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Desde su establecimiento, en marzo de 2022, el grupo de expertos de las Naciones Unidas que investiga las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua ha emitido una gran cantidad de reveladores informes. Su sucesión demuestra una expansiva y cada vez más perversa política represiva, de la cual no se salva prácticamente ningún ámbito de la sociedad: la política, los medios de comunicación, la religión y la educación, entre otros. Y todos ellos impactan directamente en seres humanos tangibles, a quienes se intenta doblegar por todos los medios, incluso la muerte.
Su más reciente informe, emitido el 23 del pasado mes, desarrolló con fundamento y detalle –sin descuidar otros– uno de los múltiples ángulos de esa brutal estrategia. Nos referimos a la represión transnacional ejercida sin límite por la dictadura bicéfala de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se trata, en esencia, de medidas que se toman y ejecutan contra los nicaragüenses fuera del país, ya sea de manera directa o mediante el acoso a los familiares que permanecen en él.
Uno de los casos más sanguinarios y recientes ocurrió en Costa Rica: el asesinato del opositor Roberto Samcam, acribillado el 19 de junio por sicarios en un apartamento en Moravia. Aunque no existen evidencias definitivas e irrebatibles, la Fiscalía presume que la orden partió del régimen, y fue planificada por uno de sus organismos de seguridad en conjunto con asesores cubanos. Hemos informado y comentado ampliamente sobre el caso, y hace pocos días, en un editorial, urgimos al gobierno a no permanecer pasivo –como hasta ahora– frente a los Ortega-Murillo.
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El grupo de expertos da particular importancia a este hecho, pero como parte de un esquema mucho más amplio en su alcance y diverso en sus métodos. Lo resume en esta frase: “El Estado nicaragüense ha desarrollado una estrategia intrincada y adaptativa para suprimir la disidencia, que ha evolucionado desde una represión inicial violenta y desproporcionada de protestas legítimas generalizadas hasta tácticas altamente focalizadas con alcance global”. En esto consiste, precisamente, la represión transnacional.
La lista de las acciones realizadas ejemplifica su naturaleza. Incluye la privación arbitraria de la nacionalidad, que entre febrero de 2023 y setiembre de 2024, había afectado a 452 personas, pero ya el número es mayor; la prohibición de reingreso al país; la denegación de la emisión o renovación de pasaportes en los consulados; la confiscación de bienes y activos financieros, incluso pensiones; la vigilancia, las amenazas y el acoso; la violencia física que, como en el caso de Samcam, puede llegar a la muerte; el uso indebido de mecanismos internacionales de cooperación y control, y el castigo de familiares y personas cercanas que viven en Nicaragua.
Este amplio repertorio represivo no se enfila solo contra activistas exiliados, sino también, de una forma u otra, contra todos los nicaragüenses residentes en el exterior. Porque el simple hecho de temer ser víctimas directas de alguna de estas acciones se constituye en un elemento de control y limitación a su libertad y tranquilidad.
“Se ha extendido un clima de miedo entre la diáspora nicaragüense (...). Una mano invisible persigue a las y los exilados dondequiera que vayan, les niega pasaportes, los amenaza a ellos y a sus familias, y los aleja de su país”. Así describió la situación Reed Brody, uno de los expertos del grupo.
Ciertamente, la represión transnacional tiene una larga trayectoria. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato del exdirigente bolchevique Leon Trotsky, perpetrado durante su exilio en México, en 1940, por órdenes del dictador soviético Josef Stalin. Pero hay muchos más. Por ejemplo, el 23 de noviembre de 2006, la KGB, policía política rusa, envenenó en el Reino Unido a su exagente Alexander Litvinenko. En julio de 2021, cuatro miembros de una red de espías iraní fueron acusados por planear el secuestro de un periodista y activista en Nueva York. En febrero de 2024 fue asesinado en Chile el opositor venezolano Ronald Ojeda, y todo apunta al cartel venezolano Tren de Aragua, con aparente complicidad del régimen.
A menudo, los crímenes están envueltos en nebulosas típicas de las “guerras híbridas”, que tornan difícil identificar a los culpables primarios. Otras modalidades, sin embargo, no se ocultan, porque parte de su eficacia es que, al hacerse públicas y explícitas, afecten a amplios grupos. Entre ellas están la mayoría de las que aplican los Ortega-Murillo y revelan los expertos.
Su informe propone una serie de acciones para neutralizarlas, a partir de una general: “Implementar medidas integrales para proteger a las personas nicaragüenses en el exilio”. Es lo menos que merecen las víctimas.
