EscucharDesde el 2001, cada 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado en memoria de los millones de exiliados de sus países por persecución política o desatención grave de su Estado. En Costa Rica, eso significa que muchas personas participan de foros, eventos culturales y espacios de reflexión, otrora país bastión de paz, que les ha acogido tras su salida de Nicaragua, Colombia, Haití y decenas de países más.
Pero este año, la celebración mutó en duelo. Algunas actividades se cancelaron rápidamente; otras se llevaron a cabo con mayor cautela. El jueves 19, a las 7:30 de la mañana, un sicario ingresó al condominio donde residía Roberto Samcam, en Moravia, y le disparó ocho veces. El militar en retiro y fuerte crítico de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo falleció y una ola de temor se extendió por los asilados en el país.
A la fecha, el gobierno de Costa Rica no ha dicho nada. Habló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero no Presidencia ni el Ministerio de Seguridad. Ni Presidencia ni Cancillería dieron condolencias públicas, no emitieron comunicado al respecto, ni enviaron carta de protesta ni declaración.
Sí lo hicieron 30 expresidentes de Iberoamérica, que exigieron al gobierno una investigación adecuada. También organizaciones de derechos humanos de Nicaragua e internacionales lo pidieron, aunque sin respuesta.
A diez días del atentado, Revista Dominical consultó a Cancillería el motivo por el cual no ha habido pronunciamiento sobre el asesinato de Samcam, ciudadano español, así como una explicación sobre los factores que median para mantener silencio.
El departamento de prensa de la institución indicó que el caso está en investigación y que no se pronunciará hasta tener los resultados. Esta revista también solicitó la declaración de Presidencia en tres ocasiones, sin respuesta al cierre de esta edición. Tampoco había emitido declaración pública.
¿Por qué guarda silencio Costa Rica?
Para opositores nicaragüenses, analistas y excancilleres, el silencio del gobierno es preocupante, pero no solo por la posible desidia, sino por la pregunta que surge entre testimonios: ¿opera en Costa Rica la inteligencia del régimen nica a sus anchas, sin control de las autoridades locales?
A la prominente exguerrillera y opositora nicaragüense Dora María Téllez le sorprende la falta de declaraciones de gobierno y no la comprende. “Me llama mucho la atención y silencio del presidente Chaves. (Samcam) es una personalidad relevante que estaba refugiada en Costa Rica, han concurrido numerosas evidencias de qué puede tratarse y, obviamente, es un problema que toca la seguridad pública del país y la integridad territorial”, afirma.
“Era esperable una reacción del Poder Ejecutivo. La gran pregunta es por qué no se ha pronunciado, por lo menos una expresión de condolencia mínima”, dice. “Una expresión de la voluntad de investigar —lo está haciendo el OIJ— y una expresión en relación con los refugiados nicaragüenses".
La consternación se extiende a personas menos visibles, pero que residen en Costa Rica. Como María, indígena miskita y refugiada, quien recibió amenazas directas por parte del régimen tras participar en una protesta para defender su pensión.
Llegó a Costa Rica en busca de protección y aquí encontró comunidad; de hecho, había compartido espacios con familiares de Samcam antes de su fallecimiento. La noticia de su asesinato la tomó por sorpresa y la invadió de terror; por ello, pidió resguardar su identidad.
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“La muerte de Samcam, a los hijos de Nicaragua, nos duele. (...) No estamos siendo apoyados, no estamos siendo escuchados. Estamos sintiendo zozobras cada día. ¿Quién nos protege a nosotros los refugiados? ¿A quién le interesamos? (...). Cuando hay silencio significa que uno no vale nada. No entiendo por qué no se han pronunciado”, expresó. Pese al cariño que siente hacia los familiares de Samcam, el temor a represalias le impidió asistir a su funeral.
El miedo que sufren los exiliados no es infundado. Ocho años después de que Daniel Ortega llegara a la presidencia de Nicaragua, el estallido de masivas protestas que pedían su salida marcó un antes y un después y llevó a la reciente consolidación constitucional de su gobierno como una dictadura: todo el aparato estatal está bajo la “copresidencia” de Ortega y Murillo.
Pero en el 2018, quedaba resquicio para la esperanza de algún cambio, en medio de numerosas manifestaciones. Más de 300 personas fueron asesinadas en esas protestas y, desde entonces, inició un sistema de persecución, detenciones arbitrarias y centros clandestinos de tortura, orquestado por el régimen y denunciado internacionalmente.
Salvador Marenco, del Consejo de Coordinación del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, lo describe como el “régimen de terror” que ha dejado 229 sobrevivientes a la tortura. La cifra, advierte, puede ser mayor.
Se reportaron golpizas, asfixia seca, húmeda, colgamientos, choques eléctricos, quemaduras con ácido, quemaduras con cigarro y abusos sexuales. Desde abril de 2018 hasta la fecha, más de 830.000 nicaragüenses han sido desplazados de Nicaragua, de acuerdo con datos de la misma organización.
La preocupación de que los tentáculos de la dictadura hayan traspasado frontera y operen en Costa Rica invaden a Marenco. “Es necesario que el gobierno costarricense reconozca lo que es evidente. Esto es el principio para hacer una labor investigativa, reconocer cuál es tu hipótesis. Dentro de esa hipótesis está la ejecución transnacional, la articulación de células nicaragüenses en Costa Rica”, afirma.
Se le suma la defensora de derechos humanos Azahalea Solís. Su nombre figuró en la lista de 94 personas a quienes, el 15 de febrero de 2023, la dictadura les arrebató su nacionalidad. Sin proceso judicial ni defensa, el régimen los acusó de “traición a la patria”.
“No se está valorando la dimensión de lo que este hecho (el asesinato de Samcam) significa y el hecho de que un gobierno de otro país pueda hacer incidencia de carácter criminal en el territorio (...). A la larga implica una situación de descomposición hacia lo interno de Costa Rica, o tal vez descomposición sea muy fuerte, pero sí de ausencia absoluta de protección”, asevera Solís.
Analistas expresan preocupación
¿Por qué calla el gobierno Chaves Robles? El internacionalista Carlos Murillo, de la Universidad Nacional (UNA), considera que Costa Rica atraviesa el periodo de “mayor opacidad” en las relaciones bilaterales con Nicaragua. “Ni el canciller ni Rodrigo Chaves han definido nunca cuáles son los temas bilaterales más importantes, cuál es la línea de la política exterior hacia Managua. Esto puede generar sospechas”, explica.
“Para mí la única explicación aceptable es que hay algún tipo de convenio entre Rodrigo Chaves y Ortega para no cuestionarse muchas cosas, yo creo que más desde el lado costarricense a favor del régimen (...). Ya es evidente que (el gobierno costarricense) no tenía ni tiene intenciones de proteger a los refugiados nicaragüenses“, agrega el analista.
Ante la falta de respuesta de Presidencia, RD acudió a la lideresa del oficialismo, Pilar Cisneros. La diputada afirmó que desconoce si el Gobierno o la Cancillería deben pronunciarse “cada vez que hay un asesinato”. “No es que la muerte de este señor no haya que lamentarla, por supuesto que sí, pero diplomáticamente no sé si corresponde o no”, agregó.
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Años atrás, Costa Rica sí se pronunciaba. En noviembre de 2021, cuando Ortega se proclamó presidente de Nicaragua con el 75% de los votos tras una ola de detenciones, persecución judicial contra aspirantes de oposición y allanamientos a medios de comunicación, el país no reconoció el resultado de los comicios y demandó la liberación de los presos políticos.
“Nunca fuimos tibios”, defendió el excanciller de la República, Rodolfo Solano, quien dirigió el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto durante la administración Alvarado Quesada. Para Solano, la política exterior fue activa en defender la libertad de prensa y expresión, en exigir el respeto a las voces disidentes de Nicaragua. “Eso es parte de la democracia”, sentenció.
La posición confrontativa de Costa Rica con el régimen Ortega-Murillo, de hecho, enfureció a la dictadura. En agosto de 2021, la Cancillería de Nicaragua envió una carta a Costa Rica llena de insultos, con el título “De parlanchines y fanfarrones, líbranos, Señor! A esa Costa Rica purísima-vida!”.
Hoy, Solano diagnostica un panorama distinto: no existe una actitud propositiva de Costa Rica para generar liderazgo.
Con él concuerda Enrique Castillo, quien lideró la diplomacia nacional durante el conflicto con Nicaragua por la invasión a Isla Calero en 2010.
“Como excanciller me llama la atención el silencio del gobierno, cuando Costa Rica es un país proderechos humanos y, además, porque el asesinato de Samcam revela una falla de seguridad, o más bien, de inseguridad en este país. Si hay células extranjeras operando en Costa Rica, eso lesiona nuestra integridad territorial y nuestra soberanía”, aseguró.
Castillo afirmó que tiene conocimiento de que, desde hace varios años, se rumora que el régimen de Ortega-Murillo ejerce persecución a sus opositores a través de la embajada en Costa Rica.
Hace siete años, en entrevista con La Nación, el propio Samcam advirtió que Daniel Ortega infiltró agentes en Costa Rica. El opositor sabía que lo acechaban y, por eso, tomaba medidas de seguridad que sus allegados llegaron a considerar “exageradas”. Apenas en junio de 2024, declaró a Nicaragua Investiga que “las embajadas son un nido de agentes de Ortega, en todo el mundo, pero más en los países donde hay exilio nicaraguense”.
Desde 2022, la Asociación Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos (ANPDH) venía advirtiendo reiteradamente a las autoridades costarricenses que la dictadura intensificaba su infiltración en el país y que el instrumento clave para lograrlo era Valdrack Jaentschke, un alto jerarca del régimen que realizó labores de inteligencia desde la Dirección General de Seguridad del Estado durante el gobierno sandinista (1979-1990) y dio un salto diplomático durante la dictadura.
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En julio de 2022, Jaentschke asumió como “ministro consejero con funciones consulares” en la embajada de Nicaragua en Costa Rica. Antes ocupó la misma posición en Guatemala, en setiembre de 2021, y luego en Honduras, en diciembre del mismo año. Su paso por las embajadas en Centroamérica ha sido breve y rodeado de cuestionamientos por su presunta implicación en labores de persecución a opositores.
La ANPDH señala como ejemplo el asesinato de Rodolfo Rojas Cordero, ocurrido en junio de 2022, un mes antes de la llegada de Jaentschke a Costa Rica. Rojas fue secuestrado en la frontera entre Honduras y Nicaragua, torturado, asesinado y abandonado en territorio hondureño. El crimen tuvo lugar apenas tres meses después de que Jaentschke concluyera su corta misión diplomática en Honduras.
El abogado especialista en derechos humanos y presidente de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez, remitió cuatro cartas al presidente Rodrigo Chaves, entre octubre de 2022 y noviembre de 2024, para expresarle la preocupación de la comunidad nicaragüense en el exilio y la creciente incidencia del régimen de Ortega en Costa Rica. No recibió respuesta.
A finales de 2023, Leiva llegó a reunirse con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, un representante de su despacho, Alejandro Arce, y el director de Migración, Omer Badilla. Según la minuta remitida por Leiva, discutieron sus preocupaciones y una carta enviada al presidente Chaves el 14 de octubre de 2022.
En esa misiva, Leiva se refería a las comunicaciones con el gobierno Alvarado Quesada, así como a la ausencia de oficinas de la Dirección de Inteligencia y Seguridad en fronteras; a la existencia de “uno o varios grupos” que vendían falsificaciones de documentos oficiales costarricenses para ingresar a Nicaragua; las sospechas por el accionar de Jaentschke desde la embajada; y otras preocupaciones por la integridad territorial de Costa Rica.
La reunión con Zamora se llevó a cabo el 29 de agosto del 2023 y, según Leiva, nunca llegó a nada. Joao Maldonado sería atacado en enero de 2024, confirmando las preocupaciones de Leiva y otros activistas y defensores de DD. HH.
Esta revista consultó al jerarca de Seguridad sobre su participación en la reunión. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
El mes pasado, Leiva renunció a su condición de asilado político en Costa Rica y abandonó el país, temeroso por su inseguridad (en 2019, había denunciado seguimientos, según el expediente 19-006385-0042-PE).
“Salí de Costa Rica porque la situación de vulnerabilidad de mi seguridad personal se hizo insostenible”, dijo Leiva a esta revista. “Recibí amenazas claras y directas, además de que fui víctima de seguimientos o asedio por parte de personas desconocidas, en la calle y en el lugar de donde realizaba mi labor (...). Nos tuvimos que cambiar de oficinas, para trabajar en clandestinidad, y con bajo perfil”.
Preocupación por acción clandestina de Nicaragua
“Todos piden el esclarecimiento de los hechos y apuntan que ha sido un crimen teledirigido desde la cúpula de Nicaragua (...). El Poder Ejecutivo ha guardado silencio, me imagino que los intereses comerciales y empresariales de los poderes fácticos internos no quieren problemas con la dictadura”, declaró a RD el sociólogo y analista Oscar René Vargas, quien integró el Frente Sandinista en la lucha contra la dictadura de Somoza y está en el exilio tras haber sido preso político.
Vargas, quien se reunió con Samcam un día antes de su asesinato, afirma que había conversado con él sobre el tipo de operaciones que podía montar el régimen. Pensaban que lo más probable sería un ataque en la calle. “Nunca pensamos que podrían hacer un atentado en casa”.
Su “olfato” le dice que los responsables de la muerte de Samcam son integrantes de un comando militar que viajó desde Nicaragua. Ese mismo día, teoriza, los perpetradores estaban ya de regreso en la frontera norte. Nada fue improvisado.
“No solamente es la ejecución física que sufrió Roberto; esto es un mensaje político que mandaron a los refugiados”, dice Vargas.
A la vez, Eduardo Trejos, exembajador de Costa Rica en Nicaragua y jefe de la DIS en 2018, recuerda que, en aquel entonces, la tensión se vivía sobre todo dentro de las fronteras nicaragüenses. Sin embargo, reconoce que hoy el panorama ha cambiado. A su juicio, no sería prudente descartar que la dictadura haya decidido cruzar límites territoriales.
“Yo no me atrevería a afirmar semejante cosa, porque podrían ahora sí estar interesados en expandir sus operaciones en Costa Rica”, afirmó.
Trejos reveló que, desde 2018, la institución detectó movimientos sospechosos de personas que recababan información en territorio costarricense. La DIS los seguía, y era común que, al notar que eran objeto de vigilancia, dichos individuos abandonaran el país.
Amaru Ruiz, nicaragüense que preside la Fundación del Río -una de las más de 5.600 organizaciones clausuradas por la dictadura de forma arbitraria desde 2018- denunció junto a comunidades indígenas el incendio que arrasó con los bosques en la Reserva de Indio Maíz ese mismo año, así como la masacre de nueve indígenas en el noreste del país cometida por invasores de tierras y que el régimen atribuyó a “discordias” entre comunitarios.
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Hoy, desde Costa Rica, denuncia una creciente sensación de inseguridad. “Desde varias organizaciones hemos denunciado que, evidentemente, Costa Rica cada vez más enfrenta una situación de desprotección debido a las operaciones de estructuras vinculadas a Ortega-Murillo dentro de Costa Rica”, dice. “Debería de haber un posicionamiento claro del gobierno de Costa Rica. Que se mande un mensaje contundente al régimen”.
Tres agujeros de bala en el vehículo de Joao Maldonado, marcaron el inicio de una seguidilla de atentados a opositores del régimen resguardados en Costa Rica. El 11 de setiembre de 2021 fue interceptado por motorizados. Estaba organizando una manifestación contra el régimen. Sobrevivió al atentado.
El 10 de enero de 2024, junto a su esposa, fue objetivo de otro ataque. Mismo modus operandi. Ambos sobrevivieron. Tres personas fueron detenidas en octubre y el OIJ señala como sospechoso al periodista nicaragüense Danilo Aguirre Sequeira; se presume que fue una de las últimas personas con las que Maldonado se contactó al llegar a San José. En apariencia, se resguarda en Nicaragua.
En agosto de 2022, un opositor identificado como Carlos A. sobrevivió a dos disparos. En febrero de 2023, Erick Antonio Castillo, un joven excarcelado político nicaragüense, fue asesinado en La Cruz de Guanacaste. En octubre de 2024, Jaime Luis Ortega Chavarría, líder campesino refugiado y solicitante de asilo desde 2018, fue asesinado en Upala. En junio fue Samcam.
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El departamento de prensa del OIJ aseguró que no se referirá al caso, pues está en investigación. Sin embargo, el 20 de julio, en declaraciones a Teletica, el director de la policía judicial, Randall Zúñiga, no descartó la presencia de células del régimen en el país.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha afirmado, con contundencia, que operativos del régimen trabajen ampliamente en Costa Rica.
“El cálculo de los Ortega-Murillo es contar con silencios. Contar con el silencio de Costa Rica, con el silencio de otros gobiernos, contar con que la gente vuelva a ver para otro lado, contar con que a nivel internacional hay condiciones sumamente críticas y que eso hace que la atención esté concentrada en otras cosas”, considera Dora María Téllez.
“Para los Ortega-Murillo todos los tipos de silencio son útiles”.
