Escuchar
En medio de la peor crisis de seguridad ciudadana de las últimas décadas, cuando vemos a las bandas del narcotráfico disputarse territorios a balazos y asesinar sin misericordia a rivales o a inocentes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) libra una triple batalla que pone en riesgo su capacidad operativa.
La primera de esas luchas es la esencial de toda policía judicial: investigar, capturar y desarticular a los delincuentes. Esa tarea los lleva a enfrentarse a más de 200 bandas que reclutan a más de 4.000 personas y, paralelamente, debe perseguir a homicidas, sospechosos de corrupción, asaltantes, timadores...
La segunda batalla es interna. Es combatir el agotamiento físico y emocional de agentes sometidos a jornadas que superan las 12 horas y a la presión de saberse expuestos a represalias violentas.
La tercera es la más desconcertante: la que enfrenta por los ataques sistemáticos del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien convirtió al OIJ en blanco de insultos y descalificaciones con el propósito de deslegitimarlo ante la ciudadanía y, lo que es más grave, prometió bloquear recursos bajo el argumento de que “no se le dan alas a animales ponzoñosos”.
Ese anuncio lo hizo en mayo, un día después de que el OIJ y la Fiscalía, con orden de un juez, arrestaran a figuras cercanas a su gobierno por presuntas irregularidades en un contrato de $34 millones para la reparación de la pista del aeropuerto de Liberia. En la práctica, es una represalia, una instrumentalización del Poder Ejecutivo que, en última instancia, pone en riesgo la seguridad de todo el país.
Chaves cumplió su promesa. Vetó la reforma de ley aprobada por los diputados que permitiría a las autoridades judiciales ejecutar allanamientos en cualquier día u hora. Ese veto termina siendo una concesión a los delincuentes, pues saben que, con la ley vigente, solo los podrán sorprender en “horario de oficina”, de 6 a. m. a 6 p. m. Las noches las tienen libres.
Dichosamente, tres meses después, la fracción oficialista parece haber reconsiderado esa posición y respaldó el informe unánime de la Comisión legislativa de Asuntos Jurídicos que el miércoles pasado recomendó resellar dicho proyecto.
No obstante, el 24 de julio, el gobierno también le restó poder al OIJ y la Fiscalía al frenar la creación de 244 plazas más para la Policía Judicial y la Fiscalía, pese a esta crisis de inseguridad. En un oficio firmado por el entonces ministro de Hacienda y ahora candidato a diputado, Nogui Acosta, anunció que no girarán los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para financiar los puestos. Lo grave es que esas 244 plazas eran apenas un alivio, porque el faltante real es de 1.450.
Pese a las carencias, los números del OIJ hablan por sí mismos. En promedio, desarticula una banda criminal por semana. Ya resulta imposible llevar la cuenta de los allanamientos para capturar sospechosos de narcotráfico, lavado, sicariato o corrupción. Cada caso se identifica con nombres como Turesky, Corona, Azteca, Tómbola, Piazza, Critia, Madre Patria, Richter, Pista Oscura y Barrenador. Esa amplia lista refleja a una policía que, lejos de ser el “enemigo público” que pretende proyectar el gobierno, es un pilar en la defensa de la seguridad ciudadana, los recursos públicos y la soberanía nacional.
Es digno de resaltar que, en esta hora oscura que sufre el país por la criminalidad, dicho organismo no se ha doblegado ante el narcotráfico. Tal firmeza les costó la vida a dos de sus agentes en los últimos dos años. Jeiner Gómez fue asesinado por un sicario el 4 de octubre de 2023 en Tirrases, y Geiner Zamora fue atacado a balazos este 31 de enero en Guápiles. A eso se suma el ataque con un arma prohibida AK-47 a su edificio en Batán, Limón, el 31 de diciembre. Antes que replegarse por esa amenaza, 80 agentes acudieron a dar la cara en la denominada Operación Caribe 2.0 para mostrar poder y capturar a sospechosos de tráfico de drogas en ese distrito.
La combatividad del OIJ incluso llena los vacíos que el Ministerio de Seguridad Pública dejó en puntos calientes del narcotráfico, de donde retiró a la Policía de Control de Drogas y al Servicio Nacional de Guardacostas en una cuestionada estrategia que facilitó el repunte de las bandas. Caribe 2.0, en Batán, por ejemplo, es una función que debió ejecutar el Ministerio, como son los operativos de control territorial destinados a mantener la presencia visible de la Fuerza Pública y reafirmar la autoridad del Estado en zonas dominadas por la criminalidad.
Es cierto, el OIJ no es perfecto, pero es indispensable. Respaldarlo debe ser obligación de un gobierno que, con acciones erráticas, ha permitido una mayor penetración y empoderamiento del narcotráfico. Como lo hemos reiterado hasta la saciedad, esta ola criminal nos arrebata no solo la paz, sino derechos fundamentales como la libertad de movimiento.
El tsunami de homicidios, las balaceras en calles, barrios, restaurantes y bares, e incluso la caída en el ingreso de turistas, son un mensaje inequívoco de que los ciudadanos somos los grandes perdedores de esta batalla. El presidente Chaves y su gobierno deben comprender que sus ataques y revanchas contra el OIJ y la Fiscalía constituyen un arma de doble filo pues, lejos de beneficiar al pueblo, fortalecen a los delincuentes.
