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Aunque las lluvias de las últimas semanas generen una sensación de normalidad, la ciudadanía debe estar informada y el gobierno preparado para enfrentar un fenómeno El Niño que alcanzaría una intensidad muy fuerte hacia finales de año y prolongaría sus efectos hasta mediados de 2027.
Para el Pacífico norte, se proyecta un faltante de lluvia de hasta un 60%; en el Pacífico central y sur, la zona norte y el Valle Central, el déficit llegaría al 40%. En el Caribe, por el contrario, las precipitaciones aumentarían entre 10% y 15%, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Detrás de esos porcentajes, hay familias que podrían abrir el tubo y no encontrar agua, negocios y hoteles impedidos de atender a sus clientes por los racionamientos, agricultores que verían secarse sus cultivos, ganaderos sin pasto para alimentar a sus animales y pescadores cuyas capturas disminuirían porque algunas especies buscarían aguas más frías. Mientras Guanacaste enfrentará sequía, incendios y temperaturas cercanas a los 40 grados, Limón deberá prepararse para inundaciones y deslizamientos.
Por ahora, el gobierno cuenta con una estrategia, pero no está claro que disponga de un plan operativo. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) presentó una “Estrategia Nacional Contingente” que contiene más de 200 acciones propuestas por 18 instituciones. Por separado, el presidente ejecutivo de esa entidad, Alejandro Picado, anunció recursos por ¢82.000 millones. La cifra impresiona, pero la estrategia no indica cuánto corresponde a presupuestos ordinarios ni cuánto está disponible.
Aunque la matriz identifica instituciones y unidades responsables de muchas acciones, la conducción política y la responsabilidad por el resultado general permanecen difusas. Ante una crisis que afectaría el abastecimiento de agua, la electricidad, los alimentos y la producción y encarecería el costo de vida, es urgente articular la labor de las instituciones, asignar recursos y comprobar que las decisiones se ejecuten.
Por eso, la Presidencia de la República debe definir y anunciar cuanto antes quién asumirá el mando. En vez de desperdiciar energías en conflictos políticos estériles, el gobierno debería concentrar su liderazgo en prepararse para una amenaza nacional que tendrá efectos sobre la vida de más de cinco millones de habitantes.
La población merece recibir información frecuente sobre el avance de esas 200 acciones, el estado de los acueductos y embalses, los posibles racionamientos de agua y electricidad, el costo de la generación térmica y sus consecuencias sobre las tarifas, los alimentos, el empleo y la economía. Solo así podrán los ciudadanos prepararse.
La situación más crítica está en el abastecimiento de agua. La estrategia advierte de que sistemas vitales como Orosi y Tres Ríos podrían sufrir una caída de hasta 45% en su producción y afectar a más de 700.000 habitantes de la Gran Área Metropolitana. En Guanacaste, numerosas comunidades ya padecen faltantes y el panorama podría empeorar, y en Limón, los desbordamientos y las inundaciones amenazan con contaminar las fuentes, lo que llevaría a suspender el servicio.
Sin embargo, las previsiones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se concentran en aliviar las consecuencias sobre la población, más que en ejecutar obras para reducir la vulnerabilidad. Atender la emergencia es indispensable, pero esta crisis debe obligar a sus jerarcas a planificar soluciones permanentes –como Orosi II y el fortalecimiento de los acueductos rurales– para que el país no afronte cada sequía con racionamientos y camiones cisterna.
La prevención también obliga a actuar desde ahora en las zonas agrícolas y ganaderas. El crecimiento de las pasturas podría disminuir hasta un 75%, con graves consecuencias para la alimentación y supervivencia del ganado. También están amenazadas las cosechas de arroz, frijol, caña y otros cultivos, así como el sector pesquero. No debe olvidarse que El Niño del año 2015 provocó la peor sequía en el país desde 1930.
Las advertencias están hechas y los riesgos, identificados. Todavía hay tiempo para anticiparse, coordinar, informar y ejecutar. La Presidencia debe asumir la conducción política; la CNE, la coordinación técnica, y las otras 17 instituciones, el cumplimiento de sus competencias. Pero alguien debe articularlas, remover obstáculos, ordenar prioridades y exigir logros.
Cuando pase la emergencia, la gestión del gobierno no se medirá por el anuncio de las más de 200 acciones que planificó, sino por sus resultados: los racionamientos de agua y de electricidad que evitó, las cosechas y el ganado que logró proteger, los empleos y actividades productivas que contribuyó a sostener. También, por las obras que dejó encaminadas para que el próximo fenómeno climático no encuentre al país con muchos diagnósticos y ninguna solución.
Porque, si algo es seguro, es que El Niño regresará y sería inadmisible que volviera a encontrar a Costa Rica con las mismas vulnerabilidades.
