Escuchar
Durante años, las estafas electrónicas se han medido en cifras, en montos sustraídos, número de casos y porcentajes de crecimiento. Se habla de millones perdidos, de redes criminales sofisticadas operando dentro y fuera de las instituciones bancarias, de fallas en los sistemas de control. Pero hay una dimensión menos visible, y más grave, que rara vez entra en la conversación pública: el daño que estas estafas producen en la salud mental y física de quienes las sufren.
Un reciente reportaje de la Revista Dominical lo pone en evidencia con crudeza. Detrás de cada transferencia fraudulenta hay historias de ansiedad, insomnio, depresión y, en casos extremos, eventos cardiovasculares. La estafa no termina cuando se vacía una cuenta; apenas comienza ahí. Esto obliga a replantear el problema. No estamos únicamente ante un fenómeno de seguridad digital o de protección patrimonial, sino ante un problema de salud pública.
La vergüenza juega un papel central. Muchas víctimas, particularmente adultos mayores, no denuncian por temor a ser juzgados o considerados ingenuos. Ese silencio no solo invisibiliza el fenómeno, sino que agrava sus efectos. La pérdida económica se convierte en pérdida de confianza en los sistemas financieros, en la tecnología y, en ocasiones, en la propia capacidad de tomar decisiones. El resultado es una forma silenciosa de exclusión.
Aquí aparece una paradoja inquietante. Mientras el país avanza en la digitalización de los servicios financieros, también expone a segmentos de la población que no necesariamente cuentan con las herramientas para navegar ese entorno con seguridad. La inclusión digital, sin educación digital, se ha convertido en un riesgo.
La aprobación de la ley contra las estafas financieras fue presentada como un avance necesario. Y lo es. Ordena procedimientos, distribuye responsabilidades y crea incentivos para mejorar los estándares de seguridad. Pero sería un error pensar que el problema se resuelve en el plano normativo. Ninguna ley puede sustituir la capacidad individual de reconocer una estafa.
Los esquemas fraudulentos evolucionan con rapidez. Se adaptan al lenguaje cotidiano, replican interfaces bancarias y utilizan ingeniería social cada vez más sofisticada. En ese contexto, la primera línea de defensa sigue siendo el usuario, y esa defensa no puede improvisarse.
Trasladar toda la responsabilidad a los bancos puede resultar intuitivo y políticamente rentable, pero es una solución incompleta. Ningún sistema, por robusto que sea, puede neutralizar por completo la sofisticación de la ingeniería social y las herramientas de inteligencia artificial. Apostar únicamente por la responsabilidad ex post ignora un componente esencial: la prevención estructural. Esto implica avanzar hacia medidas más proactivas, como programas de alfabetización digital segmentados por edad, alertas reforzadas para transacciones atípicas, pausas de seguridad en operaciones sospechosas y campañas públicas que reproduzcan escenarios reales de fraude, no advertencias genéricas. La protección efectiva no se logra solo corrigiendo después del daño, sino reduciendo la probabilidad de que ocurra.
La educación financiera y digital debería tratarse como una política pública prioritaria, sostenida, segmentada y medible. No es lo mismo alertar a un joven habituado a plataformas digitales que a un adulto mayor que apenas comienza a utilizar la banca en línea. La prevención exige entender esas diferencias.
Pero también requiere un cambio cultural. Dejar de tratar a las víctimas como responsables implícitos de su propio perjuicio. La narrativa de la imprudencia individual resulta cómoda, pero incompleta. Reduce un problema sistémico a un error personal y desincentiva la denuncia.
Como reportó la Revista Dominical, en este tipo de delitos la pérdida no se limita al dinero. Se pierde tranquilidad, se pierde confianza y, en muchos casos, algo más difícil de recuperar: la sensación de seguridad en lo cotidiano.
Por eso, la prevención también empieza en espacios más íntimos. La familia puede convertirse en la primera línea de defensa. Hablar abiertamente de estafas, compartir experiencias y establecer reglas simples, como confirmar cualquier solicitud de dinero por una segunda vía o definir códigos familiares para emergencias, puede marcar la diferencia.
En particular, el acompañamiento intergeneracional resulta clave: hijos o nietos que orientan a adultos mayores en el uso seguro de herramientas digitales. En un entorno donde la tecnología avanza más rápido que la capacidad de adaptación de muchos usuarios, esa red cercana no solo protege el patrimonio, sino también la confianza necesaria para no quedar excluidos del sistema.
Si el país quiere avanzar hacia una economía digital más amplia, deberá asumir que la protección no se agota en la regulación ni en la tecnología. También pasa por la capacidad de las personas de entender los riesgos que enfrentan.
Y ahí es donde, hoy por hoy, seguimos mal preparados.
