La mañana del 19 de junio, Roberto Samcam, militar retirado y opositor de la dictadura en Nicaragua, cocinaba el desayuno. Hacía un platillo mexicano; cuatro días antes había llegado de ese país, encantado. A las 7:30 a. m., un hombre ingresó a la torre de apartamentos y le disparó al menos ocho veces. Roberto, quien había denunciado amenazas y la incursión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Costa Rica, murió en el lugar.
Esa misma tarde, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció a Costa Rica apoyo para investigar el caso. En las siguientes horas se pronunciaron 30 expresidentes de Iberoamérica, que exigieron al gobierno costarricense una investigación adecuada.
También organizaciones de derechos humanos de Nicaragua e internacionales lo pidieron, aunque sin respuesta.
A la fecha, el gobierno de Costa Rica no ha dicho nada. Habló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero no Presidencia ni el Ministerio de Seguridad. Cancillería sigue sin posicionarse o condenar el ataque armado.
“Este asunto está siendo investigado por el Organismo de Investigación Judicial, por lo que corresponde esperar los resultados de esa indagación”, justificó la Cancillería a esta revista, tras consultar sobre el motivo por el cual no ha habido pronunciamiento. Presidencia no ha contestado la solicitud al cierre de esta nota.
¿Por qué calla el gobierno Chaves Robles?
El internacionalista Carlos Murillo, de la Universidad Nacional (UNA), considera que Costa Rica atraviesa el periodo de “mayor opacidad” en las relaciones bilaterales con Nicaragua. “Ni el canciller ni Rodrigo Chaves han definido nunca cuáles son los temas bilaterales más importantes, cuál es la línea de la política exterior hacia Managua. Esto puede generar sospechas”, explica.
“Para mí la única explicación aceptable es que hay algún tipo de convenio entre Rodrigo Chaves y Ortega para no cuestionarse muchas cosas, yo creo que más desde el lado costarricense a favor del régimen (...). Ya es evidente que (el gobierno costarricense) no tenía ni tiene intenciones de proteger a los refugiados nicaragüenses“, agrega el analista.
Años atrás, Costa Rica sí se pronunciaba. En noviembre de 2021, cuando Ortega se proclamó presidente de Nicaragua, por cuarta vez consecutiva y con el 75 % de los votos, tras una ola de detenciones, persecución judicial contra aspirantes de oposición y allanamientos a medios de comunicación, el país no reconoció el resultado de los comicios y demandó la liberación de los presos políticos.
“Nunca fuimos tibios”, defendió el excanciller de la República, Rodolfo Solano, quien dirigió el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto durante la administración Alvarado Quesada. Para Solano, la política exterior fue activa en defender la libertad de prensa y expresión, en exigir el respeto a las voces disidentes de Nicaragua. “Eso es parte de la democracia”, sentenció.
La posición confrontativa de Costa Rica con el régimen Ortega-Murillo, de hecho, enfureció a la dictadura. En agosto de 2021, la Cancillería de Nicaragua envió una carta a Costa Rica llena de insultos, con el título: “¡De parlanchines y fanfarrones, líbranos, Señor! ¡A esa Costa Rica purísima-vida!”.
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Hoy, Solano diagnostica un panorama distinto: no existe una actitud propositiva de Costa Rica para generar liderazgo.
Con él concuerda Enrique Castillo, quien lideró la diplomacia nacional durante el conflicto con Nicaragua por la invasión a Isla Calero en 2010.
“Como excanciller, me llama la atención el silencio del gobierno, cuando Costa Rica es un país proderechos humanos y, además, porque el asesinato de Samcam revela una falla de seguridad, o más bien, de inseguridad en este país. Si hay células extranjeras operando en Costa Rica, eso lesiona nuestra integridad territorial y nuestra soberanía”, aseguró.
Ante la falta de respuesta de Presidencia, RD acudió a la lideresa del oficialismo, Pilar Cisneros. La diputada afirmó que desconoce si el Gobierno o la Cancillería deben pronunciarse “cada vez que hay un asesinato”. “No es que la muerte de este señor no haya que lamentarla, por supuesto que sí, pero diplomáticamente no sé si corresponde o no”, agregó.
Claudia Vargas, esposa de Samcam, reconoció que Roberto temía por su seguridad y, en apariencia, estaba en contacto directo con agentes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
El disidente sabía que su nombre encabezaba las listas de periodistas y opositores al régimen que la dictadura conformaba y, en ocasiones, se filtraban.
Aparecía él, junto a los detractores Rodolfo Rojas y Joao Maldonado. Rojas, en apariencia, fue secuestrado en La Cruz, Guanacaste, y llevado por la fuerza a Nicaragua. Su cuerpo fue hallado sin vida en Honduras. Maldonado ha sufrido dos ataques armados en Costa Rica desde su exilio, y un periodista llamado Danilo Aguirre, nicaragüense, figura como sospechoso en el segundo atentado. En apariencia, Aguirre se resguarda en Nicaragua.
“(En las listas) Les ponían una X sobre la foto de los que iban eliminando. Hubo gente que le dijo a Roberto que él encabezaba las listas, que iba primero, es decir, que era el próximo”, afirmó Vargas.
Tras siete años en el exilio, la X hoy está sobre la foto de Samcam. Pese a que organizaciones de derechos humanos y asilados denuncian persecuciones y amenazas del régimen en Costa Rica, hasta el momento, ninguna autoridad ha afirmado, con contundencia, que operativos del régimen trabajen ampliamente en el territorio nacional.