Más de tres semanas han transcurrido desde el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, refugiado nicaragüense y férreo crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El ataque, dentro de su vivienda en San José, en plena mañana, con ocho disparos y sin móviles comunes como el robo, encaja con los patrones de una operación de inteligencia y de un crimen transnacional por motivaciones políticas.
Sin embargo, ni el presidente Rodrigo Chaves ni la Cancillería han emitido una sola declaración. No ha habido condolencias a la familia, ni condena oficial del hecho, ni manifestación de compromiso con el esclarecimiento del homicidio o con la protección efectiva de los derechos que asisten a las personas refugiadas, según el derecho internacional.
El Poder Ejecutivo no debe seguir actuando como si nada hubiera ocurrido, más cuando el mismo Samcam denunciaba la presencia de células del régimen Ortega-Murillo dedicadas a seguir a exmilitares, campesinos, estudiantes, sacerdotes y periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Llegó a señalar al actual canciller, Valdrack Jaentschke, por presuntamente haber organizado una red de espionaje desde la embajada nicaragüense –con hasta una veintena de subordinados– cuando fungía como diplomático en San José, en el 2022.
Hay más señales. Entre el 2021 y el 2025 se registraron al menos cinco atentados y cuatro homicidios contra disidentes en suelo costarricense. El caso de Joao Maldonado destaca porque en el 2021 y el 2024 sobrevivió a ataques a balazos en calles de San José, en operaciones con buen financiamiento económico. Uno de los sospechosos es, para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un periodista nicaragüense que huyó hacia ese país.
El mensaje para los refugiados es devastador: Costa Rica es inseguro, y nuestro Poder Ejecutivo ni se pronuncia ante asesinatos y ataques. Sí lo hizo el gobierno de Estados Unidos, que se declaró “conmocionado” y ofreció apoyo al de Chaves para esclarecer el caso. También lo condenó el gobierno izquierdista de Chile, el cual expresó “preocupación por antecedentes que darían cuenta de que el móvil de este crimen estaría vinculado a su oposición al régimen” de Nicaragua. Tampoco se quedó callado el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que emitió una declaración de censura, y 30 expresidentes de Iberoamérica exigieron al gobierno costarricense una investigación.
Nuestra Asamblea Legislativa se sumó, aprobando por 34 votos una moción que califica de “atroz” el crimen y exige al gobierno investigar si aquí operan grupos criminales articulados por la dictadura de Ortega. La moción fue rechazada únicamente por los ocho diputados oficialistas.
El oportuno reportaje publicado por la Revista Dominical de La Nación, el 6 de julio, no solo cuestiona el fallo del Estado para proteger a Samcam, sino la pasividad del gobierno, que se presta para múltiples hipótesis.
Una de ellas, la del analista Carlos Murillo, sugiere que podría existir algún entendimiento político entre los presidentes de los dos países, basado en la conveniencia mutua y la falta de cuestionamientos. Abona a esa idea la declaración de Chaves a la agencia EFE, en diciembre del 2023, cuando admitió que “de vez en cuando consulta” a los Ortega-Murillo, pues hay una “relación cordial y constructiva”.
Callar, en momentos críticos como este, envía una señal de tolerancia o desinterés. Como advirtió en la Revista Dominical la activista Dora María Téllez, exguerrillera y opositora de Ortega, el cálculo del régimen es claro: contar con los silencios, como el de Costa Rica, el de otros gobiernos y el de una comunidad internacional distraída. Para que la represión transnacional funcione, el silencio debe ser cómplice.
No basta con alegar que “el caso está en investigación” para justificar la parálisis. Cuando se asesina a un refugiado político, el deber es condenar, ofrecer condolencias públicas, activar una investigación de alto nivel con apoyo internacional y convocar a una revisión de la política de protección a refugiados. Además, se hace necesaria una nota diplomática al régimen para contabilizar los indicios y testimonios que local e internacionalmente apuntan hacia Managua.
Costa Rica es firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exigen a los Estados garantizar la no devolución y dar protección efectiva a quienes huyen por persecución política.
El abogado Federico Campos, quien representa a la viuda de Samcam, fue enfático: la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) no se tomó con la seriedad debida las amenazas que el exiliado había reportado reiteradamente. El crimen, dijo, pudo haberse evitado si se hubiese actuado con diligencia, pues desde el 2019 existía un canal de comunicación directo entre Samcam y los servicios de inteligencia, mediante el cual se alertaba sobre los riesgos que enfrentaban él y otros opositores.
Este asesinato no puede quedar sin respuesta. El gobierno, tal como se lo demandó la Asamblea Legislativa, debe responder con firmeza y transparencia. Debe aceptar el ofrecimiento de ayuda internacional –como el de Estados Unidos y España–, reforzar los mecanismos de protección y demostrar que no tolerará la violación de nuestra soberanía ni la ejecución de crímenes políticos en nuestro territorio. No es momento para que pasmosos mutismos puedan interpretarse como complicidad con dictadores.
