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El dirigente opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, todavía afrontan secuelas del ataque a balazos que sufrieron el pasado 10 de febrero en las cercanías de la Universidad Latina, en San Pedro de Montes de Oca.
“Ella quedó en silla de ruedas, pues no puede caminar; y él ha tenido complicaciones de movilidad por estar tanto tiempo acostado”, explicó un allegado a la pareja. Otro entrevistado indicó a La Nación que Nadia tiene la esperanza de volver a caminar mediante terapia. “Será hasta el futuro que nos podremos dar cuenta”, aseguró.
Por razones de seguridad, ambas personas declinaron precisar si Maldonado y Robleto permanecen en Costa Rica o si salieron fuera del país.
El día de la agresión, ambos viajaban en un vehículo Hyundai Excel de 1993, cuando fueron interceptados por dos sujetos en motocicleta. Los pistoleros se colocaron del lado del conductor y abrieron fuego en múltiples ocasiones contra la pareja.
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Ya herido, Maldonado siguió conduciendo hasta el cruce con la Calle de la Amargura, donde logró parquearse. En ese sitio, fueron atendidos por socorristas y enviados de emergencia al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que Maldonado recibió siete disparos en diferentes partes del cuerpo, mientras que su esposa recibió dos impactos, uno de ellos en la cabeza. Ambos requirieron intervención quirúrgica el día del ataque.
Caso mencionado en la CIDH
El caso de Joao Maldonado y Nadia Robleto fue expuesto por Yefer Bravo, representante de la Unidad de Exiliados Nicaragüenses, en la audiencia 190 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el pasado 8 de julio en la que se convocó a Costa Rica a referirse al tema “Situación de personas solicitantes de asilo y refugiadas nicaragüenses”.
Bravo explicó que Maldonado no solo fue atacado a inicios de este año, sino que en setiembre de 2021 sufrió una primera agresión en Escazú. Además, aseguró que otras personas opositoras al gobierno de Nicaragua han sido objetivo de ataques orquestados desde aquel país, tanto en Costa Rica como en Honduras.
“El régimen de Daniel Ortega intensificó sus operaciones extraterritoriales, enviando aproximadamente 1.500 militares y paramilitares. Estos, en su mayoría, pertenecen a la Dirección de Información para la Defensa”, aseguró Bravo en la audiencia.
Daguer Hernández, abogado que también participó en la audiencia, dijo a La Nación que parte de la intención de mencionar esos casos era evidenciar “la posibilidad de que dentro del territorio costarricense estas personas (refugiadas) puedan sufrir algún atentado por parte de personas allegadas al gobierno de Daniel Ortega”.
Escape a Costa Rica
Maldonado fue perseguido por el gobierno de su país después de participar en las protestas de abril del 2018. Según sus relatos, se vio obligado a escapar hacia Costa Rica.
En 2021, sufrió en Escazú un primer ataque. Gracias a las intervenciones médicas, sobrevivió a cinco balazos, uno de los cuales rozó una válvula del corazón y otros dos impactaron en su brazo izquierdo. Otro proyectil se alojó en el estómago y el quinto, en la clavícula. Por esa agresión, pasó más de tres semanas en Cuidados Intensivos.
En setiembre de 2023, Maldonado afirmó a La Nación que en Costa Rica operaban células del mandatario Daniel Ortega. Detalló haber recibido amenazas mediante llamadas telefónicas o por medio de mensajes de audio en WhatsApp.
“Esas amenazas provienen del régimen de Nicaragua y la dictadura. Las investigaciones del atentado que sufrí en 2021, según me dicen los agentes, ya descubrieron que vienen de Nicaragua. Y no soy solo yo, en Costa Rica no he sido el primero”, declaró Maldonado a este diario cuatro meses antes del segundo atentado.
En aquella ocasión, el opositor también dijo que una vez la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), adscrita a la Casa Presidencial, llegó a una vivienda en la que él estaba para advertirle de un posible atentado.
