El proyecto de ley fue aprobado en primer debate por los diputados en la Comisión Legislativa con Potestad Plena Tercera del Congreso el pasado 25 de febrero.
De acuerdo con la Sugef, los principales riesgos del proyecto de ley son que traslada las disputas a un mecanismo que puede terminar en tribunales, desnaturaliza el rol de la Sugef, tensiona garantías básicas, puede dejar al usuario en desventaja práctica y promete más de lo que puede ejecutar.
El ente supervisor además señaló que la iniciativa contraviene el marco institucional vigente.
Los argumentos de la Sugef
La Sugef indicó por medio de un comunicado, que el texto pretende que el ente supervisor “valide”, en plazos muy reducidos, casos complejos con base en expedientes técnicos elaborados por las entidades financieras, sin establecer un procedimiento claro que garantice un contraste adecuado de las posiciones de ambas partes y de la evidencia correspondiente.
Lo anterior puede desplazar el conflicto hacia la vía judicial y generar demoras, costos y frustración para las partes afectadas.
Por otro lado, la Superintendencia resaltó que el proyecto le asigna funciones propias de un tribunal o una instancia de resolución de controversias caso por caso lo que es incompatible con las funciones que tiene asignadas por ley.
Asimismo, planteó que bajo la propuesta actual, una “ratificación” administrativa por parte de la Sugef puede inclinar el curso del caso desde una etapa temprana, y aumentar la desigualdad real entre las partes, considerando las diferencias de capacidad técnica y recursos para sostener un proceso.
“El proyecto promueve una ilusión de seguridad que podría no materializarse, debido a su inviabilidad operativa y a los riesgos legales que plantea. Esto podría traducirse en una ley inoperante en la práctica, alejándose de una protección efectiva para la persona usuaria. Lo anterior se contrapone a los principios de una política pública responsable", asegura la Sugef.
Por otro lado, plantea que la iniciativa le asigna a la Sugef competencias regulatorias que le corresponden al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y, atribuciones en materia de controversias individuales que son propias de instancias judiciales.
El pasado 26 de febrero, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), en una primera oportunidad avaló la iniciativa de ley y posteriormente se retractó, señalando que está lejos de solucionar el crimen organizado alrededor de estos delitos.
La posición de la gremial provocó que los tres bancos públicos: Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Popular (BP), renunciaran de la ABC de manera irrevocable.
Ese mismo día, la Cámara de Bancos e Instituciones Financiera de Costa Rica (CBF) se opuso al proyecto de ley y aseguró que presenta oportunidades de mejora.
Suspender avance de iniciativa
La Sugef solicitó a la Asamblea Legislativa suspender el avance de la iniciativa al segundo debate y someter el texto a consulta facultativa de la Sala Constitucional.
Además sugirió corregir las inconsistencias “para asegurar una ley efectiva, coherente y jurídicamente sólida”.
La Sugef reiteró su venia para colaborar técnicamente con el Congreso para elaborar una alternativa al proyecto que sea “realista, implementable y efectiva, que proteja a la ciudadanía sin generar efectos adversos”, concluyó el ente supervisor.
