EscucharEn una democracia consolidada, los cuerpos policiales especializados como la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Unidad Especial de Intervención (UEI), y entidades como el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) –todos adscritos a la Presidencia de la República–, no pueden operar exentos de fiscalización, delimitación clara de funciones, ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Mucho menos cuando existen sospechas de que sus acciones podrían amenazar las libertades públicas.
Las denuncias por seguimientos a diputados, magistrados y al fiscal general, Carlo Díaz, confirman la urgencia de reformas que definan claramente los límites operativos de estas entidades. Es igualmente vital que toda acción quede registrada y sea rastreable, con información precisa sobre quién la ordenó, quién la ejecutó y cuáles fueron sus resultados.
Es imprescindible que se discuta la implantación de un sistema de supervisión externa de esos cuerpos policiales, con autoridad para advertir y frenar cualquier violación al orden constitucional. En el caso de la DIS, la Sala Constitucional, en una resolución emitida el 23 de abril, advirtió de que esta entidad no es intocable. El voto dejó claro que debe estar sujeta a controles jurisdiccionales y administrativos, y que no puede actuar con discrecionalidad absoluta ni extralimitarse en sus competencias.
El episodio más reciente en el que se presume que la DIS se extralimitó involucra al diputado oficialista Manuel Morales, quien, en una audiencia legislativa, encaró al asesor y exdirector de la DIS, Hans Sequeira, con una pregunta que repitió tres veces: “¿La DIS persigue diputados o allegados de los diputados?”. La evasiva respuesta (“No sé a qué se refiere”) llevó al legislador a concluir todo lo contrario: “Gracias, me queda clarísimo”. Morales, mientras tanto, mostraba en su mano un rastreador de ubicación satelital GPS que, según dijo, apareció en el vehículo de una persona cercana que era vigilada por un agente de la DIS. Aunque denunció el hecho hace más de un año ante ese cuerpo policial, no ha recibido respuesta.
Otro caso significativo es el de la diputada independiente Johana Obando, quien denunció que el presidente Rodrigo Chaves utilizó a la DIS o a la UEI para espiarla a ella y a otros tres legisladores debido a su posición contra el decreto que excluyó a Huawei de la licitación 5G.
En cuanto al ICD, el fiscal general reveló, en octubre pasado, ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, que el Ministerio Público investiga si vehículos decomisados al narcotráfico y asignados al Instituto han sido utilizados para vigilar a diputados, magistrados, a él mismo y a “todo el que se oponga”.
La UEI, además del caso denunciado por Obando, entró en la polémica en noviembre, cuando el presidente Rodrigo Chaves firmó un decreto que amplió sus funciones. A partir de eso, los agentes especializados en labores antiterroristas y antidrogas quedaron autorizados para “planificar, supervisar y participar” en operaciones como allanamientos, vigilancias y misiones encubiertas en zonas montañosas. Varios diputados de oposición, entre ellos Alejandro Pacheco, del PUSC, advirtieron de que, con ese decreto, la Unidad Especial de Intervención podría operar como una “policía política” o “policía secreta”, debido a que sus límites son ahora más difusos.
Precisamente, la Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley que trasladaría esa Policía del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Seguridad Pública. La iniciativa, impulsada por el diputado Gilberto Campos y ya dictaminada en comisión, tiene todo el sentido: una unidad especializada en enfrentar terrorismo y narcotráfico no debería operar bajo el mando directo del presidente de turno.
No obstante, en el caso de la DIS, no se vislumbran cambios pese a la creciente acumulación de señales de seguimientos. Por ello, es urgente que el Poder Ejecutivo examine si está usando la DIS para lo que fue creada, es decir, como órgano informativo del mandatario de turno en materia de seguridad nacional. Nada más. Si se confirman los hechos alegados por Morales y Obando, habría un claro desvío, porque sus casos no constituyen amenazas a la seguridad nacional.
También es necesario que el gobierno haga público el informe sobre la investigación que demandó el diputado Morales desde hace un año para identificar responsables y determinar si internamente se actuó de acuerdo con la ley. En ese sentido, es lamentable que diputados de Liberación Nacional, del gobierno y de Nueva República impidieran interpelar al ministro de la Presidencia a. i., Jorge Rodríguez Bogle, en el plenario legislativo, para cuestionarle la presunta persecución de la policía adscrita a su cartera.
Es preocupante que, ante múltiples sospechas, la Asamblea Legislativa no actúe con firmeza para garantizar que ninguna policía ni entidad puedan ser utilizadas para amedrentar o vigilar a ciudadanos, legisladores, autoridades judiciales o periodistas. La democracia no se defiende después de que el abuso se ha consumado, sino antes de que ocurra.
