La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se retractó de respaldar el proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios, aprobado en primer debate por la Comisión Plena III del Congreso.
En un primer comunicado, remitido a las 9:12 a.m., la gremial bancaria consideró que la iniciativa constituye un paso relevante hacia un marco normativo más equilibrado en Costa Rica.
Posteriormente, a las 12:21 del mediodía, la ABC, por medio de otro comunicado de prensa, aseguró que está lejos de solucionar el crimen organizado alrededor de estos delitos.
Para esta organización, las estafas electrónicas constituyen un fenómeno asociado al crimen organizado que requiere un enfoque integral basado en la prevención, la educación financiera y la cooperación entre autoridades, entidades financieras y ciudadanía.
La Asociación señala además, que la Comisión Plena III no atendió todos los criterios técnicos necesarios para resolver integralmente este problema de crimen organizado, pues no establece responsabilidades para quienes cometen el delito e insistió en incorporar de forma expresa la figura de la culpa grave como elemento técnico dentro del análisis de responsabilidades.
“La inclusión de este concepto permitiría precisar mejor los supuestos en que corresponde o no una indemnización, fortalecer la seguridad jurídica del régimen y asegurar un equilibrio adecuado entre la protección efectiva de las personas usuarias y los principios de justicia y razonabilidad que deben regir cualquier esquema de responsabilidad”, refiere la ABC.
Asimismo, plantea que la iniciativa establece un principio de responsabilidad para las entidades financieras en la custodia de los recursos de sus clientes, como siempre ha sido responsabilidad de los bancos y es un aspecto que ya está legislado.
En horas de la mañana, la gremial había señalado que el texto aprobado en primer debate representaba un avance significativo, al proteger a las personas usuarias sin trasladar de forma automática la totalidad del riesgo a las entidades financieras.
La iniciativa aprobada en primer debate establece la responsabilidad de las entidades financieras por los daños y perjuicios que cause el robo del dinero o patrimonio de las cuentas de los clientes del banco, aunque esa sustracción sea responsabilidad de un tercero ilegítimo no autorizado para entrar en la cuenta del consumidor.
Además, la legislación propuesta puntualiza en cuáles casos la entidad financiera no será responsable por la estafa de la que sea víctima su cliente.
El aval matutino
En la comunicación anterior, remitida esta mañana, Rodrigo Cubero, asesor económico de la organización, señaló que el texto avalado, expediente 23.908, permite avanzar hacia un principio de responsabilidad balanceada y justa, pues establece reglas claras para las instituciones financieras y sus clientes.
“El texto aprobado en primer debate representa un avance hacia un principio de responsabilidad balanceada y justa, que protege a las personas usuarias sin trasladar de forma automática la totalidad del riesgo a las entidades financieras”, consideró Cubero.
Entre los elementos destacados del plan, Cubero comentó que reconoce las causas en las cuales no habría responsabilidad de la banca, como en casos de dolo —por ejemplo, el llamado autofraude— u otras eximentes contempladas en el ordenamiento jurídico nacional.
Procedimiento para reclamaciones
El texto aprobado también incorpora un procedimiento específico para tramitar las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios en caso de haber sido víctimas de una estafa.
Según la comunicación inicial de la ABC, este mecanismo aporta reglas claras para ventilar disputas y delimitar responsabilidades, lo cual fortalece la seguridad jurídica tanto para clientes como para entidades financieras.
Cubero subrayó la importancia de combinar la prevención, la educación financiera y la cooperación entre autoridades, entidades financieras y ciudadanía para reducir la incidencia de este tipo de delitos.
Nota del editor: La nota fue actualizada a las 12:42 del mediodía del 26 de febrero, luego que la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) envió una segunda comunicación en la que cambió su posición de respaldo a la iniciativa legislativa en referencia.