Frente a estos hallazgos, el gobierno costarricense debe romper el silencio que mantiene desde el día del homicidio. La solidez de los indicios exige un pronunciamiento oficial, una nota diplomática con el recuento de la investigación y la advertencia de que Costa Rica no permitirá violaciones a su soberanía. También es importante que, ante la comunidad internacional, este mutismo no se preste para elucubraciones ni el régimen Ortega-Murillo lo asuma como tolerancia.
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Llegó también la hora de ofrecer un respaldo firme al Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el fin de identificar a quienes ordenaron el crimen y no solo a sus ejecutores.
Callar ante un asesinato con móvil político es incompatible con los deberes de un país que debe resguardar la integridad del Estado, la vida de nacionales y refugiados bajo su amparo, la seguridad ciudadana, las libertades y el principio de respeto entre naciones.
Es inaudito que mientras Ortega y Murillo reclaman a diario que ninguna nación intervenga en los asuntos internos de Nicaragua ni cuestione sus atropellos a los derechos humanos, nuestro gobierno tolere lo que parece ser la expansión de sus tentáculos en territorio tico.
Samcam, refugiado aquí desde 2018, no es el único asesinado. Jaime Luis Ortega Chavarría fue abatido en su casa, en Upala, el 28 de octubre de 2024. Erick Antonio Castillo, amenazado por testificar sobre torturas, fue ultimado en La Cruz, Guanacaste, el 7 de febrero de 2023, y Rodolfo Rojas Cordero apareció muerto en Honduras, el 25 de junio de 2022, tras ser secuestrado en La Cruz, Guanacaste.
Los atentados fallidos en 2021 y 2024 contra Joao Maldonado –uno de ellos junto a su esposa– en San José refuerzan las sospechas sobre el accionar transfronterizo del régimen, al punto de que el OIJ identificó a tres nicaragüenses como responsables. Uno de ellos, periodista afín al matrimonio presidencial, huyó a Nicaragua, donde se desplaza libremente.
Curiosamente, Maldonado y los cuatro asesinados eran originarios de Carazo, región donde respaldaron las protestas ciudadanas de 2018 en las que murieron más de 300 personas en ese país. Este patrón alimenta la sospecha de un ajuste de cuentas contra quienes participaron activamente en la resistencia.
De hecho, Samcam había denunciado públicamente la implicación del régimen en los tres asesinatos anteriores y, desde 2022, advirtió de que desde la Embajada de Nicaragua se dirigía una célula de al menos 22 agentes de inteligencia enviados para identificar, vigilar y atentar contra opositores. Además, había dicho que su vida corría peligro.
Federico Campos, abogado de Claudia Vargas, esposa del exmilitar, responsabilizó a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) por no atender con seriedad las reiteradas denuncias. Afirmó que el crimen pudo evitarse si se hubiese actuado con diligencia, pues desde 2019 existía un canal directo de comunicación entre Samcam y los servicios de inteligencia, mediante el cual alertaba sobre los riesgos que enfrentaban él y otros críticos.
En esa línea, el expediente judicial al que tuvo acceso La Nación identifica como operador del homicidio a un nicaragüense de 56 años, nacionalizado costarricense y entrenado en Cuba y Rusia en labores de inteligencia, asesinato y sabotaje. Habría sostenido reuniones con la plana mayor del Ejército para coordinar el atentado y, aunque hoy se encuentra en Nicaragua, registra múltiples ingresos y salidas de Costa Rica.
Otro eslabón de esta cadena de indicios es la investigación presentada el 23 de setiembre en Ginebra y Panamá por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU. El informe concluye que “el gobierno de Nicaragua está extendiendo su represión contra las personas percibidas como opositoras más allá de sus fronteras, persiguiendo a ciudadanos nicaragüenses en el extranjero en el marco de una campaña cada vez más intensa para silenciar a los críticos en el exilio”. En ese contexto, citan el asesinato de Samcam como “el cuarto ataque violento contra exiliados” aquí.
La obligación de Costa Rica no termina en ofrecer refugio, sino en garantizar que nuestro territorio no sea vulnerado por injerencias extranjeras ni convertido en extensión de la represión dictatorial. Como país que concentra la mayor cantidad de nicaragüenses solicitantes de refugio, es crucial romper el silencio, proteger con firmeza a los refugiados, resguardar la credibilidad de la nación como tierra de asilo y libertad y, sobre todo, defender la soberanía.
