porcentaje de la población que dice sentirse atemorizada por la delincuencia pasó de 7, a inicios de 2022, a 44 en la actualidad. Y mientras el comercio global de cocaína –en el que Costa Rica es un punto clave de trasiego– se ha disparado, los decomisos, extrañamente, han caído.
Ante tal situación, surgen dos preguntas. La primera es cómo llegamos a esta crisis; es decir, por qué nuestra seguridad se ha salido de control. La segunda, aún más importante, qué debemos hacer. Ambas se relacionan estrechamente.
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Nuestro entorno geográfico plantea un gran desafío, debido a las intensas actividades delictivas alrededor del tráfico de drogas, oro y personas en América Latina. Este “barrio” en el que siempre hemos vivido es incontrolable para nosotros, pero sí podemos y debemos adoptar las estrategias necesarias para blindarnos lo más posible ante su impacto. Sus riesgos para el país se incrementan porque, al bajar nuestra guardia, ha crecido el atractivo nacional para los delincuentes transnacionales. Si, en su lugar, el gobierno hubiera articulado una estrategia de seguridad integral, muchos de ellos tendrían que buscar otros rumbos. Pero no ocurrido así.
Un segundo elemento por considerar, planteó la expresidenta, es que, producto de nuestras tradiciones y convicciones, de las que no debemos alejarnos, Costa Rica ha encomendado su seguridad a un modelo de policía civilista, integrada por diversos cuerpos. Su funcionamiento no solo depende del buen desempeño de cada uno, sino de otros factores clave: la coordinación entre ellos, el trabajo de jueces y fiscales –que son pilares del Estado de derecho– y una política de prevención bien diseñada y conducida. Por esto, convocar, coordinar y liderar es parte indispensable del modelo. Sin embargo, el presidente Chaves ha abandonado ese deber inclaudicable.
Se ha dedicado a torpedear cualquier intento de trabajo conjunto. Ha restado financiamiento al Organismo de Investigación Judicial, la Fiscalía y los tribunales, al punto de no girar partidas presupuestarias aprobadas por los diputados, y ha emprendido una campaña patológica y sistemática de desprestigio en su contra. También, ha debilitado instancias tan profesionales y necesarias como la Policía de Control de Drogas y el Servicio Nacional de Guardacostas.
A pesar de sus constantes ataques, el traslado de culpas y el abandono de las negociaciones por parte del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa ha actuado con gran responsabilidad, y aprobado un conjunto de leyes que mejoran las herramientas de investigación, interdicción, represión y castigo. Es decir, hoy contamos con un instrumental jurídico mucho más robusto que en el pasado, pero, debido a la ineptitud del gobierno, estamos peor que antes. De ahí que la responsabilidad por la crisis que vivimos sea, esencialmente, suya.
Hasta Natalia Díaz, quien fue por poco más de dos años su ministra de la Presidencia, declaró recientemente que el gobierno “perdió el control” de la seguridad. Y, en un desliz de realidad, el propio Chaves calificó el miércoles de “desastre” su situación. Pero, en lugar de decir qué haría al respecto, añadió que “no es tan grande como lo quieren poner” y de nuevo culpó e insultó a otros.
Tal actitud, reiterada hasta la saciedad, revela, lamentablemente, que es difícil esperar cambios sustantivos de su parte. La esperanza es que el deterioro no llegue a extremos irreversibles de aquí a mayo, y que una próxima administración decida, de una vez por todas, impulsar el cambio de rumbo que necesita nuestra política de seguridad.
