Los indicios de que en Costa Rica operan células que atentan contra la vida de refugiados políticos nicaragüenses que adversan el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, deben ser tomados con seriedad por el gobierno de Rodrigo Chaves.
Hay un patrón innegable en todos los ataques: seguimientos con autos y motocicletas, conocimiento detallado de las rutinas de las víctimas y una ejecución selectiva, sin móviles como el robo. No hace falta ser especialista para sospechar que opera una estructura organizada, con financiamiento y objetivos políticos.
Por eso, ya no se puede minimizar la posibilidad de que estemos ante una forma de crimen organizado transnacional. Hace un año y medio, el 10 de enero de 2024, tras el segundo atentado contra el opositor Joao Maldonado, la Casa Presidencial se apresuró a declarar que no existía “ningún tipo de indicio” de células controladas por el gobierno de Nicaragua en territorio nacional, versión que ahora queda en entredicho por la cadena de atentados contra voces críticas.
Con el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam Ruiz, este jueves de 19 de junio, ya son al menos cuatro los homicidios contra opositores nicaragüenses en los últimos tres años, de acuerdo con datos de Monitoreo Azul y Blanco, organización nicaragüense que registra denuncias de violaciones a derechos humanos.
Primero, fue Rodolfo Rojas Cordero, protagonista en las protestas ciudadanas de 2018 contra el régimen Ortega-Murillo, quien habría sido secuestrado en La Cruz, Guanacaste, en junio de 2022. Le siguió Erick Antonio Castillo, asesinado en La Cruz, en febrero de 2023, tras recibir amenazas por sus testimonios sobre torturas de la dictadura; luego se dio el homicidio de Jaime Luis Ortega Chavarría, líder campesino refugiado en Upala, donde fue acribillado en octubre de 2024 por un grupo de hombres que llegó a buscarlo a su casa, y ahora, Samcam. A ellos se suman los dos intentos fallidos contra Maldonado –el primero, en 2021–, así como otros ataques y amenazas denunciadas por la comunidad exiliada.
El común denominador en tres de los homicidios –a la espera de confirmar el origen de Castillo– y en los dos intentos de asesinato contra Maldonado es que todas las víctimas son del departamento de Carazo, una de las zonas donde en 2018, durante las protestas, la población mostró una de las resistencias más férreas a las fuerzas policiales y paramilitares. En los enfrentamientos, hubo bajas tanto entre opositores como en las fuerzas armadas del régimen, lo que refuerza la hipótesis de que estos ataques en Costa Rica podrían tratarse de ajustes de cuentas contra quienes participaron activamente en esa resistencia.
La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) es contundente: el régimen desarrolló una red de inteligencia en territorio costarricense. “Han llegado a infiltrar diplomáticos disfrazados para organizar células, ubicar a opositores y darles seguimiento según su perfil”, advirtió un portavoz. ¿Diplomáticos? ¿Células? ¿Seguimientos? Samcam había advertido desde 2018, en declaraciones a La Nación, sobre la infiltración de agentes orteguistas en Costa Rica con el fin de desestabilizar el país y acallar las voces que denunciaban al régimen ante la comunidad internacional.
En junio de 2024 fue más allá: afirmó que la Embajada de Nicaragua en San José, cuando estaba al mando de Valdrack Jaentschke, actual canciller de Ortega, llegó a albergar a 22 agentes encubiertos de la Dirección de Información para la Defensa, cuya misión era identificar a refugiados, rastrear sus rutinas y contratar sicarios para ejecutar atentados sin dejar rastro diplomático. Esta última declaración quedó registrada en un video presentado en el foro “Represión transnacional, el caso de Nicaragua” en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ese video, Zoilamérica Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial, quien se refugió en Costa Rica, también denunció que “no hay sensación más difícil que darte cuenta de que los tentáculos de quienes te persiguieron en tu país llegan hasta acá”. Joao Maldonado también ha señalado reiteradamente la existencia de una célula del régimen en territorio nacional.
Con tal cadena de hechos y testimonios, el gobierno costarricense no puede seguir actuando como si nada extraño ocurriera. La DIS, como órgano de inteligencia al servicio del presidente de la República, tiene el deber de advertir de los riesgos que comprometan la seguridad nacional. Ya es hora de que investigue y comunique si una red extranjera se infiltró en suelo tico para vigilar y matar a críticos de una dictadura. De ser así, constituiría una violación al derecho internacional y local y, por ende, un ataque a la seguridad nacional digno de ser denunciado al mundo.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, tampoco puede mantenerse ajeno al tema al aducir que los casos están judicializados. Como jerarca de la Fuerza Pública, tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana; como superior de la Policía de Fronteras, el deber de reforzar la vigilancia en la zona fronteriza, especialmente cuando se sabe que, en el caso de Maldonado, al menos uno de los sospechosos ingresó ilegalmente al país.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también debe hablar con claridad. En el caso de Maldonado, el informe del segundo atentado reconoció explícitamente que existen posibles “motivaciones ideológicas” en el ataque que casi le cuesta la vida a él y a su esposa. El objetivo de los atentados, determinó la investigación, serían “nicaragüenses, exiliados pertenecientes a algún grupo opositor al régimen de Daniel Ortega”.
Lamentablemente, es necesario recordarle a la Presidencia de la República que sus compromisos para proteger vidas deben trascender el papel. El 12 de enero de 2024, al negar la existencia de células organizadas para atacar a refugiados nicaragüenses, el gobierno garantizó la seguridad “de toda la ciudadanía, incluyendo aquellos en condición de refugiados y solicitantes”. Con el asesinato de Samcam, se incumplió tal garantía.
Lo responsable ahora es que el gobierno deje de minimizar el problema y asuma su deber de proteger la vida de quienes encontraron aquí un refugio. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, debe adoptar un papel proactivo. La DIS, por su parte, tiene que rendir cuentas. Y el OIJ está en la obligación de hacer pública toda la información que pueda respaldar la fuerte sospecha de la existencia de una estructura criminal dedicada a la persecución política en suelo costarricense.
No podemos permitir que se asesine, en medio del silencio y la inacción oficial, a personas que hicieron de nuestro país un refugio. El deber del gobierno y los cuerpos policiales no es solamente frenar la impunidad, sino decir al mundo, con transparencia, qué hay detrás de estos atentados de ciudadanos nicaragüenses.
