Azahalea Solís figuró en la lista de 94 personas a quienes, el 15 de febrero de 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo les arrebató, arbitrariamente, su nacionalidad. La activista, feminista y abogada nicaragüense fue condenada por “traición a la patria” sin proceso judicial ni defensa, y desde entonces, buscó el exilio.
Tras el reciente asesinato del también opositor de la dictadura, Roberto Samcam, en Moravia, asegura que el régimen envió un mensaje “muy claro” y la dimensión del atentado no ha sido considerada en Costa Rica.
Ni Cancillería ni Presidencia se han pronunciado sobre el homicidio. Ante una consulta de Revista Dominical, el departamento de prensa del Ministerio de Exteriores aseguró que no se referirá al caso hasta que culmine la investigación. Al cierre de esta nota, Presidencia no ha contestado la solicitud de esta revista.
“No se está valorando la dimensión de lo que este hecho (el asesinato de Samcam) significa y el hecho de que un gobierno de otro país pueda hacer incidencia de carácter criminal en el territorio (...). A la larga implica una situación de descomposición hacia lo interno de Costa Rica, o tal vez descomposición sea muy fuerte, pero sí de ausencia absoluta de protección”, asevera.
Desde su exilio en Costa Rica hace siete años, el propio Samcam había denunciado la incursión del régimen de Ortega-Murillo en territorio costarricense. El 19 de junio, un sicario ingresó a su casa, le disparó ocho veces y, el militar en retiro, falleció en el lugar. Una ola de temor se extendió por el resto de asilados en el país. Hasta el momento, los cinco atentados registrados contra opositores se habían producido en vía pública, ninguno dentro de un hogar.
“Me parece que hay un mensaje muy claro de la dictadura al hacer eso dentro de la casa para crear un sentimiento de miedo, de terror (...) Es un hecho altamente preocupante, me parece a mí por la sociedad costarricense, el hecho que pueda haberse cometido este asesinato con un sentido de impunidad y con un sentido de: ‘este es mi patio’”, asevera.
Después de abril de 2018, luego de sanguinarias manifestaciones en Nicaragua que pedían la salida de Ortega, el régimen orquestó un sistema de persecución y masivas detenciones a disidentes. El Observatorio Nicaragüense Contra la Tortura registra 229 sobrevivientes a la tortura. La misma entidad reporta víctimas de golpizas, asfixia seca y húmeda, colgamientos, choques eléctricos, quemaduras con ácido, quemaduras con cigarro y abusos sexuales.
Más de 830.000 nicaragüenses han sido desplazados de su país desde ese año, según datos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y la crisis se refleja en Costa Rica.
De acuerdo con registros de la Dirección General de Migración y Extranjería, solo 38 nicaragüenses solicitaron refugio en 2015. Sin embargo, entre enero de 2022 y el mismo mes de 2023, tras las masivas protestas y las elecciones de 2021, en las que Ortega se proclamó ganador una vez más, la cifra ascendió a 79.894.
La participación activa de Solís en movilizaciones sociales y en la defensa de los derechos humanos incomodó al régimen y culminó en su persecución, acecho y desnacionalización.
Desde 2007, cuando Ortega buscó la presidencia después de la última vez que sostuvo el poder, en 1990, Solís se opuso firmemente a su candidatura. Ortega tenía una acusación por abuso sexual. Como feminista e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, asegura, se manifestó.
“Nos parece que una persona con semejante acusación no puede ser aceptable en la vida pública”, dice.
Desde entonces, se mantuvo activa; incluso integró el proceso de diálogo con el gobierno durante las revueltas de 2018. Las mesas de conversación fracasaron y las opresión en Nicaragua continúa latente.
Más allá de una ejecución
El sociólogo y analista Oscar René Vargas, quien integró el Frente Sandinista en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza y está en el exilio tras haber sido preso político, se reunió con Samcam un día antes de su asesinato.
Afirma que había conversado con él sobre el tipo de operaciones que podía montar el régimen. Pensaban que lo más probable sería un ataque en la calle como ya había sucedido. “Nunca pensamos que podrían hacer un atentado en casa”.
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Su “olfato” le dice que los responsables de la muerte de Samcam son integrantes de un comando militar que viajó desde Nicaragua. Ese mismo día, teoriza, los perpetradores estaban ya de regreso en la frontera norte. Nada fue improvisado.
“No solamente es la ejecución física que sufrió Roberto; esto es un mensaje político que mandaron a los refugiados”, dice Vargas.
Pese a que organizaciones de derechos humanos y exiliados denuncian persecuciones y amenazas del régimen en Costa Rica, hasta el momento, ninguna autoridad ha afirmado, con contundencia, que operativos del régimen trabajen ampliamente en el territorio nacional.