Denuncian presunto uso de vehículos decomisados al narco para vigilar a fiscal, magistrados y diputados
Carlo Díaz, fiscal general, confirmó que recibieron una denuncia sobre seguimientos con automóviles quitados al narco, los cuales son administrados por el ICD, entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia
Carlo Díaz, fiscal general, comparó la situación que vive el país con la que experimentó Italia con las mafias. Fotos: Mayela López Mayela Lopez
Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República, afirmó este jueves que el Ministerio Público investiga un presunto uso de vehículos decomisados a bandas de narcotráfico para vigilarlo a él, diputados, magistrados y “a todo el que se oponga”. Estos son vehículos que luego de los operativos policiales se ponen al servicio del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), adscrito al Ministerio de la Presidencia.
Así lo dio a conocer Díaz durante una audiencia ante la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público, de la Asamblea Legislativa.
La diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), consultó al fiscal si había identificado a vehículos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS, adscrita al Ministerio de la Presidencia) siguiéndolo a él hasta su casa o al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.
Díaz respondió que las denuncias que han recibido, y que están bajo investigación, mencionan automóviles que se le decomisan al narcotráfico y que posteriormente entran al ICD, el cual también está adscrito al Ministerio de la Presidencia. “Eso es lo que dice una denuncia y que esos vehículos se usan para darnos seguimiento”, agregó.
Díaz relató a los legisladores que después de los allanamientos por presunta corrupción en contrataciones de la CCSS, observó a un sujeto en actitud sospechosa estacionado cerca de su residencia.
“Justo en la casa que está a la par de la mía, un día de estos estuvo un tipo, ahí nada más estacionado, cuando yo estaba llegando. ¿Qué significa eso? No me importa; si me tienen que matar me convertirán en un mártir y quizá eso sea suficiente para que Costa Rica cambie, como lo hizo Italia con la mafia italiana”, sentenció.
Ante lo relatado por el fiscal, la diputada Cambronero aseguró que nunca había escuchado que un fiscal general de la República estuviera en peligro de muerte o que fuera seguido, producto de una campaña de desacreditación liderada desde el gobierno.
“Es un tema muy grave lo que está pasando en este momento con ustedes”, externó la congresista.
El fiscal asistió al foro legislativo para referirse a los ataques que ha recibido por parte del gobierno del presidente Rodrigo Chaves y de la fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), luego de que el Ministerio Público efectuara allanamientos y detenciones por presuntos sobreprecios en contratos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, se encuentra entre las personas investigadas por este caso. Este jueves, un juez penal la suspendió del cargo durante seis meses.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), investiga un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de contratos a cuatro cooperativas y una asociación médica para la administración de 138 Ebáis durante 10 años. La contratación es por un total de ¢471.000 millones.
Además de Esquivel, por este caso están imputados tres directivos, tres exdirectivos y la gerenta general interina de la CCSS, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes.
Posterior a las diligencias efectuadas por el Ministerio Público por este caso, Carlo Díaz, de 51 años, se convirtió en el foco de dos denuncias.
La primera está relacionada con un nombramiento hecho en 1992, cuando tenía 19 años, como fiscal en una sociedad anónima que, dos décadas después, designó como tesorero a una persona que fue detenida el año pasado como sospechosa de narcotráfico.
La segunda, hecha pública por la diputada oficialista Paola Nájera, cuestiona que el fiscal viajara con su pareja a la Conferencia Internacional sobre la lucha contra las drogas, organizada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en Atenas, Grecia.
El fiscal sostuvo que su viaje fue costeado por la DEA y que, en el caso de su acompañante, “no recibió un cinco de parte del Estado”.
