Ginebra. Un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen “crímenes de lesa humanidad”, según un informe publicado este jueves en el que reclamó sanciones internacionales.
El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, divulgado en Ginebra, menciona ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.
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"Se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos", afirmó el experto independiente Jan Simon, citado en un comunicado.
"La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra", agregó Simon.
El grupo de expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas, con un saldo de más de 350 muertos.
El pasado 9 de febrero, el gobierno de Daniel Ortega excarceló a 222 opositores, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad.
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Una semana después, también les retiraron su nacionalidad a 94 disidentes que ya estaban en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) advirtió que la legislación nicaragüense que permite privar de ciudadanía viola el derecho internacional.
El presidente Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condenas de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria.
El reporte recalca que los abusos “no son un fenómeno aislado”, sino el fruto de un “desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.
Desde diciembre de 2018, al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior, señala el comunicado.
Ejecuciones, torturas y persecución
Simon acusó al gobierno nicaragüense de “instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para [...] implementar un marco legal tendiente a reprimir” las libertades fundamentales y “eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.
Según el grupo de expertos, Ortega junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, cometieron estos crímenes y continúan haciéndolo.
En su informe, el grupo insta a la comunidad internacional a emprender acciones legales contra los responsables de esas violaciones y a incrementar las sanciones.
Simon destacó que el Estado y los individuos responsables de las violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, ya sea bajo el derecho internacional penal, la legislación nicaragüense o de terceros países.
El informe apunta que la policía nacional y grupos armados progubernamentales, de forma coordinada, incurrieron en un patrón de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2018, se prolongaron por casi cinco meses.
Unas muertes cuya investigación obstruyó el gobierno de Ortega, según los expertos.
Además, acusa a agentes de la policía, funcionarios penitenciarios y a miembros de grupos armados progobierno de cometer actos de tortura, incluida la violencia sexual, durante los interrogatorios y la detención de opositores.
“Las autoridades buscan la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora”, señaló la experta Ángela María Buitrago, citada en el comunicado.
“Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas” y líderes opositores “se vieron obligados a abandonar el país”, insistió.
En el documento, los expertos instan al gobierno a terminar con “las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos” y a abrir investigaciones independientes de los abusos denunciados.