Una extraña denuncia surgió contra el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, ocho días después de los allanamientos del Caso Barrenador y dos semanas después del allanamiento al Ministerio de Salud por la orden sanitaria ilegal que cerró Parque Viva en 2022.
En el Caso Barrenador se investiga un aparente sobreprecio de hasta ¢12.400 millones por año en la adjudicación de contratos de la CCSS a cooperativas de salud para la operación de 138 Ebáis durante 10 años.
Lo cuestionan por un nombramiento hecho en 1992, cuando tenía 19 años, en una sociedad anónima que, dos décadas después, designó como tesorero a una persona que fue detenida el año pasado como sospechosa de narcotráfico.
Díaz fue nombrado fiscal de la sociedad Linley Entretenimientos hace 32 años, el 20 de febrero de 1992; en aquella época, trabajaba como asistente en un bufete para costear sus estudios de Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR).
21 años después, el 20 de agosto del 2013, la sociedad nombró a un hombre de apellidos Segura Duarte como tesorero. Luego, otra década después, en noviembre del 2023, esta persona fue detenida en el marco de una operación judicial sobre el Caso Piazza, en el cual se investiga una aparente banda narco que utilizaba supermercados y una estación de servicio para lavar dinero.
Ante una consulta de La Nación, Carlo Díaz aseguró que, entre 1992 y 1997, trabajó en el bufete de un abogado y notario de apellido Sánchez, quien, según relató, tenía la práctica de constituir sociedades para sus clientes y, en ese proceso, nombraba a las personas que laboraban en el despacho en algunos de los puestos de esas juntas directivas, sin ningún poder de decisión o capital accionario.
“Lo anterior sin que se nos consultara y sin que fuera necesario siquiera firmar la respectiva escritura, es decir, sin consentimiento e, incluso, sin darnos cuenta de ello”, afirmó el fiscal general.
“No preciso la cantidad de sociedades en las cuales pude haber sido incluido en algún puesto de esa manera, ni recuerdo la sociedad que se menciona específicamente en la consulta (Linley Entretenimientos S. A.). Por ende, tampoco conozco las identidades de otras personas que la conforman ni a quienes también se encuentran incluidas en las mismas”, añadió.
“No soy accionista ni tengo participación activa en ninguna sociedad. No existe ninguna violación a mi deber de probidad ni ninguna situación que comprometa mi integridad. Desde el Ministerio Público, seguiré persiguiendo el delito sin distingo de personas, como lo he venido haciendo objetivamente a lo largo de mi carrera y actualmente en el puesto de fiscal general”, continuó.
El mismo notario inscribió sociedades en las que figura Carlo Díaz
En el Registro Nacional, Carlo Díaz figura en 16 sociedades anónimas como fiscal, tesorero o secretario. Todas se constituyeron entre 1992 y 1997, el mismo periodo en que él asegura que trabajó como asistente en un bufete.
De esas 16 sociedades, al menos 13 fueron constituidas por un notario apellidado Sánchez Bagnarello, lo cual coincide con la versión del jefe del Ministerio Público.
En la respuesta enviada a este diario, mediante un correo electrónico, Díaz insistió en que su participación en esa y en el resto de sociedades fue investigada por la Comisión de Nombramientos de la Corte Plena, de previo a su designación como Fiscal General en octubre del 2022, y no se encontró ningún vínculo de representación legal.
“Lo cierto es que mi supuesta participación en sociedades fue indagada y verificada detalladamente por el Poder Judicial durante el proceso de selección para optar el puesto de Fiscal General de la República, donde ampliamente y con total transparencia expliqué que no tengo participación en ninguna sociedad, y mucho menos la representación judicial o extrajudicial de alguna, incluyendo la que este medio señala: Lynley Entretenimiento”, aseguró.
Como prueba de esa aseveración transcribió un extracto del “Estudio Sociolaboral ESLA-1122-UISA-2021″, donde se consignó en el punto 2.3. Participación en junta directiva de personas jurídicas: “Según bases de datos del Registro Nacional, la persona oferente es parte de varias sociedades anónimas, mismas que fueron constituidas por abogado litigante entre los años 1990 y 1997 para uso del bufete donde laboraba el oferente. Según se verificó, en ninguna de estas el oferente registra participación con representación judicial y extrajudicial”.