La iniciativa recibió los votos de los 14 legisladores presentes en la Comisión Legislativa con Potestad Plena III, y ahora pasará al Poder Ejecutivo para recibir la firma del presidente de la República.
Antes de la votación, la socialcristiana Daniela Rojas hizo uso de la palabra para manifestar sus dudas, así como el jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, quien consultó a la representante del Departamento de Servicios Técnicos si el proyecto se podía aprobar en una comisión plena.
Rojas reconoció que, durante todo el día, intentó que la iniciativa no se viera este miércoles, porque alegó que ese plan no soluciona el problema ni cierra el portillo a las bandas dedicadas al crimen organizado.
Pacheco también planteó que la iniciativa se frenara y se hicieran revisiones y mejoras, mientras una veintena de víctimas de estafas gritaban, desde la barra de público adjunta a la comisión, que ya habían tenido tres años para hacer las revisiones a fondo del proyecto.
En respuesta a los señalamientos de los socialcristianos, el diputado Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), rechazó los comentarios de Rojas y Pacheco.
“Se pretende, para empezar, evitar que haya fraudes y para eso se les exige blindar los sistemas. Si no lo hacen, y hay fraudes, entonces es responsabilidad de los bancos”, enfatizó.
El expediente 23.908 establece que las entidades financieras serán responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la sustracción de dinero o del patrimonio de las cuentas bajo su custodia, independientemente de la existencia de culpa.
La responsabilidad aplica incluso cuando la sustracción provenga de un tercero ilegítimo no autorizado por el titular, sin importar el mecanismo utilizado para concretar el fraude.
La norma es clara: si el dinero fue sustraído de una cuenta bajo custodia de la entidad, el banco debe responder. No obstante, hay excepciones.
La norma avalada establece dos excepciones específicas en las que la entidad financiera no incurrirá en responsabilidad:
-Cuando se demuestre que se trató de un autofraude
-Cuando la entidad demuestre que cumple con los estándares adecuados de ciberseguridad instruidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)
Esta última excepción aplica cuando se considera que la entidad es ajena a la producción del daño.
Si el proyecto es aprobado y entra en vigor tras su publicación, el marco legal establecerá como regla general la responsabilidad objetiva de las entidades financieras por la sustracción de fondos, con excepciones limitadas y sujetas a prueba.
Además, obligará a las entidades a actuar bajo protocolos formales y estándares de ciberseguridad supervisados.
La iniciativa introduce un cambio en el Código Procesal Civil para establecer que, en casos relacionados con defensa del consumidor y fraudes electrónicos, regirá la inversión de la carga de la prueba en favor de las personas afectadas, tanto en sede administrativa como judicial.
Esto implica que, en principio, no será el cliente quien deba probar la responsabilidad del banco, sino que corresponderá a la entidad desvirtuar los hechos o demostrar que se encuentra en alguna de las excepciones previstas.
Adicionalmente, las entidades financieras están obligadas a incorporar mecanismos ágiles para la devolución de montos retenidos que presuntamente provengan de fraudes.
Además, deberán devolver los recursos que hayan identificado como provenientes de fraudes, siempre que cuenten con suficientes elementos de prueba que permitan concluir el carácter ilegítimo de la transacción.
El proyecto también protege a la entidad y a sus funcionarios al señalar que no serán responsables por la devolución de dichos recursos cuando, razonablemente, pueda considerarse que se trató de una operación ilegítima.
